El TC aplaza al lunes el pleno para estudiar el recurso del PP a la reforma del Poder Judicial y deja vía libre al Congreso
- Lo hace a petición de los magistrados progresistas ante la "complejidad" del asunto y la "relevancia de la decisión"
- La reforma del Gobierno sale en el Congreso sin las medidas cautelarísimas que pedía el PP
El Tribunal Constitucional ha aplazado al próximo lunes la decisión sobre la reforma del Ejecutivo del Poder Judicial que afecta al propio TC ante la petición de los vocales progresistas dada la complejidad del asunto. De esta forma, la reforma con la que el Ejecutivo pretende desbloquear la renovación del Alto Tribunal rebajando las mayorías necesarias ha salido adelante en el Congreso, pese a los intentos de PP, Vox y Ciudadanos de frenar la tramitación, sin que el Constitucional se haya pronunciado sobre las medidas cautelarísimas que pedía el PP contra la tramitación legislativa.
En un escrito al que ha tenido acceso RTVE, los cinco magistrados progresistas han solicitado al presidente, José González-Trevijano, que aplace el pleno hasta el próximo lunes a las 10.00 ante la "complejidad" de la cuestión que plantea el recurso de los 'populares', la "relevancia de la decisión" y otros tres recursos que han sido presentados este mismo jueves por Vox (en línea con el del PP alegando "fraude de ley"), PSOE (que ha pedido rechazar las cautelares del PP) y Unidas Podemos (que solicita la recusación de dos magistrados en la votación por falta, dice, de imparcialidad).
Los 11 magistrados del Constitucional (seis conservadores y cinco progresistas) han tratado de analizar, divididos en sus posturas y en los informes de los letrados, estas cuestiones a lo largo de la mañana en un pleno que Trevijano había convocado de urgencia a las 10.00 para analizar el recurso del PP. Sin embargo, el pleno no ha comenzado hasta pasadas tres horas en las que se han dado varias reuniones entre bloques y de forma conjunta.
Una de las cuestiones que más complejidad ha suscitado, según fuentes del Constitucional, es el recurso de Unidas Podemos para que se abstuvieran de votar dos magistrados. Uno es el propio presidente Trevijano y el otro es Antonio Narváez Rodríguez. Ambos tienen el mandato caducado y les afecta la reforma del Gobierno, ya que de prosperar, dejarían el CGPJ y serían sustituidos. Además, UP indica que Narváez tiene una vinculación con el PP ya que fue propuesto directamente por esta formación.
Fuentes del Constitucional a RTVE aseguran que el lunes, de acordarse, no perderían objeto las medidas cautelarisimas que piden PP y Vox porque todavía queda la votación en el Senado antes de que la reforma entre en vigor. También dicen que en caso de aplicarse, se suspenderían sólo las enmiendas recurridas (relativas al CGPJ y el Constitucional) aunque la votación sea en bloque también sobre sedición y malversación.
Es la primera vez que el Constitucional celebra un Pleno extraordinario de este tipo para resolver si suspende o no una tramitación parlamentaria de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. De admitir las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP, se trataría de un hecho sin precedentes en los 40 años de historia del tribunal.
El recurso del PP contra los cambios en el Constitucional
El Partido Popular ha emitido una nota en la que dice "respetar" la decisión del Constitucional de aplazar su decisión, aunque admite que les habría gustado "tener una respuesta rápida a unas decisiones adoptadas por parte del Gobierno que vulneran los derechos de los diputados de las Cortes Generales y que comprometen las garantías del sistema parlamentario español". Y añaden que seguirán "combinando la acción política con la vía judicial" frente a los "desmanes legislativos" del PSOE que, "ni con sus formas ni con su fondo convencen ni siquiera a los que militan en su partido".
El PP, que considera la reforma del Ejecutivo una "maniobra" para controlar "por la puerta de atrás" el Alto Tribunal, ha recurrido el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia adoptado el pasado lunes, por el que se da el visto bueno a la reforma del Código Penal (una proposición de ley tramitada por vía urgente que afecta a los delitos de sedición y malversación) y, en concreto, contra la admisión de dos enmiendas de PSOE y Unidas Podemos sobre la renovación del TC. Ambos partidos proponen pasar de una mayoría de tres quintos (al menos once vocales) a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al Constitucional y que se contemplen responsabilidades penales si el órgano de gobierno de los jueces sigue incumpliendo su obligación de designar a los dos candidatos al Constitucional que les corresponden. Actualmente, el TC tiene cuatro mandatos caducados cuya renovación corresponde a partes iguales al Gobierno y al CGPJ, pero el Poder Judicial lo ha retrasado desde el 13 de septiembre, cuando acabó el plazo legal para la renovación, hasta ahora.
En su recurso, el PP también señala el acuerdo adoptado el pasado martes por el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia, por el que decidió no convocar a la Mesa de dicha comisión para resolver la reconsideración que instaron los populares frente al acuerdo de admisión a trámite de ambas enmiendas. Además de solicitar que se anulen los dos acuerdos, el PP pide como medida cautelarísima que se suspenda la admisión a trámite de las dos enmiendas, independientemente del momento en el que se encuentre la iniciativa legislativa.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que "estamos asistiendo a un golpe institucional al estado derecho y a la Constitución" y ha denunciado que el Gobierno y sus socios han sometido a los jueces a "una presión intolerable y a una amenaza constante": "Tenemos muy claro que los jueces tienen el deber, el derecho y la responsabilidad de vigilar el poder político y recordar la obligación de cumplir las leyes y respetar los preceptos constitucionales. Por último, ha asegurado que Vox seguirá trabajando para "censurar" al Gobierno y el Congreso "ilegítimos" porque aplican "decisiones y políticas con las que no concurrieron a las elecciones y que son inconstitucionales".
Fuentes de Presidencia del Congreso creían "probable" por la mañana que se tuviese que paralizar la votación en el Congreso y pedir un informe a los letrados de la Cámara si el TC admitía las cautelares del PP, algo que finalmente no se ha producido y finalmente se ha producido el debate parlamentario pese a que PP, Vox y Cs han pedido suspenderlo.
PSOE y UP alertan de una "injerencia" y "amenaza" a la democracia
Fuentes de Moncloa aseguran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (que se encuentra ahora mismo en Bruselas) está al tanto de todo lo que está ocurriendo y en contacto con Madrid. Añaden que es "muy grave" lo que está pasando y hablan de una "intromisión sin precedentes en un poder del Estado".
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ve “absolutamente grave” que el PP “trate de amordazar” al Congreso y considera su movimiento como “un atropello institucional sin precedentes” que espera que no fructifique. Culpa de lo ocurrido a que el PP no reconoce un gobierno “legítimo” y que su forma de concebir la democracia es “o yo gano o nada vale”. Pero también ha advertido al Tribunal Constitucional de que “el Congreso es la voz de los españoles, es el poder legislativo y ningún otro poder puede cuestionar esta tarea que es la base de la democracia”. El vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, también ha considerado "inaudito" que el TC pueda parar la tramitación parlamentaria.
También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), ha criticado que "estamos ante una irresponsabilidad gravísima del PP, que lleva cuatro años violentando la Constitución española".
En el Congreso, desde PSOE, Unidas Podemos y otros partidos minoritarios han alertado de la "gravedad" de que el Poder Judicial "impida" al Poder Legislativo hacer su trabajo.
Renovación del Constitucional
PSOE y Unidas Podemos introdujeron sus enmiendas relativas al TC después de que las negociaciones en el seno del CGPJ para nombrar a sus dos candidatos al TC encallaran el pasado 2 de diciembre ante la negativa de los vocales conservadores de proponer candidatos, alegando que no encontraban nombres en el Tribunal Supremo.
Tras la reforma impulsada por el Gobierno, los vocales conservadores del CGPJ han cambiado de postura y han elegido ya a sus candidatos para renovar el Constitucional con el sistema de mayorías actual: César Tolosa Tribiño y Pablo María Lucas Murillo. Con estos nombres, han pedido un pleno extraordinario al presidente del CGPJ, Rafael Mozo, que se celebrará el próximo 20 de diciembre para debatir sus candidatos y el propuesto por los progresistas (José Manuel Bandrés).