El PSOE pide al TC que no frene la tramitación de la reforma del Poder Judicial y advierte de la "injerencia" en el legislativo
- El Constitucional aborda de urgencia el recurso del PP para frenar la reforma que afecta al tribunal y se vota esta tarde
- También Unidas Podemos pide al TC que recuse a dos magistrados de la votación por tener "interés directo" en la causa
El Grupo Socialista en el Congreso ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional en el que solicita que no adopte las medidas cautelares que pide el PP contra la tramitación parlamentaria de la reforma del Consejo General del Poder Judicial que afecta, precisamente, al propio tribunal. Lo hace después de que el TC haya convocado un pleno extraordinario este jueves horas antes del debate y votación previstos en el Congreso de dicha reforma, para analizar el recurso de los 'populares'. También Unidas Podemos ha solicitado al Constitucional que se recusen y abstengan de votar dos vocales del CGPJ, Pedro José González-Trevijano Sánchez y Antonio Narváez Rodríguez, por "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa".
En un escrito, al que ha tenido acceso RTVE.es, el PSOE pide al Alto Tribunal que “no se adopte medida cautelar alguna que afecte al procedimiento legislativo en relación con el recurso de amparo” interpuesto por el PP este miércoles. También pide personarse en dicho recurso y que se informe al grupo socialista de las alegaciones que correspondan.
El pleno del TC está convocado horas antes de otro en el Congreso para debatir y votar la reforma con la que el Gobierno pretende rebajar las mayorías (de tres quintos a mayoría simple) para que el CGPJ elija a los dos magistrados que le corresponden nombrar al Constitucional y que prevé repercusiones penales si los vocales se retrasan en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
El PSOE advierte de que se provocaría una "perturbación" en el legislativo
El PSOE alega que "la adopción de una medida cautelarísima respecto a un procedimiento legislativo en curso en el Congreso de los Diputados, se puede afirmar, sin género de duda, que no pueden existir esos perjuicios de difícil reparación, dado que el procedimiento legislativo no ha concluido y la tramitación proseguirá de acuerdo con las previsiones de la Constitución y de los Reglamentos Parlamentarios".
Además, advierte de que "la adopción de la medida cautelar provoca una perturbación en un interés constitucionalmente protegido" como el de la actividad del legislativo porque "afectaría a uno de los fundamentos de nuestra democracia".
"El ejercicio de la potestad legislativa por las Cortes Generales es una de las bases del Estado de Derecho y acordar la suspensión de un procedimiento legislativo que se está desarrollando en este momento en las Cámaras supondría afectar directamente al mismo", sostiene.
En este sentido añade que "la admisión de una medida cautelar que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular, por lo que indirectamente se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes".
"Una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde", alerta el PSOE.
El Gobierno acusa al PP de intentar "amordazar" al Congreso
Fuentes de Presidencia del Congreso señalan que aún no saben cuál será el procedimiento a adoptar una vez el Constitucional tome una decisión, y apuntan a que es "probable" que se tenga que paralizar la votación y pedir un informe a los letrados del Congreso. Plantean también la posibilidad de que el dictamen de la reforma tenga que volver a comisión parlamentaria para sacar del mismo las enmiendas incorporadas y aprobar uno nuevo ya sin ellas antes de volver al pleno del Congreso.
Y fuentes de Moncloa aseguran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (que se encuentra ahora mismo en Bruselas) está al tanto de todo lo que está ocurriendo y en contacto con Madrid. Añaden que es "muy grave" lo que está pasando y hablan de una "intromisión sin precentes en un poder del Estado".
En esta línea se ha expresado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ve “absolutamente grave” que el PP “trate de amordazar” al Congreso y considera su movimiento como “un atropello institucional sin precedentes” que espera que no fructifique. Culpa de lo ocurrido a que el PP no reconoce un gobierno “legítimo” y que su forma de concebir la democracia es “o yo gano o nada vale”. Pero también ha advertido al Tribunal Constitucional de que “el Congreso es la voz de los españoles, es el poder legislativo y ningún otro poder puede cuestionar esta tarea que es la base de la democracia”.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), también ha criticado que "estamos ante una irresponsabilidad gravísima del PP, que lleva cuatro años violentando la Constitución española".
Y ante los medios, el vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha considerado "inaudito" que el TC pueda parar la tramitación parlamentaria de una reforma que busca acabar con el bloqueo actual en la elección de los magistrados del Constitucional (con las vacantes desde el verano y que tenían que haberse nombrado por ley el 13 de septiembre, aunque no se hizo por la dilación de los vocales coservadores). En este sentido, ha recordado que el Constitucional tomar decisiones "posteriores" a la actividad del Poder Legislativo.
También el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha denunciado igualmente una “maniobra que no tiene precedentes” por la que “se trata de impedir” que el Congreso, donde reside la soberanía popular, ha recalcado, “cumpla con su papel”. Se trata, ha dicho, de “un salto cualitativo que determina el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando”.
Unidas Podemos: "La amenaza más grave a la democracia desde el 23F"
Y el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha explicado que su partido ha solicitado personarse en la causa y que su petición de recusación de los dos magistrados radica en que González-Trevijano, presidente del tribunal, "tiene el mandato caducado y es anómalo que participe" porque si entra en vigor la ley "será cesado". Respecto a Arnaldo, "está afectado por causa de parcialidad" porque "fue propuesto por el PP y tiene un vínculo muy estrecho con el partido".
Con todo, ha denunciado que lo que está ocurriendo es la "amenaza más grave a la democracia desde el 23F", y ha acusado al PP de "atrincherarse" en el órgano judicial y "secuestrar" al Constitucional, que ahora "quiere decidir cómo se regula el TC". "El Constitucional no puede sustituir al legislador", ha zanjado. Asens ha defendido además que el pleno del Tribunal Constitucional tiene que escuchar las "razones" de su grupo parlamentario antes que tomar cualquier decisión porque son "parte legítima" e "interesada", al igual que el PSOE. "El Tribunal Constitucional no puede sustituir al legislador, al pueblo español que está representado en esta Cámara", ha declarado Asens.