Claves de la renovación del Constitucional con mayoría progresista: ¿quién es quién y qué decisiones deberán tomar?

• Los cuatro nuevos magistrados son César Tolosa, María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez
• Con siete juces progresistas y cinco conservadores, el TC debe decidir sobre el aborto, la eutanasia o la 'ley Celaá'

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: César Tolosa, María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez, los nuevos magistrados del Constitucional.

La renovación del Tribunal Constitucional ya está en marcha después de que el Poder Judicial aprobara este martes, por unanimidad y también por sorpresa, los dos nombramientos que le corresponden: César Tolosa y María Luisa Segoviano. Con ello, abre la puerta a que puedan ocupar su puesto en el TC los dos candidatos progresistas elegidos por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Presidencia Laura Díez. Una vez tomen posesión los cuatro nuevos jueces, el tribunal dará un vuelco con una mayoría progresista que deberá decidir sobre recursos tan relevantes como el interpuesto contra la ley del aborto, la ley de educación o la eutanasia.

Hasta este martes por la tarde, todo parecía indicar que el 2023 comenzaría sumido en el bloqueo del Poder Judicial y el Constitucional. Sigue sin haber acuerdo entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces y parecía que, en el CGPJ, tampoco habría consenso entre magistrados conservadores (la mayoría) y progresistas para renovar el Constitucional. Pero tres días antes del pleno que estaba convocado el 27 de este mes, el rey Felipe VI hizo un claro llamamiento en su discurso de Nochebuena a la responsabilidad no solo de los políticos, sino también a los servidores públicos en general. Pidió unidad para hacer frente a la “erosión” de las instituciones y el “deterioro” de la “convivencia”. En el pleno del CGPJ de este martes, todos los magistrados progresistas renunciaron a su candidato, José Manuel Bandrés, y votaron a favor de los dos propuestos por el ala conservadora “por sentido institucional”.

El CGPJ ya ha remitido al presidente del Constitucional, Pedro González Trevijano, el acuerdo y los currículos de sus candidatos y la intención de éste es convocar un Pleno Gubernativo "de forma inmediata" para verificar la idoneidad de los candidatos y proceder a su designación. Unos trámites que, todo parece indicar, terminarán con éxito. Aquí, algunas claves de la renovación:

¿Quiénes son los nuevos magistrados?

• César Tolosa, expresidente del TSJC que abordó en el Supremo el Estado de Alarma

El conservador César Tolosa (Santa María la Real de Nieva, Segovia, 1957) ocupa desde 2020 la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y antes ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desde 2004. Inició su carrera judicial en 1982 y actualmente también es profesor de de la Universidad de Cantabria. Tolosa tuvo que hacer frente desde el Supremo a la disparidad de criterio ante el estado de alarma de 2021 (había tribunales superiores de Justicia que avalaban y otros tumbaban cuestiones como los toques de queda). Y fue muy crítico con la tardanza del Tribunal Constitucional en dictar sentencia sobre el Estado de Alarma porque, de haber llegado antes, “nos hubiéramos evitado muchos quebraderos de cabeza”.

• María Luisa Segoviano, primera presidenta de sala del Supremo y mujer de consenso

María Luisa Segoviano (Valladolid, 1950) ha sido propuesta por los conservadores aunque también se barajó su nombre en el ala progresista del Poder Judicial. Segoviano, recién jubilada, hizo historia en la judicatura al convertirse en la primera mujer presidenta de sala del Tribunal Supremo, la de lo Social, a la que llegó en 2006. Jueza desde 1987, ha dedicado su carrera al orden social y ha trabajado, entre otras cuestiones, en la sentencia de los ‘rider’, que determinó que la relación entre Glovo y sus repartidores es laboral y no de autónomos. “Los rider son el paradigma de la precariedad laboral”, llegó a decir a Efe en una entrevista.

• Juan Carlos Campo, exministro de Sánchez que tramitó los indultos

Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961) es uno de los designados por el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que ejerció como ministro de Justicia entre enero de 2020 hasta 2021, cuando el presidente del Ejecutivo remodeló todo su gabinete y prescindió de Campo tras conceder su Ministerio los indultos parciales a los condenados del ‘procés’, una medida muy criticada por la oposición. Campo fue muy crítico con la ley del ‘solo sí es sí’ que preparaba su compañera Irene Montero (titular de Igualdad) y cuestionó la “técnica legislativa” de dicho ministerio. Tras abandonar el Ejecutivo, regresó a la Audiencia Nacional a través de la Sala de lo Penal, donde ha tenido que abstenerse de tomar decisiones que afectaban a líderes políticos.

• Laura Díez, impulsora del Estatut de Cataluña

Laura Díez (Barcelona, 1969), es una persona de confianza de Pedro Sánchez, habiendo sido directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinadora Jurídica del Ministerio de Presidencia. Buena parte de su trayectoria se ha dado en el mundo académico en la Universidad de Barcelona, aunque destaca que fue la impulsora del estatuto de la Generalitat de Cataluña, donde fue asesora del Govern entre 2002 y 2004.

¿Cuánto llevaba el TC caducado?

El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 magistrados que se renuevan por tercios cada cuatro años (cuatro magistrados cada vez). En junio, caducó el mandato de su presidente, Pedro González Trevijano (conservador), Juan Antonio Xiol (progresista), Santiago Martínez-Vares (conservador) y Antonio Narváez (conservador).

Por tanto, desde junio solo estaban pendientes de renovar cuatro puestos en el TC, a diferencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe renovarse íntegramente cada cinco años y que lleva caducado desde diciembre de 2018. El Tribunal Constitucional, a diferencia del Tribunal Supremo, no forma parte del Poder Judicial, si bien el CGPJ es el encargado de renovarlo en parte con dos magistrados. Los otros dos de esta tanda de cuatro corresponden al Gobierno y el resto al Congreso y al Senado.

¿Cómo se ha desbloqueado la renovación?

Ha habido varios hitos en el proceso de renovación. Ante el bloqueo en el Poder Judicial, el Gobierno modificó la ley en verano para que el CGPJ, pese a estar caducado, pudiera realizar sus nombramientos en el Tribunal Constitucional y dio un plazo legal hasta el 13 de septiembre para hacerlo.

Pero los conservadores en el Poder Judicial estaban muy molestos con esta reforma y con la que la precedía, por la que el CGPJ no podía realizar nombramientos en el Supremo estando en funciones (el Ejecutivo evitaba con ello que el Supremo fuera un ‘coladero’ de nombres conservadores nombrados por un CGPJ que representa aún la mayoría absoluta que logró el PP en 2011).

Durante meses, el ala conservadora del Poder Judicial ha estado bloqueando la renovación, primero amenazando con un boicot y luego asegurando que no encontraba candidatos en el Supremo para renovar el Constitucional. El 13 de septiembre pasó de largo y el Gobierno aprovechó su reforma del Código Penal (la que afecta a la sedición y malversación) para introducir cambios en la ley del Poder Judicialmediante dos enmiendas que rebajaban las mayorías para que el CGPJ designara a sus candidatos al TC (pasando de tres quintos a mayoría simple).

Ante esta reforma, los conservadores se apresuraron a buscar candidatos para renovar por el sistema de mayorías actual. Primero propuso a Tolosa y a Pablo Lucas, que luego fue sustituido por Segoviano, de mayor consenso entre los progresistas.

Las negociaciones del Poder Judicial para renovar el TC quedaron en un segundo plano cuando el PP recurrió ante el propio tribunal esas dos enmiendas por no tener nada que ver con la reforma del Código Penal. Y por primera vez, un Constitucional profundamente dividido entre seis conservadores y cinco progresistas, decidió suspender por primera vez en democracia la votación de una norma en las Cortes Generales, lo que agravó la crisis institucional entre acusaciones cruzadas de golpismo y ataque a la democracia. Esta situación crítica motivó parte del discurso de Felipe VI llamando días después a la unidad y a la responsabilidad política e institucional. Y, aunque en el pleno del 27 parecía que las posiciones seguirían siendo encontradas, los progresistas decidieron finalmente ceder ante los nombres propuestos por los conservadores.

¿Qué pasa con la reforma del Gobierno para rebajar las mayorías?

El Gobierno ha celebrado el desbloqueo del Constitucional y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha reconocido en TVE que la reforma para rebajar las mayorías para elegir el TC ya "no tiene urgencia" porque en los próximos días, "aplicando la ley y la Constitución, el Tribunal se renovará y se abrirá una nueva de recuperación del prestigio".

Aún así, fuentes socialistas consideran que sigue siendo necesario retomar la reforma frustrada por el propio tribunal para proteger a las instituciones del “deterioro” que le provocan los bloqueos, dice, del PP cuando los ‘populares’ no gobiernan. El Ejecutivo había empezado ya a trabajar en una ley con sus socios, que le urgen a presentarla cuanto antes, aunque todavía el Gobierno no ha dado fecha y sigue esperando al argumento del Constitucional sobre el fondo del recurso del PP a las dos enmiendas tumbadas.

¿Qué decisiones debe tomar el Constitucional?

Una mayoría conservadora o una progresista en el TC pueden ser determinantes para que el tribunal se pronuncie a favor o en contra de una ley. Ahora, el Ejecutivo se ha garantizado una mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro conservadores (deberían ser cinco, pero el magistrado Afredo Montoya presentó su renuncia en julio de 2022 por motivos de salud) para decidir sobre algunas de sus leyes estrella, como la de la eutanasia, la de educacón o ‘ley Celaá’, la de Infancia o el Ingreso Mínimo Vital. Pero también sobre la ley del aborto, que lleva parado en el tribunal de garantías 12 años tras el recurso del PP y aún no tiene fecha de ser resuelto.

¿Qué pasa ahora con el CGPJ?

Pese a la renovación del Constitucional, nada parece indicar que vaya a ocurrir lo mismo en el CGPJ en lo que queda de legislatura (2023). Este órgano depende directamente de las formaciones políticas y el PP, tanto bajo el liderazgo de Pablo Casado como con el de Alberto Núñez Feijóo, ha acabado rompiendo todas las negociaciones con el Gobierno en estos últimos cuatro años con distintas líneas rojas que han ido variando. Directamente, ha acabado diciendo Feijóo que no pactará “con este PSOE”. El último intento que se dieron ambas partes estalló a finales de octubre cuando los ‘populares’, pese a que tan solo unos días antes habían desligado ambas cuestiones, rechazaron sellar un acuerdo que según el Gobierno estaba cerrado por la reforma de la sedición. Antes hubo otras líneas rojas como la reforma de elección de los magistrados para dotar de mayor independencia al Poder Judicial o el veto del PP a nombres propuestos por el Ejecutivo.

El Gobierno trató en el pasado de reducir las mayorías para que el Congreso y el Senado votaran a los candidatos al Poder Judicial (pasando de tres quintos a mayoría simple), pero Bruselas le dio un toque de atención y Sánchez retiró la iniciativa. La Comisión Europea lleva años urgiendo a España a renovar el Poder Judicial mediante el sistema actual y modificar después la ley para dotar de una mayor independencia a los jueces, como pide el PP. El comisario de Justicia, Didier Reynders, visitó España en septiembre y se reunió con las dos partes implicadas en la negociación, aunque sin éxito. Por ahora, poco parece que vaya a mejorar la situación en los próximos meses.