Detienen a 43 personas por explotación laboral y regularización fraudulenta de migrantes en Málaga

• El grupo criminal se dedicaba, presuntamente, a la explotación laboral y regularización fraudulenta de migrantes
• Según la investigación, a través de las empresas se formalizaban contratos falsos a cambio de hasta 3.000 euros

Un vehículo de la Policía Nacional durante una operación

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a 43 personas tras desarticular un grupo criminal que, presuntamente, se dedicaba a la explotación laboral y a la regularización fraudulenta de migrantes, mediante contratos de trabajo falsos. Además, se han registrado cuatro domicilios, donde han sido intervenidos 56.985 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles y documentación relevante para la investigación.

Según el comunicado de Policía Nacional, "los explotados eran principalmente ciudadanos marroquíes que se encontraban en situación irregular". Y, una parte de ellos estaban "alojados en condiciones infrahumanas" en casas propiedad de la organización. El entramado, formado por al menos siete empresas del sector agrícola, también facilitaba la comisión de varios fraudes a la Seguridad Social.

"Aprovechándose de su situación de necesidad y de la falta de permiso de residencia y trabajo, el entramado presentaba a estos trabajadores ante las administraciones laborales con las identidades de otros ciudadanos extranjeros que sí estaban en situación regular en el país", señala la Policía Nacional.

Contratos de trabajo ficticios por hasta 3.000 euros

A través de estas empresas, supuestamente se formalizaban contratos de trabajo ficticios con migrantes que, previo pago de entre 1.500 y 3.000 euros, conseguían regularizar su situación obteniendo o renovando permisos de residencia y trabajo. Además, los falsos contratos les permitían cotizar, de manera fraudulenta, en la Seguridad Social y acceder a distintas prestaciones.

Los investigadores consideran que las empresas analizadas podían estar cometiendo varios fraudes tributarios relacionados con los impuestos del IVA, IRPF e impuesto de sociedades, y que el grupo criminal contaba con la colaboración de varios empleados de una gestoría y una abogada.

La investigación policial comenzó el pasado mes de noviembre gracias a una información recibida desde la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Málaga que advertía de la existencia de varias empresas del sector agrícola que estarían utilizando su actividad legal para ocultar la comisión de varios delitos. La investigación también ha contado con el apoyo de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo de Málaga.