Unidas Podemos pide a la TJUE que se pronuncie sobre la "imparcialidad" de los jueces del TC Trevijano y Narváez

• Han presentado una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
• Solicitan saber si González-Trevijano Sánchez y Narváez Rodríguez deben abstenerse "por falta de imparcialidad"

El diputado de Unidas Podemos Jaume Asens, da una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Unidas Podemos pide que la Justicia europea se pronuncie sobre el pleno del Tribunal Constitucional (TC) que se celebra este lunes para decidir si frena la reforma legal impulsada por la coalición de Gobierno para renovar a los magistrados de ese tribunal con mandato caducado, tal y como ha reclamado el PP.

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha registrado "a primera hora de este lunes" ante el TC un escrito de solicitud de presentación de una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decida sobre una serie de cuestiones "prejudiciales que afectan al TC y al desarrollo del Pleno convocado para este mismo lunes".

En concreto, solicita que establezca si los magistrados Pedro José González-Trevijano Sánchez (presidente) y Antonio Narváez Rodríguez deben abstenerse de modo automático "por falta de imparcialidad", y si, de incumplirlo, se sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de las actuaciones.

"Resulta del todo incuestionable que quien tiene su mandato caducado es afectado directo por la norma cuya tramitación han impugnado los recurrentes y ello es así por el simple hecho que de promulgarse dicha reforma legal dejarán de ser miembros del Tribunal Constitucional y, por tanto, perderán su actual posición, emolumentos y prerrogativas así como el poder de decidir en el sentido que consideren o al que se hayan comprometido", explica Unidas Podemos en un comunicado.

La formación morada ha puesto de relieve que la principal cuestión de prejudicialidad radica en conocer si "la abstención que se preceptúa en la norma nacional (artículo 217 LOPJ) para jueces y magistrados cuando concurra alguna causa de abstención, legalmente establecida, ha de ser de carácter automático o no", entre otras razones, "para no entrar en conflicto con las previsiones establecidas en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea".

Por tanto, Podemos ha subrayado que todo esto afecta directamente a los citados magistrados y "a la vulneración del principio de imparcialidad que Unidas Podemos considera que pueden cometer". La semana pasada ya solicitaron que ambos fueran apartados.

Se quiere aclarar cómo debe aplicarse la abstención de magistrados

El escrito lo firman el presidente del Grupo Parlamentario, Jaume Asens; el secretario general del grupo, Txema Guijarro; así como los portavoces, Pablo Echenique y Enrique Santiago.

Unidas Podemos busca también con esta actuación judicial que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deje "meridianamente claro" cómo debe aplicarse la abstención de magistrados en el TC "que es el último órgano decisorio en vía interna de un Estado miembro" o si esa abstención "es un deber de carácter absoluto y automático cuando concurran las circunstancias legalmente previstas en el ordenamiento interno".

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Asimismo, han presentado un segundo escrito en el que recuerdan al Tribunal Constitucional que se encuentra pendiente una resolución de reconsideración a la Mesa del Congreso, lo que supone que el recurso de amparo presentado por el Partido Popular para paralizar la reforma que permite el desbloqueo del propio tribunal es "claramente prematuro por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que conlleva que debe ser inadmitido de plano".

El grupo confederal insiste, además, que es "evidente" la afectación del derecho a la participación política que conllevaría la suspensión jurisdiccional de una iniciativa parlamentaria y recuerda que el recurso inicial del PP hacía referencia a la necesidad de la petición cautelarísima por la votación en el Congreso, la cual ya ha tenido lugar, lo que hace perder el objeto de dicha petición que debe ser inadmitida.

También recuerdan que en 2007 dos magistrados se abstuvieron de debatir y votar un recurso sobre la reforma de la LOTC, un supuesto muy similar al actual.

El TC tiene que resolver si frena la tramitación parlamentaria

El Constitucional resuelve este lunes si frena la tramitación parlamentaria de la reforma legal impulsada por la coalición de Gobierno para renovar a los magistrados de ese tribunal con mandato caducado, decisión que pospuso el jueves y que puede abrir una crisis institucional.

La votación de las dos enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos para modificar las leyes orgánicas del CGPJ y del TC para desbloquear la renovación de este último (presentadas a la proposición de ley que deroga la sedición y reforma el delito de malversación) pudo celebrarse el jueves en el Congreso y salió adelante ante el aplazamiento del pleno del TC.

El jueves se sorteó el choque con el Congreso, pero esta semana la iniciativa, recurrida por el PP, se tramita en el Senado. PSOE y Unidas Podemos incluyeron la reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en la proposición de ley impulsada para derogar la sedición y rebajar las penas por malversación y los populares recurrieron al tribunal de garantías, al que pidió adoptar medidas cautelarísimas para frenar esos cambios de última hora.

El GPP registra una ampliación de su recurso de amparo

El pasado viernes el Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso registró ante el Tribunal Constitucional una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la citada proposición de ley del PSOE y Podemos.

En este escrito, el GPP adjuntaba el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados de la Comisión aseguraron que hay enmiendas que podrían “no tener una conexión material”, además de no guardar “relación de homogeneidad mínima” con la proposición de ley.

Asimismo, señalan que el presidente obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir las citadas enmiendas.

El GPP puso de relieve también que, aunque el dictamen de la proposición de ley fue votada en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, "por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el Alto Tribunal pueda actuar".

El PSOE considera, en sus escritos de alegaciones presentados ante el Tribunal Constitucional, que en el caso de acceder a las medidas cautelares pedidas por el PP y Vox, "se perturba el funcionamiento de las Cortes Generales y se violenta los derechos de los parlamentarios garantizados por el artículo 23 de la Constitución".

En uno de los escritos, a los que ha tenido acceso EFE, el PSOE se adhiere a la recusación de dos magistrados, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, que pidió Unidas Podemos. Plantea la misma porque podría verse comprometida "su imparcialidad".