La Fiscalía advierte de que no se puede informar de forma generalizada sobre los antecedentes de un maltratador

• Matiza que sí podrán ser informadas tras valorar las circunstancias y el riesgo en cada caso
• El 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género, es gratuito y no deja huella en la factura

Una mujer sostiene un lazo morado, símbolo contra la violencia machista

La Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer ha advertido de que no se puede informar de forma generalizada y automática a las mujeres maltratadas sobre los antecedentes por violencia machista de su pareja, aunque precisa que sí podrán ser informadas tras valorar las circunstancias y el riesgo en cada caso.

Responde así a la consulta del Ministerio del Interior que preguntó sobre la posibilidad de que los agentes de los cuerpos policiales puedan informar a una mujer maltratada de que su agresor ya tiene antecedentes por violencia de género y está incluido dentro del sistema VioGén, ya que se sabe "en estos casos, la actual pareja tiene mayor riesgo de ser agredida nuevamente con más intensidad y menor tiempo de latencia".

Para luchar contra el aumento de crímenes machistas, Interior hizo esta consulta para estudiar cómo podía avisar a posibles víctimas del riesgo que corren al convivir con un agresor persistente tras constatar que en algunos de los últimos asesinatos no constaban denuncias previas, pero el maltratador sí que estaba en el sistema VioGén por agresiones a anteriores parejas.

Por protección de datos

En su escrito, fechado el 13 de diciembre, la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, recuerda que los datos personales están sometidos a la ley de 2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Además, sostiene que el Código Penal dispone que las inscripciones de antecedentes penales "no serán públicas".

Y apunta que en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad de 2019 en la que se establecía el protocolo de valoración de riesgo en casos de violencia de género cuando se denuncian por primera vez no figura "la exigencia de comunicar a la víctima información relativa a los antecedentes de su agresor en caso de que existan".

Solo si fuera "necesario para prevenir"

No obstante, el Ministerio Público indica también que sí se podría facilitar dicha información si una vez examinadas y valoradas las "circunstancias particulares de cada caso", se considera que eso podría resultar "necesario para prevenir".

Además, la fiscal también señala a Interior que si se considera que la comunicación de esa información es "relevante de cara a prevenir la comisión de un nuevo delito", los criterios para adoptar esta medida deberían contemplarse en dicho protocolo.

Por todo ello y con las normativas vigentes, como la ley orgánica contra la violencia de género y el estatuto de la víctima, la fiscalía advierte de que es imperativo valorar si esa comunicación a la víctima "cumple el principio de proporcionalidad manifestado en la normativa de protección de datos". En definitiva, si esta comunicación tiene más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios.

"La transmisión de la referida información a la víctima no puede llevarse a cabo de manera automática y/o generalizada y que únicamente debiera realizarse una vez se concluya, tras el examen y valoración de las circunstancias de cada caso, no solo que los referidos antecedentes suponen un factor de riesgo relevante, sino que comunicar esa información resulta necesario para prevenir una infracción mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección", concluye la fiscal.

Interior puntaliza que nunca se pretendió una alerta "genérica"

Tras el aviso de la Fiscalía y "ante la confusión generada por algunas informaciones", fuentes del Ministerio del Interior han subrayado que "nunca se ha pretendido, planificado o sugerido" la activación de una alerta "genérica" o "automática" frente a reincidentes por violencia de género.

En lo que están trabajando, explican, es en un "protocolo" que permita tasar y ponderar "la colisión de derechos fundamentales", en la misma línea que lo indicado por la Fiscalía el pasado 13 de diciembre.