La obligación de crear zonas de bajas emisiones entra en vigor para 150 municipios en España

• La mayoría de los ayuntamientos todavía no han redactado la regulación local que concretaría los detalles
• La medida, aprobada en Consejo de Ministros, afecta a las ciudades de más de 50.000 habitantes e islas con más de 20.000

Cartel que delimita la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a 31 de diciembre de 2022, en Barcelona, Cataluña

Alrededor de 150 municipios españoles de más de 50.000 habitantes y las islas con una población superior a 20.000 están obligados desde este domingo a aplicar una zona de bajas emisiones (ZBE) en sus territorios si superan los valores límite de contaminantes.

La medida contra el cambio climático, que ha entrado en vigor con el inicio de 2023, afectaría a unos 25 millones de personas, esto es, alrededor del 53% de la población nacional, según los cálculos de distintas organizaciones. No obstante, buena parte de los ayuntamientos todavía no han redactado la regulación local que especificará su funcionamiento y detalles, por lo que no se espera un cambio drástico en la mayoría de las ciudades.

De acuerdo con el Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros, la zona de bajas emisiones debe restringir el acceso a determinados vehículos a esas zonas, fomentar el transporte público y los puntos de recarga de vehículos eléctricos, entre otras cuestiones.

Las estimaciones de diferentes organizaciones del sector del automóvil apuntan que la implantación de estas medidas afectará a casi cuatro millones de vehículos sin etiqueta medioambiental de los en torno a 11,5 millones de coches que circulan en las ciudades españolas en obligación de tener una ZBE en 2023.

¿Qué es una Zona de Bajas Emisiones?

En el último Consejo de Ministros celebrado este año se aprobó el Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones y en él se establecen los requisitos mínimos homogéneos que tendrán que cumplir los municipios afectados.

Así, deberán establecer medidas de carácter continuo o temporal como restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones establecida en el Reglamento General de Vehículos vigente.

Además, los municipios tendrán que definir objetivos cuantificables de reducción de emisiones para 2030 y que sean coherentes con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para la reducción del uso del vehículo privado de motor frente al resto de modos de transporte.

En caso de que se cumpla con los límites de contaminación, la norma permite el acceso excepcional de vehículos contaminantes por razones justificadas, por ejemplo, prestar servicios públicos básicos como emergencias, basuras...

Canarias, la más afectada

Canarias sería la región más afectada de España por tener un porcentaje más alto de coches sin etiqueta, según un análisis del portal especializado Sumauto. Las ciudades canarias de Santa Cruz de Tenerife (44%), Arrecife (44%), San Cristóbal de La Laguna (43%) y Arona (42%), son las urbes con un mayor porcentaje de vehículos sin distintivo medioambiental. Le siguen la ciudad gallega de Ourense (42%), y las castellanoleonesas de Ponferrada y León, ambas con un 40% de coches en esa situación.

En el polo opuesto se encuentra la Comunidad de Madrid, con los municipios de Alcobendas (10%), Boadilla del Monte (12%) y Rivas Vaciamadrid (18%).

"Este parque móvil supone el 16-17 % de toda la flota, sin embargo, supone el 50 % de todas las emisones. Por lo tanto, poner el foco de la restriccion en aquellos vehículos mas contaminantes nos permite mejorar de una manera notable la calidad del aire", ha valorado Borja Carabante, delegado de medioambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid, donde ya este domingo han entrado en vigor nuevas medidas.

A la espera de la regulación local específica

La semana pasada la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval) advirtió de que solo alrededor de 20 de los ayuntamientos obligados (en torno al 13%) han "iniciado la presentación de sus medidas", por lo que han urgido a los consistorios a que publiquen las normativas lo antes posible.

Aneval también apremió a la Dirección General de Tráfico (DGT) para que se ponga en marcha "lo antes posible" la plataforma en la que está trabajando y que deberá recoger en abierto todas las ordenanzas municipales de las zonas de bajas emisiones. Dicha plataforma debería facilitar, por ejemplo, que los servicios utilizados como GPS por parte de los conductores puedan advertir de las restricciones vigentes.

Impacto en el mercado

De acuerdo con algunas estimaciones, el 5% de las compras de vehículos en España ya está motivada por la entrada en vigor de las ZBE en 2023, por lo que la medida ya está impactando de algún modo en el sector.

En cualquier caso, la cifra sigue siendo muy inferior al porcentaje de clientes que afirman que adquieren un vehículo por necesidad (80%) y se mantiene por debajo de quienes compran un coche por aspiración o "capricho" (15%). Este último motivo, de hecho, ha descendido por efecto de la inflación.