Liberan a 13 víctimas de explotación sexual que vivían en un cuarto de calderas de una casa en Valladolid

• Las mujeres procedían de Paraguay donde habían sido captadas entre las jóvenes más vulnerables
• La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a cinco personas relacionadas con este caso de explotación sexual

El comisario José Nieto Barroso conversa con la delegada del Gobierno de Castilla y León, Virgina Barcones, y la subdelegada en Valladolid, Alicia Villar (en el centro).

La Policía Nacional ha liberado a trece mujeres víctimas de explotación sexual, que vivían hacinadas en un cuarto de calderas en un domicilio de Valladolid, y ha detenido a cinco personas, tres mujeres y dos hombres con una media de edad comprendida entre 35 y 37 años.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el jefe de Brigada de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, el comisario José Nieto Barroso, junto a otros mandos policiales, han dado a conocer en rueda de prensa los detalles de esta operación desarrollada contra una organización criminal.

Las víctimas tienen edades que oscilan entre 23 y 27 años; doce de ellas han sido liberadas en Valladolid y una en Madrid, mientras cuatro de los cinco arrestados han ingresado en prisión provisional. Los agentes practicaron las detenciones de los cinco supuestos autores, cuatro de ellos de Paraguay y uno español, por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración clandestina, delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

“Engañadas por gente sin alma y acababan siendo esclavas“

Las mujeres, procedentes de Paraguay, llegaban a Valladolid "engañadas por gente sin alma y acababan siendo esclavas", ha expresado la delegada del Gobierno.

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Captadas por personas de su entorno

La operación policial, que se abrió en septiembre de 2021 y culminó el pasado noviembre, obligó a numerosas vigilancias y contó con el testimonio de una de las afectadas, que vivían en el cuarto de calderas en un domicilio compuesto por una decena de habitaciones, en el que las víctimas tenían que atender a los clientes, obligadas por los proxenetas.

Para desmantelar la organización criminal, con infraestructura en Paraguay, Madrid y Valladolid, los policías evaluaron además la inserción de anuncios en web de prostitución y descubrieron que las víctimas habían sido captadas al menos en algunos casos por personas de su entorno familiar o de su barrio en Paraguay. Las mujeres se encontraban en condiciones de extrema necesidad, en algunos supuestos con hijos a su cargo.

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Al llegar a su destino, fueron obligadas a ejercer la prostitución, durante un tiempo sin percibir nada de dinero con la excusa de que tenían que saldar la deuda de su traslado a España, entre otros gastos, y estuvieron sometidas a la vigilancia constante de cámaras y micrófonos en la casa en la que residían, de manera que se encontraban aisladas y no podían comunicarse ni siquiera entre ellas sin que lo supieran sus captores.

Apenas dormían y tenían que estar disponibles las veinticuatro horas del día para el momento en el que un hombre solicitase sus servicios, además de verse obligadas a posar para fotografías con contenido sexual como forma para atraer a los clientes.

Controladas en todo momento

Estaban controladas en todo momento por la encargada de la explotación en el piso, no les estaba permitido cocinar y comían productos de rápida elaboración para tardar minutos en estar siempre listas en cuanto se lo solicitasen, con independencia de si se encontraban enfermas.

Su situación irregular en España a medida que pasaba el tiempo hacía que aún tuviesen más miedo a contar sus circunstancias por el temor a ser detenidas o expulsadas del país, además de que podían sufrir el Síndrome de Estocolmo.

En estos casos, las Organizaciones No Gubernamentales colaboran con las Fuerzas de Seguridad durante la operación policial y también después, de manera que las afectadas pueden optar por el retorno asistido a su país si así lo desean o por la posibilidad de conseguir una tarjeta de residencia y trabajo en España.

Barcones ha apelado a la sensibilización y colaboración ciudadana para que contacten con la Policía o la Guardia Civil si detectan un posible caso de este tipo y ha asegurado que es preferible estudiar cien o mil casos denunciados sin delito detrás a que una sola víctima se quede sin recibir atención.