La justicia británica declara ilegal el permiso de residencia post-Brexit para los ciudadanos de la UE en Reino Unido
- La medida afecta a más de dos millones y medio de ciudadanos
- El ministro del Interior, Simon Murray, ha dicho que está decepcionado por la sentencia y que recurrirán la decisión
El Tribunal Superior de Londres ha declarado este miércoles ilegal el plan de permiso de residencia para ciudadanos de la UE en la era post-'Brexit' en Reino Unido.
El dictamen llega después de que la Autoridad Independiente de Supervisión (IMA), un organismo financiado por el Gobierno británico para supervisar los derechos de los ciudadanos, interpusiese una demanda contra el Ministerio del Interior argumentando que en Reino Unido se estaba incumpliendo el acuerdo de retirada con la Unión Europea al obligar a los ciudadanos a solicitar de nuevo el derecho a vivir y trabajar en el país.
El acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea establece que los comunitarios que ya residían en territorio británico antes de la ruptura conservan todos sus derechos adquiridos, incluidos los de residencia y trabajo.
El sistema que estableció el Gobierno británico para garantizar esas prerrogativas permitía solicitar el estatus de "asentado" a los comunitarios que llevaran más de cinco años en el Reino Unido, y creó al mismo tiempo el estatus de "preasentado" para quienes llevaban menos tiempo en el país.
Los 2,6 millones de ciudadanos en ese último grupo debían hasta ahora demandar el permiso definitivo una vez cumplidos cinco años, un trámite que la Justicia ha dictaminado ahora que incumple el tratado que firmó el Reino Unido con la UE.
El Gobierno británico recurrirá la sentencia
Los jueces consideran que los comunitarios clasificados como "preasentados" perderían sus derechos si no cumplimentaran ese trámite, o bien si el Ejecutivo les denegara el estatus completo.
"Si una persona con ese estatus no hace una nueva petición, el efecto de ese sistema es que esa persona pierde automáticamente su derecho a residir en el Reino Unido, se convierte en ilegal y puede ser detenida y deportada", ha explicado durante el proceso el abogado Robert Palmer, representante de la Autoridad Independiente de Control (IMA, en inglés).
Ese organismo, establecido en el acuerdo del Brexit para proteger a los ciudadanos comunitarios en territorio británico tras la ruptura con la Unión Europea, fue el que inició el proceso judicial contra el Ministerio de Interior del Reino Unido.
El ministro del Interior, Simon Murray, ha reaccionado señalando en un comunicado que "los ciudadanos de la UE son nuestros amigos y vecinos y nos tomamos muy en serio nuestra obligación de garantizar sus derechos en Reino Unido".
"El plan de permisos de asentamiento de ciudadanos de la UE va más allá de nuestras obligaciones en virtud del acuerdo de salida, protegiendo los derechos de los ciudadanos de la UE y ofreciéndoles una vía de asentamiento en Reino Unido". "Estamos decepcionados por esta sentencia, que tenemos intención de recurrir", ha añadido.
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