La "irresponsabilidad" de los políticos al hablar de golpismo: "Normalizarlo nos desarma ante un golpe de Estado real"

• Gobierno y oposición se acusan de atacar la democracia tras lo ocurrido con la reforma del Código Penal y el TC
• Los expertos señalan que "juegan con fuego" y "abonan un terreno peligroso" para la democracia y la convivencia

Jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados

Lo ocurrido en el ámbito político y judicial la última semana es de tal “gravedad”, que los expertos advierten del riesgo para la propia democracia y para la convivencia en este país. Alertan a los dirigentes políticos que se empeñan en hablar de ‘golpe de Estado’ en España y atacarse con las instituciones del Estado, como es el Tribunal Constitucional, de que están “jugando con fuego” y “abonando un terreno peligroso”. Y van más allá: “Normalizar hablar de golpe de Estado nos desarma frente a un contexto de golpe real”.

Llevamos meses, años incluso, escuchando las palabras “tiranía”, “gobierno ilegítimo”, “fachas con toga”, y cuestionamiento de las instituciones del Estado..., por parte de una clase política instaurada cada vez más en las faltas de respeto, la hipérbole y la crispación. Pero el pasado jueves, el Congreso revivió los fantasmas del ‘golpe de Estado’ del 23F de Antonio Tejero y del levantamiento militar de 1936 que inició la guerra civil y se dividió en dos bandos que, en lugar de escucharse, se dedicaron a atacarse mutuamente con acusaciones de golpismo.

“La sociedad se polariza y afecta a los lazos de amistad y de familia“

Más allá de los hechos que motivaron estas acusaciones y que analizaremos más adelante, se trata de unas afirmaciones “irresponsables” que siguen profiriéndose a día de hoy y que, apunta la profesora de Ciencias Políticas de la UCM Paloma Román, se “permeabilizan” en una ciudadanía que, al igual que ocurrió en un pasado predemocrático no tan lejano, se ve “polarizada”. Esa polarización acaba afectando a los “lazos de amistad y de la familia”, prosigue Román, y pone de ejemplo lo que ocurrió en Cataluña a raíz del ‘procés’: “Ha habido amigos o familiares que han dejado de hablarse o, para convivir, han tenido que dejar fuera de la mesa ciertos temas que no se tocan”.

“La deslegitimación institucional puede abocar a su desaparición“

Pero esto va más allá y advierte de que hablar en estos términos es “abonar un terreno gravísimo, porque la deslegitimación institucional puede abocar a su desaparición (...). decir que estamos al borde del precipicio, cuando no lo estamos, puede crear ese riesgo terrible porque es la crónica de una quiebra de la democracia anunciada”.

Tejero en el Congreso el 23 de febrero de 1981 EFE/ Manuel P. Barriopedro

El politólogo Pablo Simón advierte contra el cuento de ‘Pedro y el lobo’: “Normalizar hablar de golpe de Estado nos desarma frente a un contexto de golpe real”. Y es que al usar de forma reiterada esta “hipérbole”, lo que se genera es “un efecto vacuna” en cuanto a que “la gente no le da valor a la palabra”. “Si estuviéramos ante un golpe de Estado, la gente tendría que salir a la calle, enfrentarse al Gobierno y frenarlo de inmediato, de forma consecuente”, advierte. Por eso se pregunta qué “efecto de arrastre” tendrán estas acusaciones en la sociedad: “O los ciudadanos no se creen lo que dicen los políticos o se arrastra a la gente a llevar a cabo acciones en ese sentido, y eso es lo que me preocupa”.

¿Qué es lo que ha pasado? ¿Está en riesgo la democracia?

Pero lo primero es poner las cosas en contexto, porque la realidad, coinciden los expertos, "no es tan exagerada” como se plantea por ambas partes. Técnicamente, la Real Academia de la Lengua Española indica que un golpe de Estado se da cuando hay una “usurpación violenta del gobierno de un país”. Esto no ha pasado. ¿Entonces? PP, Vox y Cs acusan al Ejecutivo de "abuso" por las formas de su amplia reforma legal, y el Gobierno y sus socios les reprochan respecto a la posible “injerencia” que denuncian del Constitucional en la labor parlamentaria.

Lo que ha ocurrido es que el Gobierno ha aprovechado su reforma del Código Penal con dos enmiendas polémicas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (que daría un vuelco al lado progresista) ante el inmovilismo de los vocales conservadores de un Poder Judicial (CGPJ) caducado que todavía responde a la mayoría parlamentaria de cuando gobernaba Mariano Rajoy. El Poder Judicial debe nombrar a dos candidatos y el Gobierno a otros dos para cubrir las cuatro vacantes que hay en el Tribunal Constitucional (entre ellas, su presidente, Pedro José González-Trevijano). Pero el plazo para hacerlo caducó en septiembre y el Ejecutivo no puede nombrar a sus dos candidatos por su cuenta.

Las dos enmiendas de PSOE y Unidas Podemos, que denuncian el “secuestro” del Poder Judicial por parte del PP y su “incumplimiento de la Constitución”, van dirigidas a rebajar las mayorías en el CGPJ para renovar ya el Constitucional y aplicar responsabilidades penales en caso de que el Poder Judicial se retrase en sus obligaciones constitucionales.

El problema que denuncian PP, Vox y Cs es que estas dos enmiendas nada tienen que ver con la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja el de malversación sin ánimo de lucro (por los que fueron condenados los líderes del ‘procès’). Una reforma “a medida de los golpistas”, dicen, en la que también se aprovecha para aclarar a los jueces cómo deben interpretar la ley del ‘solo sí es sí’ para evitar la rebaja de condenas que se está produciendo en algunos casos desde que entró en vigor.

Los partidos de la derecha denuncian, además, que con la tramitación de urgencia de la reforma se usurpan derechos de la oposición para debatir en profundidad y mejorar la ley. Por todo, el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional esta semana contra la tramitación parlamentaria de la reforma. Esto no es novedoso, lo inédito en la democracia fue que el Constitucional convocase un pleno extraordinario el jueves, horas antes de que se debatiese y votase en el Congreso la reforma legal, para decidir si frenaba o no su tramitación. Un hecho que llevó a la izquierda a acusar al PP de utilizar a los jueces en una suerte de "golpe de Estado con toga” en lugar de "pistolas". El propio Pedro Sánchez ha denunciado un “burdo complot” en el que la “derecha política y judicial han tratado de atropellar la democracia”. El PP, en cambio, le ha comparado directamente con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, por “atacar” los órganos judiciales “cuando no siguen sus dictados”.

La situación se complicó aún más el jueves ante el recurso a última hora de Unidas Podemos (además de otro del PSOE y Vox) para recusar a dos magistrados y que se abstuvieran de votar: el presidente del TC y Antonio Narváez, a quienes afecta directamente la reforma ya que su mandato está caducado y serían sustituidos por los candidatos del Gobierno. Con todo, el Constitucional abordó muy dividido la situación: con seis magistrados a favor de la tesis del PP (los conservadores) y cinco jueces progresistas que consiguieron posponer la decisión al próximo lunes (antes de que la norma se vote en el Senado el día 22 de diciembre).

Finalmente, la reforma del Código Penal salió adelante en el Congreso pese a que PP, Vox y Cs pidieron paralizar la votación a la espera del Constitucional entre duras acusaciones de golpismo y “atropello a la democracia”. La derecha comparaba la forma de la tramitación de la reforma de la sedición y malversación con la de las leyes de desconexión del Parlament para la independencia, que se aprobaron en septiembre de 2017 tratando de eludir al TC.

La fórmula del Gobierno “conculca el derecho de la minoría parlamentaria” al debate y margen de actuación políticos, opina Simón, que no obstante denuncia que es "inédito” que el TC se haya reunido antes para resolver un recurso de amparo solicitado horas antes “cuando no ha actuado con esa diligencia con el 99,9% de recursos presentados a democracia y sobre un asunto que le compete directamente a él”.

Un hecho “sin precedentes” agravado por el bloqueo del Poder Judicial

Para el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz, la admisión a trámite del recurso del PP es prácticamente “automática” porque así procede, pero lo que es “complicado” es la decisión del Constitucional sobre paralizar la tramitación de dos enmiendas porque “no tenemos precedentes” en democracia de una situación así. En una entrevista en TVE, Ruiz cree que “lo lógico” es que primero resuelva sobre si se aparta a los dos jueces señalados por Unidas Podemos de la votación y luego estudie el recurso de amparo del PP.

Asimismo, critica las acusaciones de golpe de Estado con “toga” porque, dice, lo más grave que podría ocurrir es un retraso en la tramitación de las enmiendas de “dos meses”, puesto que el Gobierno puede tratar de modificar la ley del Poder Judicial para renovar el Constitucional por otras vías menos polémicas. “Sabemos que las enmiendas del PSOE son inconstitucionales gracias al propio PSOE”, apunta, y recuerda que los socialistas recurrieron (y el TC les dio la razón) la enmienda para penalizar los referéndums que el Gobierno de José María Aznar incluyó en 2003 en la tramitación de una ley orgánica de arbitraje que nada tenía que ver.

Catedrático de Derecho: "El Constitucional decide si admite el recurso del PP, es lógico que lo haga"

El politólogo Jaime Ferri responsabiliza de lo ocurrido en los últimos días al bloqueo político para renovar el CGPJ y el Constitucional, puesto que cree que los magistrados con mandato caducado en este tribunal deberían haber sido “desterrados” hace tiempo y no estar ya para decidir sobre el recurso de inconstitucionalidad de una norma que les afecta directamente. Apunta que la democracia tiene que ver “con el respeto y con las formas” y culpa al PP de “bloquear” el Poder Judicial para “tratar de mantener una mayoría que ya no tiene”, aunque apunta a que tambien está “mal” que el PSOE haya tratado de buscar “un atajo” legal a su reforma.

Para Román, los políticos han puesto en un brete al propio Constitucional y han hecho que la ciudadanía se pregunte “dónde está la separación de poderes”. Recalca que, independientemente de la decisión que decida, hay “cuestiones estéticas” importantes para la democracia, y no da "buena imagen" institucional que tome una decisión de tanto calado un TC semi-caducado y con seis magistrados de un lado y cinco del otro. Coincide Simón, que va más allá y apunta a una “maniobra de claro filibusterismo” por parte de los conservadores del CGPJ para frenar la reforma “de forma obscena”, a que la “lealtad institucional” debería darse también “dentro del Poder Judicial”: “No puede obrar como legislador ni suplantar el papel de la mayoría parlamentaria”.

Para Ferri, con todo lo ocurrido “se degradan las instituciones y se degrada lo que les da fundamento, que es la democracia”. Alerta de que con este discurso, se puede transmitir un mensaje “subliminal” relativo a que “con democracia no se puede estar”, que puede ser aprovechado por ciertas formaciones. O que, quienes cuestionan la legitimidad del Gobierno, transmitan la “idea intolerable” de que “tienen que gobernar los de siempre”. Y al final, se trata solo de “discursos impostados y exagerados para defender unos intereses particulares que no tienen que ver con lo que le importa a la ciudadanía”.

El politólogo cree que el nivel tal elevado de crispación “acabará pasando” y Román coincide en que tiene mucho que ver con que entramos pronto en un año electoral. “No se va a romper España”, concluye Ferri.