El Senado da el 'sí' definitivo a la polémica reforma exprés de la malversación y la sedición con el foco puesto en el TC

• Deja fuera los cambios en el Poder Judicial y el Constitucional tras las cautelares aplicadas por el tribunal
• La oposición acusa a Sánchez de "debilitar" al Estado y la izquierda al PP por "rebelarse" contra la democracia

Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Senado el pasado miércoles.

La reforma exprés del Código Penal del Gobierno que suprime el delito de sedición y rebaja la malversación cuando no hay ánimo de lucro ha recibido el sí definitivo del Senado este jueves. No ha sido así con los cambios en la ley del Poder Judicial para desbloquear el Tribunal Constitucional, que se han quedado fuera del debate y la votación después de que este miércoles el propio tribunal rechazara el recurso de la Cámara Alta al respecto y mantuviera las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP. Precisamente, la decisión del TC, inédita en democracia en lo que se refiere a paralizar la tramitación de una norma, ha marcado buena parte de los discursos de los grupos entre acusaciones cruzadas de debilitar la democracia.

Tras superar primero los vetos presentados por cinco grupos parlamentarios y votar sobre las enmiendas que se han incorporado, la reforma ha salido adelante con 140 votos a favor, 118 en conra y tres abstenciones. Ha recibido el apoyo de PSOE, ERC, Bildu, PNV y Més per Mallorca frente al rechazo de PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Junts, PRC, Coalición Canaria, Teruel Existe, PAR y los dos parlamentarios independientes. Por su parte, los senadores de Más Madrid, Geroa Bai y Compromís han decidido abstenerse.

Con esta reforma, negociada entre el Gobierno y ERC y que versa sobre los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del ‘procès’, el delito de sedición desaparece y se sustituye por uno de “desórdenes públicos agravados”, cuya pena máxima es de cinco años (frente a los 15 de la sedición). Por otro lado, las penas por malversación, cuando no hay ánimo de lucro, se rebajan también hasta un máximo de cuatro años, cuando en la actualidad la pena máxima es de ocho años y se puede aumentar hasta los 12 si la cantidad malversada supera los 250.000 euros. El Ejecutivo siempre ha defendido que con estos cambios pretende “homologar” el Código Penal y estos delitos a otras democracias europeas.

Con la votación en el Senado, termina la tramitación exprés de una reforma del Código Penal que inició su recorrido en el Congreso hace casi un mes, un jueves a la una de la madrugada, y que ha sido muy polémica tanto por la forma como por el fondo. La oposición ha criticado un “fraude de ley” por emplear la fórmula de la proposición de ley, con la que el Ejecutivo ha eludido los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado o la Abogacía del Estado. Pero sobre todo, han sido muy críticos con el contenido de una reforma de amplio calado que, a juicio de PP, Vox y Cs, es un “traje a medida” para los independentistas condenados por el ‘procés’ y con la que ha tratado a su juicio de “controlar” y “someter” el Tribunal Constitucional con su intento de reforma de la ley del Poder Judicial. También ha habido críticas duras dentro del PSOE, especialmente la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien advirtió de que “no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena”.

La tramitación de toda esta reforma del Código Penal ha estado envuelta además entre acusaciones cruzadas de “golpismo” y ataques a la democracia y ha agravado la crisis institucional. Y es que, aunque los cambios en el Poder Judicial y el TC recibieron el aval el pasado jueves en el Congreso, este lunes el propio Constitucional paralizó su tramitación parlamentaria, algo no había ocurrido nunca hasta la fecha en democracia, a petición del Partido Popular, que denunciaba una posible inconstitucionalidad de la fórmula empleada para estos cambios (dos enmiendas a la reforma del Código Penal que nada tenían que ver con el mismo).

La oposición denunciaba que el Gobierno “amordazara” a las Cortes al recortar sus derechos con la fórmula empleada (con menos debate y sin posibilidad de introducir cambios), mientras que el Ejecutivo y sus socios parlamentarios denunciaban la “intromisión” del Constitucional en el Legislativo. Tras la decisión del TC, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emitió una declaración institucional en la que denunciaba que la decisión del tribunal no tenía "precedentes" y anunció que tomará "cuantas medidas sean precisas" ante el bloqueo judicial.

Lo ocurrido con el Constitucional ha copado el debate parlamentario al igual que ha hecho esta semana en el último ‘cara a cara’ en el Senado entre Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El jefe del Ejecutivo acusó el miércoles al líder de la oposición de “enmudecer” al Parlamento y de querer “recortar derechos por la puerta de atrás”, mientras que Feijóo le pidió que vuelva al “constitucionalismo” y “no reduzca a cenizas” la democracia. Mientras, el Ejecutivo ya está trabajando con sus socios parlamentarios para sacar su reforma del Poder Judicial mediante una proposición de ley.

El PSOE: "Tenemos todo el derecho de modificar el Código Penal"

En el debate, se han presentado los cinco vetos a la reforma, los de PP, Vox, Cs, JxCAT y UPN, todos tumbados por la mayoría de los senadores.

Para la defensa de la reforma, el socialista Joan Lerma Blanco ha justificado que lo que se persigue es “dar una respuesta segura en el Estado de Derecho a unas formas delictivas o la evolución de otras existentes” en un tiempo en el que la sociedad española ha cambiado. También ha asegurado que el PSOE tomará todas las medidas que sean necesarias para desbloquear el Poder Judicial.

"Tenemos todo el derecho de modificar el Código Penal para homologarlo con los de los países de la Unión Europea", ha defendido la socialista María Nieves Hernández, quien ha dicho que esto es algo "fundamental" a la hora de que "se puedan ejecutar las euroórdenes de detención". Ha añadido que el Gobierno lo que hace es acometer la transposición de varias directivas europeas "para luchar contra el crimen organizado". Y ha advertido de que "la UE ve con preocupación la deriva peligrosa de la justicia" a la que está llegando España por "culpa" del PP.

El PP dice que la reforma va dirigida para celebrar una consulta en Cataluña

El portavoz del PP, Javier Maroto, ha denunciado que esta “tropelía” de reforma solo tiene la finalidad de que el líder de ERC condenado por el ‘procés’, Oriol Junqueras, “pueda ser candidato” en unas elecciones, “asegurarse” de que el Constitucional “no sea un obstáculo” para una consulta en Cataluña y que los procesados del 1-O “no tengan problemas con la justicia y sigan apoyando a Pedro Sánchez”. “Para Sánchez, lo primero es el ‘yo’, luego el ‘yo’ y siempre el ‘yo’ y ya veremos si España toca después”, ha recriminado. Y todo lo que hace, ha añadido, no es para “defender a los españoles y su integridad”, sino “para defenderse a él y que los independentistas le puedan seguir votando”.

Maroto, que ha llamado a los senadores socialistas a rebelarse en su votación o a ausentarse en la misma, ha tildado a Sánchez de “mentiroso cobarde” y ha dicho que ha tramitado esta reforma con “nocturnidad y alevosía”: de noche, en festivos o ahora el día de la Lotería de Navidad. Y ha avisado a la izquierda de que tiene “un problema con el concepto de la democracia”, que no es “que un grupo de diputados y senadores pueda legislar lo que le ha dado la gana”, sino que pueda hacerlo “siempre y cuando se respeten las normas del juego”. Por último, ha incidido en que la actitud de Sánchez es “ilegítima” por haber incumplido, ha dicho, la palabra dada en campaña: “El PP no va a olvidar la traición de Sánchez a sus votantes y a España”.

Le ha respondido el portavoz de Justicia del PSOE en el Senado, José María Oleaga, quien ha reprochado al Partido Popular que “su único interés es bloquear las instituciones para impedir el legítimo derecho de sus parlamentarios a debatir”, y ha asegurado que “la democracia va a prevalecer”. El PSOE ha defendido que, con la reforma, se busca el “entendimiento y el diálogo” con Cataluña: “A nosotros la derecha no nos va a despistar, estamos en el buen camino y vamos aseguir luchando por la convivencia en Cataluña”.

José Manuel Marín Gascón (Vox), ha denunciado que el Gobierno está “desarmando el Estado de Derecho” con la reforma de la sedición ante un posible "golpe" y “trata de controlar y someter al Tribunal Constitucional” a sus propias intenciones. Y todo, ha criticado, con una proposición de ley que evita los informes preceptivos que “sirven para pulir errores técnicos y enriquecer los argumentos jurídicos”.

Con todo, ha denunciado un “uso fraudulento” de una iniciativa legislativa para conseguir “fines espurios contrarios a la Constitución y gravemente atentatorios contra la nación española”. Unos fines, ha dicho, que “pueden suponer un gravísimo riesgo en el futuro para España y para el Estado de Derecho” y dirigidos a “subvertir el orden constitucional”.

Para Ciudadanos, “hoy es un mal día para la democracia, la política y las instituciones”. El senador Miguel Sánchez ha calificado a Sánchez de “pérfido” y “maquiavélico”, “malo pero tremendamente listo”. Y ha dicho que tenía encima de la mesa “un problemón, el más gordo con el que se ha encontrado” desde que es presidente y que consiste en que, para “contentar” a sus socios separatistas, “no tenía más remedio” que reformar ambos delitos. Esta reforma, que es el “elefante” que hay en el Senado, Sánchez la ha tratado de “ocultar” ante los ciudadanos con “trucos, trampas y magníficos golpes de efecto” mediante unas enmiendas para cambiar el Poder Judicial y el TC que han copado el debate. Y en este sentido, le ha pedido que “aleje sus zarpas políticas de la justicia”. Y desde Navarra Suma, Ruth Goñi ha asegurado que el Constitucional “no ha amordazado” a nadie sino que ha sido “al revés” y ha pedido elecciones para “evitar que Sánchez siga la hoja de ruta de ERC”.

Junts también ha presentado un veto a la reforma porque considera que “criminaliza” el “pacífico ejercicio de derechos fundamentales” y no es más que “una operación de maquillaje del Estado” para “no generar discusiones en europas”. Una reforma, ha asegurado Josep María Cervera, que “deja al pie de los caballos a muchos” independentistas, y ha zanjado: “No vamos a sancionar ninguna movilización social ni política ni el referéndum del 1-O”. Y Alberto Catalán (UPN) ha advertido de que “la unidad nacional debe defenderse de quienes quieren acabar con la misma”. Con todo, ha lamentado que “el sanchismo es capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder y a cualquier precio”.

Los socios del Gobierno, al PP: “Se ha rebelado contra la democracia”

Mirella Cortès (ERC) ha defendido una reforma que para “homologar” los delitos a Europa, algo que era “una demanda de las instituciones internacionales” que llevaban, ha dicho, “años alertando de la deriva del Estado” por la “insubordinación de las derechas políticas, jurídicas o policiales”. Ha defendido, además, que “la apuesta” de ERC con la mesa de diálogo con el Gobierno “está dando sus frutos” porque se avanza a la hora de “disminuir la capacidad represiva del Estado”. Por eso, ha reprochado a Junts que se haya excluido de la mesa de negociación: “La falta de acompañamiento por una parte del independentismo no refuerza la posición negociadora de Cataluña”.

Por otra parte, ha lanzado duros reproches al PP por lo ocurrido con el Constitucional y ha asegurado que la “democracia a la que aspiran” es a “controlar todo por la puerta de atrás” en un “afán de poder”. “Ustedes no tienen el más mínimo respeto a la soberanía popular, a la separación de poderes ni a su amada Constitución, que como el TC está muy caducada”, ha zanjado. Para Esquerra, lo ocurrido ha sido un acto de "censura" que ha "socavado el derecho fundamental" de representación política de los parlamentarios y es el "fin de la reputación democrática de España".

Los reproches por el Constitucional se han extendido entre otros grupos. Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha criticado al PP por “querer convertir la acción del Tribunal Constitucional en tutela” cuando lo que pretende en realidad es que no haya “relevos” en su mayoría conservadora en este tribunal. Con todo, ha lamentado el “espectáculo” de los últimos días y ha alertado del riesgo de caer en una deriva “guerracivilista”. Y Pablo Gómez Perpinyà (Más Madrid), ha asegurado que el PP es “instigador de un ataque contra la autonomía” de las Cámaras por parte de un Constitucional “ilegítimo” por su mandato caducado. Y ha asegurado que el Partido Popular “se ha rebelado contra la democracia” y que el Constitucional “se ha independizado de la estructura institucional del Estado” y se ha convertido “en el brazo ejecutor” de los ‘populares’.