La decisión del Constitucional "agrava" la crisis institucional: "Es difícil enmarcarlo en la normalidad democrática"

• Es la primera vez en democracia que el tribunal, dividido, frena la tramitación de una norma en las Cortes Generales
• Los politólogos alertan de un "descrédito institucional" por falta de "imparcialidad" y culpan al bloqueo en el CGPJ
• El Tribunal Constitucional paraliza la votación en el Senado: reacciones en directo

Fachada del Tribunal Constitucional.

Nunca antes en democracia se había suspendido la tramitación de una norma en las Cortes Generales. Lo ha hecho por primera vez un Tribunal Constitucional que, ante un recurso del PP, ha decidido frenar una norma que le afecta directamente en cuanto a la renovación de sus magistrados. Se trata de dos enmiendas de PSOE y Unidas Podemos con una posible "apariencia de inconstitucionalidad”, dicen los expertos en Derecho, pero lo inédito es que la decisión del Constitucional haya llegado antes de terminar la tramitación parlamentaria. La decisión que ha tomado el TC el lunes ha “agravado” una “crisis institucional” derivada del bloqueo de más de cuatro años en el Poder Judicial, consideran los politólogos consultados por RTVE.es, que advierten de que es “difícil” enmarcar lo ocurrido dentro de una “situación de normalidad democrática”.

La decisión de tumbar las enmiendas se impuso este lunes tras más de diez horas de pleno por la diferencia de un único voto. Y llegó después de que los magistrados rechazaran la recusación que pedían PSOE y Unidas Podemos para que dos de ellos se abstuvieran de votar sobre el recurso del PP. Ambos partidos alegaban que el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y Enrique Arnaldo (conservadores y con mandato caducado) tenían un interés “directo” en la causa, puesto que de entrar en vigor los cambios impulsados y procederse a la renovación, cesarían en sus cargos. Aún así, González-Trevijano y Arnaldo votaron contra su propia recusación.

La votación del recurso del PP estuvo muy dividida. Fueron seis magistrados conservadores frente a cinco progresistas, contrarios a las medidas cautelarísimas que pedían los ‘populares’ para frenar la tramitación de los cambios legislativos impulsados por los partidos del Gobierno para desbloquear la renovación del Constitucional, que tiene cuatro de sus doce mandatos caducados desde junio. Los ‘populares’ argumentaban, en base al artículo 23.2 de la Constitución, que se habían conculcado los derechos de los diputados por la forma de tramitar estos cambios, con dos enmiendas a una reforma del Código Penal con la que nada tenían que ver y que no podían ser modificadas por la oposición en las Cortes (no se puede enmendar una enmienda).

"Es un precedente peligroso"

Pero más allá del fondo de la cuestión sobre la posible inconstitucionalidad de las enmiendas (que el TC todavía no ha resuelto), el “precedente” de paralizar una tramitación y con tanta diferencia de votos “es peligroso y demuestra también que no ha habido un suficiente criterio jurídico”, advierte al Canal 24H la magistrada Ascensión Martín, de Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD). Y es que, hasta la fecha, el Tribunal Constitucional solo se había pronunciado sobre las normas de las Cortes Generales una vez había terminado su tramitación y nunca antes había paralizado una norma. Ni siquiera en Cataluña en el año 2017 con las llamadas ‘leyes de desconexión’, ya que el TC intervino una vez terminó su tramitación parlamentaria.

Tras la decisión del tribunal, se ha generado una tensión entre los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que ha quedado reflejada en las comparecencias de sus máximos representantes. Los presidentes del Congreso y Senado (los socialistas Meritxell Batet y Ander Gil) salieron ante los medios, de noche, a asegurar que acatarían la decisión del Constitucional, pero advirtieron de que se abría “una crisis institucional sin precedentes”. Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que el Ejecutivo tomará “cuantas medidas sean precisas” para poner fin al bloqueo del Tribunal Constitucional. Y los socios parlamentarios del Ejecutivo han reclamado una acción conjunta para revertir el auto de este tribunal y sus magistrados "atrincherados". No lo ven igual PP, Vox y Cs, quienes creen que ha triunfado el "Estado de Derecho".

Mientras, la Comisión Europea (CE) sigue "de cerca" lo ocurrido con la decisión del Tribunal Constitucional y ha pedido a "todas las autoridades y partes nacionales" que actúen "acorde a las reglas y procedimientos".

“Queda seriamente tocada la apariencia de neutralidad del TC”

“Estamos ante una situación muy grave”, expone a RTVE.es la profesora de Ciencias Políticas de la UCM Paloma Román, quien considera que se “agrava” una crisis institucional ya existente derivada de los cuatro años de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial, que sigue representando a la mayoría parlamentaria del PP de 2013. Un CGPJ que no se ha renovado ante las sucesivas líneas rojas del PP de Pablo Casado y luego de Alberto Núñez Feijóo.

Román considera que ha quedado “seriamente tocada” la “apariencia de neutralidad” de las instituciones y, en concreto, del Constitucional, puesto que se ha puesto en evidencia un tribunal “completamente partido en dos y alineado políticamente”. Un tribunal, añade, que sigue “funcionando con una mayoría de hace diez años pese a que las circunstancias del país han cambiado muchísimo” y que todavía tiene que decidir sobre cuestiones como la eutanasia, el aborto o la ley ‘solo sí es sí’. Y es que, la renovación del TC que los conservadores han frenado hasta la fecha, supondría un vuelco de sus magistrados al lado progresista.

Y ante la situación del CGPJ, del Constitucional y la reforma del Gobierno hecha “a toda prisa” y “mezclando churras con merinas”, y las acusaciones cruzadas de ataque a la democracia, cree que “todo se ha enmarañado de una manera tóxica” que es difícil de suavizar, especialmente cuando entramos en un año electoral. “Si esto sigue así, va a ser insufrible para los ciudadanos y supondrá una pérdida para la democracia por una pelea entre bloques que deslegitima a todas las instituciones. Los políticos deberían hacérselo mirar”, zanja.

La politóloga Mireia Castelló considera que “a nivel retórico, se está acentuando” la gravedad de la situación porque algunas fuerzas tienen “interés” en trasladar una “dinámica populista” a las instituciones y una “extrema emocionalidad” de los discursos porque el “clima de crispación es muy fuerte”. Se dicen “cosas muy graves” respecto a la democracia por parte de unos políticos que están “desconectados del sentir de la calle”, e insta a los políticos a “reflexionar”.

“Es el electoralismo el que está intoxicando todo el ambiente y la falta de altura de miras de políticos y también otras personas que están sirviendo al Estado”, prosigue. Y considera que el rey Felipe VI “puede aprovechar para elevar su figura ante esta situación” en el discurso de Nochebuena para tratar de “poner paz”. Considera también necesario, de cara al futuro, cumplir con las llamadas del Consejo de Europa para que se reforme la forma de elección de los jueces del Poder Judicial y dotar a la justicia de mayor independencia y neutralidad.

Los argumentos técnicos para la decisión del Constitucional

Más allá de la repercusión política de todo lo ocurrido, los expertos en Derecho rebajan la gravedad de la situación en cuanto a las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional, aunque también hay debate.

María Luisa Balaguer, una de las cinco magistradas progresistas del Constitucional que ha votado en contra de paralizar la reforma legislativa, ha señalado en el Canal 24H que "no había lugar a tomar esa medida en este momento" puesto que el PP pidió las cautelarísimas antes del debate y votación en el Congreso y la norma ya había llegado hasta el Senado.

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, resta importancia a lo ocurrido. Cree que el Tribunal Constitucional solo podía amparar los derechos vulnerados que denunciaba el PP, “a los efectos pretendidos” de las cautelares solicitadas, “paralizando la votación” de la reforma en el Senado. Y subraya al Canal 24H que esta decisión “no va a impedir” que se tramiten los cambios del Gobierno para el CGPJ y el TC “por el trámite correspondiente” mediante una proposición de ley y proyecto de ley que vaya acompañado “con los informes oportunos”, que es “como en general deberían hacerse las cosas cuando hablamos de reformas de tanto calado”.

María Jesús del Barco, presidenta de la APM: "El TC es muy restrictivo a la hora de aceptar las recusaciones"

Pero no opina igual Tomás de la Quadra Salcedo, Catedrático en Derecho Administrativo y exministro de Justicia socialista para quien lo ocurrido supone “la interferencia de un poder en otro poder”, cuando “la independencia de los poderes y la autonomía de los mismos para llevar adelante sus trámites debería ser absoluta”. Además, cree que una medida cautelarísima solo se puede adoptar ante un “daño irreparable” y cree que no es el caso, porque la norma impugnada se podía haber tumbado a posteriori de su tramitación.

Tomás de la Quadra Salcedo, exministro de Justicia: "Adoptar una medida cautelarísima supone una interferencia de un poder en otro"

Pero, sobre todo, recalca que “tradicionalmente toda persona recusada se abstiene de participar en la decisión sobre su recusación”. Y cree que el hecho de que los dos jueces recusados no fueran apartados de la votación “abre una crisis institucional en el Constitucional sin precedentes” ya que “se consuma” lo que a su juicio es “el origen de todo”. “Un Poder Judicial secuestrado por parte del PP”.

No coincide el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz, que alerta de un “problema técnico” que se escapa en esta cuestión. Explica a RTVE.es que no se podía recusar a los dos magistrados como pedían PSOE y Unidas Podemos por una cuestión jurídica, ya que estos dos partidos todavía no habían sido nombrados como parte del proceso y sus recursos no tenían cabida mientras no se decidiera sobre el del PP. “Es ahora cuando se abre el plazo de cinco días para que se presenten en la causa los que se vean afectados por las cautelares y puedan pedir recusar a los jueces”.

Por otra parte, recuerda que la jurisprudencia da la razón al PP respecto a la aparente inconstitucionalidad de las enmiendas del PSOE, ya que el TC declaró inconstitucional (ante un recurso socialista) una reforma del Gobierno de José María Aznar para prohibir los referéndums y frenar el ‘plan Ibarretxe’ que había impulsado mediante una enmienda a una ley de arbitraje que nada tenía que ver con el asunto. De todas formas, cree que “es muy triste que el Constitucional se haya dividido por colores políticos y que cuestiones técnicas se decidan por seis a cinco” votos.