La Fiscalía peruana denuncia formalmente a Castillo por presuntos delitos de rebelión y conspiración

• También le señalan como presunto coautor de delitos contra poderes del Estado y el orden constitucional
• El Congreso ha aprobado una resolución para levantar su inmunidad

El expresidente de Perú, Pedro Castillo

La Fiscalía General de Perú ha presentado este lunes una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo y tres de sus ministros como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, como ya avanzó en el momento de su detención el pasado miércoles.

La fiscal general, Patricia Benavides, ha señalado a Castillo como presunto coautor de delitos contra poderes del Estado y el orden constitucional. Le imputa además como presunto autor del delito de abuso de la autoridad y de grave perturbación de la tranquilidad pública.

El expresidente, detenido tras su destitución por el Legislativo después de ser acusado de intentar dar un golpe de Estado, tendrá que responder ante las acusaciones después de que el Congreso haya aprobado una resolución para levantar un fuero especial a Castillo, que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político.

El proceso levanta su inmunidad y permite que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por el delito de rebelión.

El exmandatario fue destituido y detenido por la Policía el pasado miércoles tras un intento de evitar su expulsión ordenando el cierre del Congreso y la instauración de un Gobierno de emergencia, lo que fue calificado mayoritariamente como intento de golpe de Estado.

Castillo llama a Boluarte "usurpadora" y dice estar "secuestrado"

El expresidente ha publicado una carta desde la prisión en la que permanece arrestado en la que asegura estar "secuestrado" y tacha de "usurpadora" a la que fuera su vicepresidenta y actual mandataria de Perú, Dina Boluarte, que asumió el cargo tras su destitución.

"Les hablo en el trance más difícil de mi Gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros", señala una carta firmada por Castillo publicada en su cuenta de Twitter.

En su carta asegura ser "incondicionalmente fiel" al mandato que, dice, ostenta como Presidente y declara que no renunciará ni abandonará sus "sagradas funciones".

La defensa de Castillo dice que se están "violentando" sus derechos

El defensor de Castillo, el abogado Miguel Pérez Arroyo, ha afirmado que en el Congreso "se están violentando" los derechos del exmandatario. El letrado ha declarado al Canal N que la Cámara "está subsanando errores y vacíos cometidos desde el inicio" del proceso de destitución del expresidente.

"No estamos procesando a cualquier persona, sino a un expresidente de la República, desde el punto de vista penal se debe tener más cuidado", ha dicho.

Por ello, Pérez Arroyo considera que esas decisiones no van "a tener valor desde la perspectiva legal y constitucional" y ha acusado acusó a la Fiscalía de estar "cometiendo varios errores" al presuntamente no cumplir "con todas la garantías que contempla la ley".

La defensa de Castillo ha presentado varios recursos de amparo contra su detención. Además, el gobierno de México ha informado que ha recibido una solicitud de asilo por parte del expresidente.

Cortes de carreteras para pedir la renuncia de Boluarte

Mientras tanto, las protestas continúan en Perú. Al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas han sido cortadas por manifestantes que exigen la renuncia de la nueva presidenta, Dina Boluarte, que juró su cargo el mismo día de la destitución y posterior detención de Castillo, así como el cierre del Congreso.

El punto donde se han registrado las protestas más numerosas es en la localidad de Chala, en la región sureña de Arequipa. Allí, cerca de 4.000 personas participan en una de las primeras protestas que se desató en Perú tras el estallido de la crisis política.

Boluarte ha cedido ante las protestas, en las que han fallecido al menos dos personas, y enviará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024. Finalmente, la nueva presidenta no agotará la legislatura que inició Castillo, tal y como se había propuesto al asumir el cargo.