El Congreso aprueba la reforma de la sedición, malversación y el TC entre acusaciones de "golpe" a la democracia
- El Constitucional aplaza su decisión sobre la reforma ante los recursos de PP, Vox, PSOE y UP
- El PP y Cs no votan en protesta por que el Congreso no espere a la resolución del Constitucional
El Gobierno ha sacado adelante este jueves en el Congreso la polémica reforma legal que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación y cambia la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Lo ha hecho después de que el propio TC haya aplazado al lunes el pleno para decidir sobre la reforma legislativa del Ejecutivo, y tras un debate parlamentario muy tenso entre acusaciones cruzadas de “golpe de Estado” o “ataque" a la democracia.
La reforma ha salido adelante con 184 votos a favor del Gobierno y sus socios parlamentarios, 64 'noes' y una abstención. El PP y Cs han optado por no votar en protesta por que el Congreso no haya esperado a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos de PP y Vox (que abogan por paralizar la reforma) y PSOE y Unidas Podemos (que piden lo contrario y que se aparte a dos magistrados de votar por su posible interés en la causa).
Precisamente, al inicio del debate, PP, Vox y Ciudadanos han pedido a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet (PSOE), aplazar el pleno por este motivo, pero ella ha rechazado esta petición porque “no hay razón ni hay obstáculo para no continuar con el procedimiento legislativo previsto" y "en defensa de la autonomía parlamentaria", de la "potestad legislativa de esta cámara" y del "debate, que no responde más que a una democracia deliberativa y al poder legislativo".
Vox lo ha vuelto a intentar al final del debate pero con el mismo resultado. Ya antes, la decisión de Batet ha motivado su marcha y la de los diputados de Vox del Hemiciclo. No así el PP, que se ha quedado por no ser partidario de "abandonar las instituciones". Los tres partidos han cargado contra la tramitación “exprés” de una proposición de ley “sin garantías” y mediante “fraude de ley”. Una tramitación, han dicho, sin apenas debate parlamentario que toca cuestiones trascendentales y que hace un Código Penal “a medida” de los líderes del ‘procés’ con tal de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien han tildado de "cobarde" por no estar en el pleno (está en Bruselas en el Consejo Europeo), se mantenga “en el poder”. También han comparado la tramitación de esta reforma legislativa con la de las leyes de desconexión de Cataluña en 2017.
Los partidos del Ejecutivo y sus socios han criticado en cambio la “intromisión” del Poder Judicial en el Legislativo, el “ataque" a la las instituciones y "atropello" democrático en un hecho “inédito”, y es que es la primera vez tras la Transición que el Constitucional celebra un Pleno extraordinario, como ha hecho este jueves a petición del PP, para resolver si suspende o no una tramitación parlamentaria de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Algunos lo han comparado con el levantamiento militar de 1936 y el golpe de Estado de Tejero, pero esta vez “con toga” y sin balas. El “hecho más grave de la democracia desde el 23F”, han dicho, y han criticado la existencia de un “lawfare” (una instrumentación de la justicia) por parte del PP.
Con todo, ha salido adelante una amplia reforma legal que suprime el delito de malversación e incluye otro de “desórdenes públicos agravados”, que rebaja las penas por malversación hasta un máximo de cuatro años, rebaja asimismo las mayorías necesarias para que el Poder Judicial nombre a sus magistrados al Constitucional y en la que aclara a los jueces cómo deben interpretar la ley ‘solo sí es sí’. Ha sido una tramitación de un proyecto de ley exprés en la que no sólo se ha utilizado el denominado procedimiento de urgencia (que implica acortar los plazos a la mitad), sino que se ha recurrido hasta tres veces a plenos extraordinarios ante la negativa de PP, Vox y Ciudadanos a retocar el orden del día de los ya previstos para la inclusión de este tema. Ahora, deberá ir al Senado, aunque está por ver qué decisión tomará el TC, que no ha podido pronunciarse este lunes en un pleno en el que ha estado muy dividido.
El PSOE y el PP se enzarzan por el golpe de Estado de Tejero y el 36
“Hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y también la democracia con tricornios. Hoy, ha querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida”, ha advertido el portavoz socialista, Felipe Sicilia, al inicio de su intervención, en la que ha provocado el enfado y los gritos de “vergüenza” en la bancada ‘popular’. Aún así, ha insistido en que en España la democracia “solo ha estado en peligro con la derecha”, como cuando en 1936 “el golpe militar acabó con la democracia” y puso “en peligro a España”, algo que sigue haciendo ahora con su “discurso de odio”. “Tejero no era de izquierdas”, le ha espetado.
El enfado del PP lo ha verbalizado su portavoz, Cuca Gamarra, cuando ha tomado la palabra por alusiones y ha respondido: “El 23F, en este país gobernaba el centro derecha cuando se produjo el golpe de Estado”. “Qué vergüenza, señores socialistas”, les ha espetado, y ha instado al PSOE a “revisar la historia y no intentar cambiarla” ni “reescribirla” en un proceso de “memoria democrática” que es “bastante frágil”.
Sicilia ha acusado al PP de tratar de “ganar en los tribunales” lo que “no consiguen en las urnas” ni en el Congreso, y de “bloquear” los órganos constitucionales porque “lo único que les importa es el poder”. Ha recordado, además, que el Gobierno de Mariano Rajoy modificó en 2015 el código penal y el delito de malversación “con el voto en contra de la mayoría de los grupos de la Cámara, el informe contrario del CGPJ y el Consejo Fiscal”. “¿Es que sus escaños valen más que los nuestros?”, les ha preguntado.
Les ha espetado igualmente que modificaron la ley del Poder Judicial y el sistema de mayorías en 1995 “cuando no había bloqueo”, cuando el Ejecutivo lo hace ahora para desbloquear un Tribunal Constitucional que, ha dicho, los ‘populares’ tienen “secuestrado”. Y ha reprochado al partido de Feijóo sus críticas por las rebajas de la malversación cuando “tiene un diputado imputado” por ello, Alberto Casero. Frente a los “recursos” del PP a los tribunales, el PSOE ha dicho que seguirá presentando leyes para “mejorar la vida de la gente”. Y ha zanjado: “Frente a quienes nos quieren parar, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir caminando y, como decía Alberti, a galopar”.
Gamarra ha reprochado al PSOE que se haya “mimetizado” con quienes “dieron de verdad un golpe de Estado” en Cataluña y ahora les conviertan en “demócratas”: “Ustedes están haciendo que la democracia viva un momento del mundo al revés”. Ha recordado a los socialistas que el poder legislativo son los 350 diputados que componen la cámara y ha dicho que solo será el “Estado de derecho” el que determinará cuáles son sus derechos y límites.
Ante la “valentía” de las medidas por la “convivencia” en Cataluña que reivindicó Sánchez, Gamarra le ha echado en cara al presidente su “cobardía”, porque ha considerado que se puede reformar todas estas leyes “con garantías” y no con debates en los que los grupos intervienen siete minutos. “Esta sesión es un nuevo paso en la demolición del Estado de Derecho”, ha proseguido, porque “se rompe la igualdad de los españoles ante la ley” para que, por encima de ella, estén algunos políticos. “El delito de sedición no es un traje a medida sino el ejemplo de un Código Penal hecho para personas con nombre y apellidos”, ha proseguido, entre las que ha mencionado uno a uno los condenados del ‘procés’.
Vox: "Un golpe de Estado desde las propias instituciones"
Y aunque los diputados de Vox se han ido, Javier Ortega-Smith ha subido a la tribuna para denunciar un “golpe de Estado desde las propias instituciones” por parte del Gobierno “aprovechándose de los resortes legales” de las mismas. Así, ha denunciado un “pleno fraudulento” y el “inaceptable y repugnante clima de violencia y amenaza” de la “extrema izquierda” contra el Poder Judicial. A su juicio, Sánchez, que ya ha “acreditado su traición a España”, "acredita hoy su cobardía” con su ausencia y se constata “la desaparición de los poderes del Estado”.
Según ha dicho, la derogación del delito de sedición es una "amnistía encubierta" y “favorece que los golpistas vuelvan a incurrir” en lo ocurrido en Cataluña en 2017 y también a los “corruptos” rebajando las penas. “Hoy es un día triste para España y muy triste para la democracia y esta Cámara, pero también de esperanza”, ha proseguido, y ha dicho que, cuanto más pretenda el Gobierno “retorcer el Estado” y “pisotear” la Constitución y a los españoles, mayor será la respuesta de los ciudadanos “echándoles a la calle” y “sentando” a muchos de los gobernantes “en el banquillo”.
Para la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el Gobierno “quiere hacer las cosas” como en septiembre de 2017 en Cataluña en el Parlament “maniobrando para que al TC no le dé tiempo” a analizar sus medidas. A su juicio, se van a aprobar leyes “claramente inconstitucionales como un Código Penal a medida de cuatro delincuentes, en 48 horas y vulnerando todos los trámites” con el fin de “escapar al control democrático de nuestro país”. Y ha instado al PP a que impulse una moción de censura.
UP acusa al PP de tratar de "sustituir la voluntad del pueblo"
Para el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, el PP ha intentado “utilizar el poder del Tribunal Constitucional con el mandato caducado para sustituir la voluntad del pueblo” representada en el Congreso, “atacando la separación de poderes” e intentando “recuperar una mayoría que perdió hace tres años”. Una mayoría “artificial”, ha denunciado, que “todavía está” en el CGPJ y el TC. Y ha acusado al presidente del Constitucional, José González-Trevijano, de pretender “decidir sobre su futuro laboral” y para impedir la renovación del Constitucional. Y es que, mientras que el recurso del PP al TC pretendía frenar la reforma, el de Unidas Podemos buscaba que Trevijano y otro magistrado, Antonio Narváez, fuesen apartados en la votación del recurso del PP porque tienen su mandato caducado y porque el PP fue quien propuso a Narváez.
“La democracia va a resistir, pero el estigma del PP les va a perseguir toda su vida política”, ha asegurado, y ha advertido de que, aunque no hayan dejado los ‘populares’ “agujeros” en el techo del Congreso (como los disparos de Tejero), están “intentando perforar la democracia con un golpe silencioso”. Y ha ido en línea con el PSOE respecto a otras reformas tramitadas con urgencia del PP y porque, si la reforma beneficiara a los corruptos, Rajoy estaría “haciendo la comba”.
ERC y EH-Bildu hablan de golpe de Estado con "togas" y no con "armas"
Tanto ERC como EH-Bildu han coincidido en señalar que lo ocurrido con el recurso del PP y el Tribunal Constitucional es lo “más grave” en la democracia desde el 23F y han advertido de que hoy en día los "golpes de estado" se dan con "toga" y no con "armas". El portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha advertido a Batet de que “la última vez que Arrimadas habló así a una presidenta de un Parlamento” (cuando era líder de Cs en Cataluña) fue a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell “y terminó en la cárcel”. Ha avisado al PSOE de que “algún día esta gente” (por los partidos de la derecha) irá a por los socialistas. “Ya lo está haciendo”. Y ha avisado a la derecha: “Si creen que encarcelando a la gente que no les gusta lo que dice o piensa, están muy equivocados”.
Por otra parte, ha defendido la supresión de la sedición porque “no se puede comparar” un referéndum con la trama Gürtel o la Lezo ya que el referéndum supuso “vehicular” por parte de los partidos independentistas un deseo de la “inmensa mayoría” de catalanes y de su propio programa electoral: “No es un delito”. Respecto a la reforma de la malversación y se ha preguntado “por qué está cabreado el PP” cuando se queja de que se abarata la corrupción: “Simplemente se recupera algo del espíritu del delito reconocido antes de la reforma de Rajoy del año 2015. Mariano Rajoy, el adalid de la lucha contra la corrupción”.
Para el diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu, ha advertido de que “la mayoría de golpes” en la actualidad se dan en base a lo que se llama un “lawfare” y por “tribunales controlados políticamente”.
Y desde el PNV, Mikel Legarda también ha aludido a un “lawfare” por la “labor obstruccionista” del PP, que critica que el Gobierno quiere “controlar espuriamente” el Poder Judicial y el TC cuando es “quien más ha manipulado” estos órganos.
Aunque ha visto la norma insuficiente Junts ha dado su voto a favor, al contrario que el PDeCAT, que ha rechazado la reforma porque el 1-O "no fue delito" y se seguirá persiguiendo penalmente a líderes independentistas catalanes. La reforma ha contado también con el 'no' de la CUP porque "criminaliza la protesta pacífica", algo con lo que ha coincidido el BNG. Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria han rechazado derogar la sedición, mientras que Foro Asturias y los exdiputados de UPN han optado por no votar, igual que PP y Cs.
Al término del debate, que ha vuelto a estar protagonizado por la crispación, Batet ha reprochado a los diputados que son "intolerables" sus "reiteradas faltas de respeto" a la Cámara, a la Mesa y a la Presidencia del Congreso.