El año en que la política se "enmarañó" con la Justicia: "¿Dónde está la separación de poderes?"

• 2022 deja la imagen inédita de un TC que suspende una votación parlamentaria dividido por colores políticos
• Otras imágenes: la lucha por las mayorías en un Poder Judicial que cumple ya cuatro años sin renovar

La decisión del Constitucional de paralizar una votación en las Cortes y la lucha por las mayorías en el Poder Judicial marcan un 2022 que ha enmarañado a la política y la justicia.

El año 2022 ha sido el año en que la política y la Justicia se “enmarañaron” como nunca antes y han hecho que la ciudadanía se pregunte “dónde está la separación de poderes”, dicen los politólogos. El último hito en democracia derivado de esta “instrumentalización” partidista de la Justicia ha sido que el Tribunal Constitucional haya paralizado por primera vez una votación en las Cortes Generales, a petición del PP, y haya derivado en acusaciones mutuas en el Parlamento de “golpe de Estado” y llevado al presidente del Gobierno a hablar de un “complot” de una “derecha política y judicial”. Pero no es lo único reseñable que ha ocurrido en estos últimos doce meses.

El Poder Judicial ha cumplido cuatro años caducado, inmerso en la batalla política, algo inédito ya que hasta 2018 el Gobierno y la oposición siempre se habían puesto de acuerdo para renovar el CGPJ, que actualmente sigue representando la mayoría conservadora que tenía Mariano Rajoy en 2013 (último año en que se renovó). Mientras, los recursos de inconstitucionalidad contra normas emanadas de las Cortes están a la orden del día como una herramienta más de hacer oposición. Y también este año, el Ejecutivo ha tratado de indicar a los jueces cómo deben interpretar las leyes de una forma polémica y muy criticada, como ha ocurrido con la del ‘solo sí es sí’.

“Los partidos recurren a los jueces como instrumento de presión para hacer política”, expone el politólogo Pablo Simón, quien apunta que, en ocasiones, también “los magistrados hacen política” cuando emiten algunas sentencias de “marcado perfil ideológico”.

Una "censura previa y clamorosa" del Constitucional

Pero, aunque es un hecho que “ha ocurrido siempre” con los sucesivos gobiernos de distintos colores, el politólogo de la Universidad de Barcelona Jesús Palomar cree que se han traspasado todas las "líneas rojas" con un hecho sin precedentes, un TC que ha impuesto una “censura previa y clamorosa” a una norma antes de ser debatida y votada en el Senado. Y a su juicio, es consecuencia de una “perversión” en el propio sistema del Poder Judicial y su “mal funcionamiento” para la elección de los miembros del Constitucional y del propio CGPJ, que dependen directamente de los partidos políticos.

En el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional es conocido qué magistrados son progresistas y cuáles conservadores. Y ante el recurso del PP contra las dos polémicas enmiendas del PSOE a la reforma del Código Penal para desbloquear el TC, los magistrados del Constitucional (incluso los que tienen su mandato caducado y serían cesados de prosperar la reforma del Gobierno) se han alineado en dos bandos claros: los seis conservadores a favor del recurso del Partido Popular y los cinco progresistas en contra. Esto es algo que critica con dureza el catedrático en Derecho Agustín Ruiz, que les pide que “rompan filas” con la política puesto que lo contrario perjudica a la necesaria imagen de imparcialidad de la institución y de la separación de poderes.

Aparte de las acusaciones cruzadas a izquierda y derecha de “golpismo” y “atropello democrático”, lo ocurrido con el Constitucional desencadenó una serie de declaraciones institucionales por parte de los máximos representantes de los otros dos poderes del Estado: Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo, y Meritxell Batet y Ander Gil como presidentes del Congreso y del Senado (Legislativo).

Sánchez cargó contra un “hecho grave” que no tiene “precedentes” y advirtió de que tomaría “cuantas medidas sean precisas” para poner fin al bloqueo del Constitucional (el Gobierno y sus socios trabajan ya en una proposición de ley). Pero antes, ya había denunciado la existencia de un "complot" por parte de la "derecha política y judicial" que ha "querido atropellar" la democracia porque, a su juicio, esa derecha pretende usar al Constitucional para gobernar “por atrás”. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es Sánchez quien está reduciendo a “cenizas” la democracia y su partido ha llegado incluso a compararle con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, por “atacar a los jueces cuando no siguen sus dictados políticos”. Y los socios parlamentarios del Ejecutivo han denunciado la existencia de un ‘lawfare’ o guerra judicial contra decisiones políticas y la "injerencia" de los jueves en el Poder Legislativo y la soberanía popular representada en las Cortes.

“El rey puede aprovechar para elevar su figura y tratar de poner paz“

Con todo, la expectación de lo que diga el rey Felipe VI en su discurso de Nochebuena este sábado es máxima, incluso algunos partidos de la izquierda han considerado adecuado que haga un llamamiento a la neutralidad de las instituciones del Estado y su Defensa. “El rey puede aprovechar para elevar su figura en esta situación y tratar de poner paz”, considera la politóloga Mireia Castelló, quien apunta a que la crisis institucional se agrava, en buena parte, por la entrada en un “año electoral” y la “alta emocionalidad” de los discursos políticos.

La batalla por las mayorías en el Poder Judicial y el TC

Respecto a la intromisión de la política en la Justicia y viceversa, “esto ha ocurrido siempre, no es algo nuevo”, recalca Palomar. Pero cree era “más sutil” en la época del bipartidismo, cuando la política no estaba tan “crispada” y PSOE y PP no tenían problemas en pactar sus candidatos al Poder Judicial: “Era algo más elegante que ahora y se entendía que, quien gobernaba, tenía esa preeminencia para escoger más miembros”.

Pero el pasado 4 de diciembre se cumplieron cuatro años del fin del mandato de los vocales del Poder Judicial, que a día de hoy sigue representando la mayoría absoluta que logró el PP de Mariano Rajoy en 2011. Desde 2018, el Partido Popular ha terminado rompiendo las negociaciones con el Ejecutivo para renovar este órgano ante distintas líneas rojas que han variado con los años. La última fue precisamente la reforma de la sedición, que dinamitó en otoño unas negociaciones muy avanzadas que habían sido las únicas que se habían dado este 2022 y que probablemente sean las últimas de la legislatura, porque el lema ahora del PP para pactar es “no con este PSOE”.

Ese último intento se había dado a raíz de la dimisión del ya expresidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para hacer presión a favor del acuerdo y de la renovación, pero fue en vano. Y ahora, los cuatro años de bloqueo dejan una situación de colapso en el Tribunal Supremo que afecta de forma muy directa a los ciudadanos.

Las consecuencias de este bloqueo se trasladan al que debe ser el máximo garante del cumplimiento de la Constitución, el TC, que también tiene cuatro de sus 12 mandatos caducados desde junio y que no se ha renovado hasta la fecha por la dilación de los magistrados conservadores del Poder Judicial, que debe designar a dos candidatos (los otros dos corresponden al Gobierno). Los conservadores, muy molestos con el Ejecutivo por la reforma del CGPJ que retiraba a este órgano de competencias para nombrar cargos en el Tribunal Supremo (y evitar que fuera un coladero de jueces conservadores), llegaron a amenazar incluso con un ‘boicot’, aunque luego se abrieron a negociar con los progresistas.

Tras múltiples plenos en el CGPJ, los conservadores no dieron sus nombres hasta que el Ejecutivo lanzó su reforma para rebajar las mayorías en el Poder Judicial para elegir a sus candidatos al TC. Pero una vez el propio tribunal paralizó la tramitación de la reforma, persiste todavía el bloqueo, aunque hay un nuevo pleno en el Poder Judicial convocado para el próximo 27 de diciembre con varios nombres puestos ya sobre la mesa: César Tolosa y María Luisa Segoviano por parte de los conservadores y José Manuel Bandrés a propuesta de los progresistas.

Hasta que no nombre el Poder Judicial a sus candidatos, el Gobierno no puede designar a los suyos: el exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales Laura Díez. Para el Partido Popular, ambos nombres demuestran la “colonización” del Ejecutivo a las instituciones y sus “aires totalitarios”. Y este jueves, durante el debate en el Senado de la reforma de la sedición y la malversación, el portavoz ‘popular’ Javier Maroto también aseguró que Sánchez quiere en el Constitucional a un magistrado en concreto, Cándido Conde Pumpido, para que cuando llegue un referéndum de independencia a Cataluña “el TC no sea un obstáculo”.

Recursos sistemáticos a las leyes del Gobierno: "La sociedad no lo merece"

Una renovación del Constitucional daría a este tribunal, que no forma parte del Poder Judicial, un vuelco al lado progresista que influirá en importantes decisiones sobre el aborto, la eutanasia o la ley de educación. Palomar reprocha que, en función de que la balanza del Constitucional sea del lado conservador o progresista, tomará una decisión u otra al respecto que será “para siempre”, y si se declara inconstitucional el aborto en los términos de la ley, por ejemplo, no dejará de serlo cuando cambien las mayorías en el TC. Recuerda que muchas de estas leyes han contado con participación de la ciudadanía o asociaciones afectadas y dice que “la sociedad no se merece que se la castigue llevándola al Constitucional por defecto”.

Y es que ya es casi la tónica habitual que cualquier ley del Gobierno con la que PP, Vox y Ciudadanos no están de acuerdo acabe recurrida en el Constitucional por los tres partidos o alguno de ellos. Palomar recalca que, si bien es lícito recurrir una norma cuando hay sospechas de inconstitucionalidad, “que pase por defecto levanta sospechas de que se instrumentaliza la justicia por fines puramente políticos”. Estos fines son dos: “la notoriedad del recurso, que lleva a la ciudadanía a pensar que el Gobierno aprueba leyes ilegales, y por otro lado aprovechar la mayoría que ya tienen en el Constitucional conservadora para ir contra las leyes del Gobierno”. Con todo, cree que se deben buscar alternativas en el Congreso para reformar el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial para garantizar su neutralidad y que no dependan de los partidos.

Un Gobierno que habla de justicia “machista” y da instrucciones

2022 también ha sido el año en el que el Gobierno ha tratado de aclarar de múltiples formas a los jueces cómo deben interpretar una ley, la del ‘solo sí es sí’, cuya aplicación desde que se aprobó ha provocado la rebaja de decenas de condenas a agresores sexuales y la salida de prisión de algunos de ellos.

El Ejecutivo nunca ha admitido que haya ningún error en esa ley, como sostiene la oposición, pese a que se rebajan las penas máximas de algunos delitos sexuales y no se incluyó una disposición transitoria que evite que los jueces revisen y rebajen las condenas aplicando al reo la más favorable (la actual). En cambio, el Ministerio de Igualdad ha insistido en varias ocasiones en que el problema es de los jueces “machistas” que no interpretan de forma “correcta” la ley (lo que le ha valido las críticas de la oposición por “atacar” a los magistrados).

La esperada jurisprudencia del Supremo llegó y no a favor de los intereses del Ejecutivo ni del criterio de la Fiscalía, puesto que determinó que se deberían rebajar las penas cuando se pueda aplicar la norma más favorable al condenado, aunque analizando “caso por caso”.

Aún así, el Gobierno ha tratado de subsanar esto con una enmienda para cambiar la exposición de motivos en la reforma del Código Penal y aclarar a los jueces que sigue vigente en Derecho la disposición que establece que, si la pena impuesta a un condenado con la anterior ley está contemplada en la actual norma, no ha de rebajarse la condena. Pero esta aclaración del Ejecutivo no es vinculante y, pese a ella, las rebajas se han seguido produciendo y los partidos han seguido utilizando la justicia como arma arrojadiza. Algo que no tiene visos de cambio para el año próximo, que estará marcado además por dos campañas electorales.

“Es el electoralismo el que está intoxicando todo el ambiente y la falta de altura de miras de políticos y también otras personas que están sirviendo al Estado”, apunta Castelló, mientras que la politóloga de la UCM Paloma Román añade: “Si esto sigue así, va a ser insufrible para los ciudadanos y supondrá una pérdida para la democracia por una pelea entre bloques que deslegitima a todas las instituciones. Los políticos deberían hacérselo mirar”.