El Tribunal de Cuentas citará a Puigdemont como testigo por los gastos del 'procés'

• Aunque no ha especificado si la declaración del 'expresident' se realizará de forma presencial o por videoconferencia
• El Tribunal acepta rebajar en en 336.143,34 euros la demanda contra 34 excargos del Govern a petición de la Fiscalía

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyé, a su llegada a la Audiencia previa sobre el 'procés' en el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas ha acordado que citará a declarar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont en el juicio por el procedimiento que se sigue contra una treintena de excargos del Govern -incluido él mismo- por el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista de Cataluña de 2017. Sin embargo, no se ha especificado si la declaración de Puigdemont se realizará de forma presencial o por videoconferencia.

Así lo ha acordado la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, en la audiencia previa en la que ha rechazado suspender el procedimiento contra Puigdemont tras desestimar el argumento de que goza de inmunidad como eurodiputado.

La consejera ha acordado la declaración del 'expresident' aunque no a petición de su abogado defensor, Gonzalo Boye, que ha propuesto su declaración como prueba de cara al juicio, sino a petición de otra de las partes.

Por su parte, ha rechazado la solicitud de que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro comparezca en el juicio. El abogado de Puigdemont ha pedido su citación toda vez que "certificó la corrección de las cuentas públicas". La consejera ha dicho que "no es pertinente ni necesaria".

El expresidente de la Generalitat, ahora eurodiputado, lleva años fugado en Bélgica y aún no ha sido juzgado por el Tribunal Supremo en la vía penal. Es más, junto a sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí,  está a la espera de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resuelva su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, después de que el Supremo solicitara el suplicatorio para poder extraditarlos y juzgarlos.

Rebaja la demanda en 336.143,34 euros

La consejera ha aceptado también otras testificales como la de un antiguo integrante del Comité Ejecutivo del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) o la entonces interventora de la Administración del Estado.

También ha aceptado la solicitud de algunas defensas de reclamar a la Intervención de la Generalitat si una serie de facturas, algunas expedidas por la extinta empresa postal Unipost, están abonadas con el objetivo de acreditar, según los abogados, "la inexistencia de daño".

Durante la audiencia preliminar, la consejera ha rechazado, en sintonía con el criterio de la Fiscalía y del demandante Sociedad Civil Catalana (SCC), la gran mayoría de argumentos de las defensas para suspender el procedimiento contable, que sigue adelante a la espera de saber la fecha del juicio. Otros, como la alegada prescripción, ha anunciado que los resolverá en sentencia.

El abogado de Puigdemont ha invocado sin éxito la inmunidad del expresident y de los exconsejeros catalanes Antoni Comín y Clara Ponsatí como europarlamentarios para intentar suspender el procedimiento, argumento rechazado por el fiscal, SCC y finalmente la consejera.

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En el marco de esta audiencia, la Fiscalía ha rebajado en 336.143,34 euros la demanda contra una treintena de excargos de la Generalitat de Cataluña -incluidos Puigdemont y el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras- en la que reclamaba 3,4 millones de euros en de forma conjunta y solidaria concepto de responsabilidad contable por el presunto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior del 'procés'.

La rebaja responde a que el Ministerio Público ha desistido de reclamar el importe correspondiente a una presunta irregularidad en la campaña 'Civisme'.  Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerce también la acusación en este procedimiento, se ha adherido al movimiento de la Fiscalía y también ha rebajado su demanda en dicho importe, por lo que quedaría en 5 millones de euros. También se ha apartado del procedimiento a quien fuera responsable de difusión de la Generalitat Jaume Mestre,  toda vez que se ha declarado el sobreseimiento parcial para él, pues solo se le atribuía la irregularidad relativa a dicha campaña.