El Congreso aprueba la ley del aborto que elimina el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años

• También regula la objeción de conciencia y contempla bajas por menstruación incapacitante
• Ha salido adelanto con 190 votos a favor, 154 en contra y cinco abstenciones

La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene durante el pleno que este jueves se celebra el Congreso.

El Congreso ha aprobado la reforma de la ley del aborto, que elimina la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años con 190 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones y continua su tramitación parlamentaria en el Senado.

El proyecto de ley contiene algunas modificaciones respecto al que salió del Consejo de Ministros, que regula la objeción de conciencia y contempla bajas temporales de preparto en la semana 39 y bajas por menstruación incapacitante.

En la Comisión de Igualdad celebrada el pasado 29 de noviembre, ya PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra del texto, que sí cuenta con el respaldo mayoritario de la Cámara para ser enviado al Senado.

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado la aprobación de la ley y ha asegurado que es "un paso muy importante" para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en España.

Montero ha agradecido a la mayoría feminista de la Cámara su apoyo a la futura norma y ha recordado a figuras como a las once de Basauri, Justa Montero o la exministra de Igualdad Bibiana Aído.

"Las leyes feministas siempre tienen muchas madres", ha enfatizado la ministra, quien ha ensalzado el feminismo como "el principal impulso democratizador" de la sociedad en "este momento difícil para la democracia" y "en un contexto de ofensiva reaccionaria".

Garantiza el aborto en la sanidad pública

La norma, que blinda los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y garantiza el aborto en la sanidad pública, ha incorporado durante la fase de ponencia varias enmiendas de los grupos, como la que impide a los médicos objetores participar en los comités clínicos que deciden sobre los abortos a partir de las 22 semanas.

Estos comités no tendrán la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22, sino que la paciente podrá "recurrir en vía jurisdiccional" su decisión en caso de no estar de acuerdo, según una enmienda incorporada de Unidas Podemos.

Además, con los cambios introducidos, la ley contempla que se adopten las medidas necesarias para garantizar que no se discrimine ni a los sanitarios no objetores, "evitando que se vean relegados en exclusiva" a la práctica de abortos, ni a los que lo son.

Otra de las modificaciones señala que en caso de discrepancia entre una menor de 16 años y quien deba autorizar que esta se someta a un aborto, el conflicto se resolverá por la autoridad judicial con "carácter urgente", precepto que ya estaba establecido en la ley de autonomía del paciente, pero que en la del aborto se precisa que se trata por esa vía de urgencia. Elimina el periodo de tres días de reflexión obligatorios antes de someterse a un aborto, así como la práctica habitual de entregar un sobre con la información sobre los recursos a los que puede acudir la mujer que va a abortar y que incluye prestaciones y ayudas a la maternidad.

Las instituciones públicas no apoyarán a las asociaciones providay la norma también reafirma la prohibición de los anuncios de prostitución.

Incluye, asimismo, nuevas definiciones como la esterilización forzosa, la anticoncepción forzosa y aborto forzoso como formas de violencias contra las mujeres en el ámbito reproductivo. También se contempla la "gratuidad de los productos de gestión menstrual en centros educativos", así como en "centros penitenciarios y centros sociales".

El PP y Vox en contra

Los socios parlamentarios del Ejecutivo también han cargado contra el PP y Vox por oponerse a lo que consideran un avance en los derechos de las mujeres, y si bien han manifestado algunas discrepancias con el texto, han reconocido la necesidad de esta reforma.

Por su parte el PP, a través de su diputada Teresa Angulo ha hecho referencia a la propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se muestra crítico con varios de los ejes principales del proyecto y ha insistido en que el Ejecutivo se parece "cada vez más a la Sección Femenina" del franquismo porque, a su juicio, busca que las mujeres sean menos libres y estén menos informadas.

Desde Vox, Lourdes Méndez ha insistido en su discurso de inconstitucionalidad de la ley al no proteger ni a la madre ni al no nacido.

En este sentido, la diputada socialista Susana Ros se ha dirigido a estos dos grupos a los que ha acusado de querer legislar desde la moral cristiana: "La religión en la iglesia y la educación, en las aulas", ha aseverado la diputada que también ha criticado a Ciudadanos por defender la gestación subrogada.