España envejece: hay dos asalariados por cada pensionista, una tasa que se reducirá en las próximas décadas

• La previsión es que en 2050 la ratio empeore por la jubilación de los baby boomers e incluso llegue a igualarse
• Existen grandes diferencias entre regiones: de tres ocupados por pensionista de Madrid a la casi paridad de Ourense

Imagen de un pensionista metiendo dinero en una hucha

El mercado de trabajo envejece al mismo ritmo que lo hace la población. España actualmente cuenta con dos cotizantes por cada pensionista de media, una tasa que ha mejorado en los últimos años, pero que cambiará de signo en las próximas décadas coincidiendo con la jubilación de los conocidos como baby boomers -la generación nacida entre 1957 y 1977-. Y es que la previsión es que de aquí a 2050 la ratio empeore e incluso llegue a igualarse en algunas regiones.

“Es una tendencia que se va a ir extendiendo en los próximos años, porque el envejecimiento paulatino apunta a que la inversión entre asalariados y pensionistas va a ir en detrimento de los asalariados por una cuestión de estructura de edad”, señala en una entrevista en RNE el demógrafo de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joaquín Recaño.

Según los datos de la Seguridad Social correspondientes a noviembre, en España hay 20.283.631 afiliados y 9.036.457 pensionistas, lo que se traduce en una relación de apenas 2,24 cotizantes por prestación. Pero esta ratio no es igual en todas las regiones: existen diferencias territoriales significativas que oscilan desde los más de tres afiliados por pensión que hay en Madrid y una relación de casi uno-uno en Asturias, la comunidad con la menor tasa de todo el país.

Así, las regiones presentan diferencias que evidencian cuáles son las más envejecidas o las más dinámicas en cuanto al empleo, siendo las del noroeste del país las más castigadas. Entre otros, por factores demográficos y económicos.

Asturias, la comunidad más castigada

De todas ellas, Asturias es la región que presenta una relación asalariados-pensionistas menor. Con datos de noviembre, en el Principado se registraron un total de 372.521 afiliados y 270.717 pensionistas: es decir, hay 1,38 afiliados por cada pensionista. Le siguen Galicia, con una ratio de 1,54 afiliados por cada pensionista; Castilla y León, donde la cifra se sitúa en 1,66; y Cantabria, que se sitúa en 1,73.

“El principal factor, aparte de que algunas de ellas han sufrido procesos de desindustrialización y cambios de la estructura económica importantes de las últimas décadas con pérdida de peso del factor asalariado, tienen que ver con el envejecimiento paulatino y que además se va a acelerar en los próximos tiempos”, explica Recaño. Así, mientras que la media de edad española se sitúa en los 44 años, en Asturias, Castilla y León y Galicia rozan los 50 años y en Cantabria supera los 46.

Si atendemos a las tasas más bajas por provincias, todas ellas se sitúan en el norte peninsular. Son Zamora (1,35), León (1,31), Lugo (1,27) y Ourense (1,11). Por contra, en lo alto de la tabla, con una relación de afiliados-pensionistas muy superior a la media nacional, se encuentran Murcia (2,73), Melilla (2,95), Madrid (3,14) y Almería (3,22).

“Algunas de estas economías son de las más dinámicas y más jóvenes que las de las zonas del noroeste, que tienen una fecundidad bajísima y unos procesos de descapitalización de sus egresados universitarios”, apunta el demógrafo. Y es que, mientras que las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta son las más jóvenes del país con una edad media de 36,3 y 38,6 años, respectivamente, en Madrid se sitúa en 43 años y en Almería no llega a 41 años.

La tasa continuará descendiendo

Lo cierto es que el tirón del empleo en los últimos meses, en niveles superiores a los previos a la crisis del coronavirus, también se nota en la relación entre cotizantes y pensionistas. La ratio alcanza ya su mejor cifra desde 2009, poco después del arranque de la Gran Recesión y pese al pequeño revés que sufrió en 2020, cuando la tasa descendió levemente del 2,18 al 2,14.

Lo previsible, sin embargo, es que el ratio empeore en los próximos años, cuando se retiren del mercado laboral los nacidos entre finales de 1950 y mediados de 1970. Según las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la jubilación de la generación del baby boom elevará el número de pensionistas a cerca de los 16 millones de personas en 2050, con una población en edad de trabajar cercana a los 28 millones.

Esto implica que en 2050 habrá menos de dos trabajadores cotizantes por cada pensionista o, lo que es lo mismo: la ratio descenderá hasta el 1,75, una situación en la que será determinante la cada vez más alta esperanza de vida y más baja natalidad.

Pero, ¿qué hacer en este escenario? El profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona recuerda que la inmigración ha permitido durante los últimos años "sortear un largo período de fecundidad baja", si bien "hay factores que son estructuralmente difíciles de corregir" como es contar con una población muy envejecida, una alta esperanza de vida y muy baja fecundidad. De hecho, 2022 va en camino de ser el año con menos nacimientos desde que hay registros: 160.000 en los primeros seis meses, según el INE

"Necesitamos una política demográfica más efectiva. Se han hecho algunas reformas que son necesarias, pero no suficientes. Por ejemplo, el hecho de acabar con la precariedad y aumentar la tasa de actividad van por la vía correcta; pero tenemos otras pautas que no afectan tanto estas comunidades autónomas a otras, como son la vivienda o la remuneración", recalca.

El Gobierno trabaja para asegurar su viabilidad

Para evitar este escenario, el Ministerio trabaja a contrarreloj con los agentes sociales para acordar nuevas fórmulas que aseguren la viabilidad del sistema, en el punto de mira por la presión en la partida del gasto que existirá en las próximas décadas. Entre ellas, se encuentra la modificación del periodo de cálculo de las pensiones, el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas o el fomento de la jubilación parcial y activa, con el fin de compatibilizar trabajo y jubilación y que no solo se focalice en elevar una edad efectiva de retiro que sigue estando por debajo de la legal.

Previamente, el Ejecutivo y los agentes sociales acordaron derogar el factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, sustituyéndolo por un nuevo mecanismo de ajuste: el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Su objetivo fundamental es aumentar la recaudación finalista para el pago de jubilaciones a través de un incremento de la cotización del 0,6 % entre 2023 y 2032.

Dicha sobrecotización se incorporará al fondo de reserva de las pensiones y la cantidad total que acumule no se podrá utilizar hasta 2032, cuando se calcula que comenzará a dispararse el gasto. Será entonces cuando se revise y se estudie si es necesario realizar algún nuevo ajuste ya sea por el lado de los ingresos o de los gastos.

De momento, el mecanismo español se ha encontrado con las reticencias de la Comisión Europea, que considera que no prevé una actuación a futuro sobre el aumento de gasto, sino que está condicionado a futuras reformas en el caso de que sean necesarias. Desde Inclusión han quitado hierro a esta discrepancia, si bien el visto bueno final de Bruselas a la reforma es fundamental para recibir una nueva partida de los fondos europeos. Y debe realizarse antes del 31 de diciembre.