La UE congela 6.300 millones a Hungría aunque Orbán levanta el veto de ayuda a Ucrania

• Anteriormente, el Gobierno húngaro había levantado el veto que mantenía sobre los 18.000 millones de ayudas para Ucrania
• Para acceder a los 5.800 millones en ayudas directas del plan, Hungría tendrá que completar varias reformas y medidas

Imagen de archivo de banderas de la Unión Europea frente a la sede de la Comisión de la UE en Bruselas.

Los gobiernos de la Unión Europea han congelado este lunes 6.300 millones de fondos regionales a Hungría, pese a que el Gobierno de Viktor Orbán levantó finalmente el veto que mantenía sobre los 18.000 millones de ayudas del bloque para Ucrania en 2023, según han informado varias fuentes comunitarias.

De la misma forma, los Veintisiete han aprobado el plan de recuperación de Budapest - aunque el desembolso de los 5.800 millones en ayudas está condicionado a la adopción de reformas para garantizar la independencia judicial y reforzar la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses - y han pactado establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades.

Este cuádruple acuerdo político se ha alcanzado en una reunión a nivel de embajadores y tendrá que ser confirmado en los próximos días, informan las mismas fuentes, que especifican que los Estados miembros tienen hasta el miércoles para aprobar formalmente por escrito cada una de las partes.

"¡Megaacuerdo!", ha anunciado en la red social Twitter la presidencia de turno de la UE, que recae este semestre sobre República Checa, dos días antes de la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en 2022, en cuya agenda se habría colado este asunto de no haberse alcanzado un acuerdo político antes entre las capitales comunitarias.

Así, el Gobierno de Orbán ha levantado finalmente su veto a la ayuda de 18.000 millones en créditos blandos para Ucrania a lo largo de 2023 después de que la UE se dotase de una vía para poder desplegar dichos fondos sin necesidad de contar con el respaldo de Hungría.

El plan B de los otros veintiséis países pasaba por garantizar con avales nacionales las emisiones de deuda que financiaran dicha ayuda, una alternativa que finalmente no hará falta utilizar porque el visto bueno de Budapest permite cubrir las emisiones con el presupuesto comunitario (como era la idea inicial).

Por otro lado, los Estados miembros han decidido reducir la cantidad de fondos regionales que congelar a Hungría desde los 7.500 millones que proponía la Comisión Europea (cifra que mantuvo en su análisis más reciente) hasta los 6.300 millones que han decidido suspender este lunes.

El gobierno húngaro tendrá que cumplir todos los objetivos del plan

Los Veintisiete consideran que las reformas adoptadas hasta ahora por Budapest no resuelven todas las deficiencias del Estado de derecho y siguen suponiendo un riesgo para el presupuesto comunitario, pero valoran tanto "el número e importancia de las medidas correctoras que han sido implementadas satisfactoriamente por Hungría" hasta ahora y "el grado de cooperación" de las autoridades húngaras, ha informado en un comunicado el Consejo de la UE.

Todas las medidas sobre corrupción, conflictos de intereses y transparencia en las licitaciones públicas que el Gobierno de Viktor Orbán no ha conseguido adoptar completamente hasta ahora, pasan a formar parte de los hitos y objetivos del plan húngaro de recuperación, que ha sido aprobado también este lunes a nivel de embajadores.

Para acceder al primer tramo, los 5.800 millones en ayudas directas que contempla el plan, Hungría tendrá que completar todas esas reformas citadas y además otra decena de medidas relacionadas, principalmente, con la independencia de su judicatura.

El desbloqueo de su plan de recuperación llevó, por último, a que Budapest levantara su veto sobre el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades que los Veintisiete llevan meses intentando aprobar y que antes de encontrarse con el obstáculo húngaro se topó con las reservas de Polonia.

Esta reforma es parte del acuerdo alcanzado a nivel global por la OCDE para garantizar que las multinacionales pagan unos impuestos mínimos allá donde operan. No obstante, fuentes comunitarias señalan que Polonia mantiene algunas dudas sobre este aspecto que tendrán que ser resueltas antes de que acabe el plazo que los Veintisiete se han dado para confirmar el acuerdo.