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Entrevista en TVE

Bolaños ve "lógico" que los condenados del 'procés' pidan su absolución: "Procede que el Supremo revise la inhabilitación"

  • Recuerda que los nueve líderes vieron conmutada su pena de prisión por los indultos y solo corresponde revisar la inhabilitación
  • Subraya que el nuevo Código Penal abarca penas de inhabilitación incluso mayores

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Bolaños ve "lógico" que los condenados del 'procés' pidan su absolución: "Procede que el Supremo revise la inhabilitación"

El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera “lógico” que las defensas de los condenados del ‘procés’ se planteen solicitar una revisión de las penas, pudiendo pedir incluso la absolución, a partir de la entrada en vigor el próximo viernes del nuevo Código Penal, que rebaja la sedición y modifica la malversación. Y cree que “lo que procede” es que el Tribunal Supremo, que les condenó, revise la pena de inhabilitación, “porque la de prisión ya fue conmutada” con los indultos: “Es el funcionamiento normal tras una reforma legislativa”.

En una entrevista en La hora de la 1 de TVE, Bolaños no se ha mostrado sorprendido por la información que publica este miércoles El País relativa a que los nueve líderes que fueron condenados pedirán su absolución: “Lo raro sería lo contrario”.

Fuentes de ERC a TVE han desmentido sin embargo que hayan decidido ya pedir la revisión, aunque es "evidente" que la quieren. En este sentido, han asegurado que los abogados de los condenados todavía están "terminando de decidir la mejor estrategia" y que ésta no tiene por qué pasar por una "petición explícita". De hecho, ven "muy probable" que el propio Tribunal Supremo haga una revisión de oficio y "abra el procedimiento de forma inmediata". Fuentes de Junts han indicado también que las defensas de los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn no pedirán la revisión. Y el sector de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que lideraban en 2017 las entidades soberanistas Òmnium y la ANC, confirma a Efe que tampoco lo hará.

El ministro ha recordado que ahora en el Código Penal hay unos hechos y una tipificación diferentes. Pero las penas de inhabilitación en el nuevo código pueden ser incluso superiores a las que abarcaba la norma anterior, por lo que la revisión no implica necesariamente una rebaja: “Corresponde al Supremo aplicar la disposición transitoria del Código Penal para que la pena se quede en los mismos años o incluso pueda reducirla”.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, es el líder del 'procés' que tiene la mayor pena y su inhabilitación es por 13 años, aunque el nuevo Código Penal abarca penas de hasta 14. En este sentido, subraya que las penas impuestas "entran dentro" de los márgenes del nuevo código. Y ha afirmado que, decida lo que decida el Supremo, el Gobierno lo "respetará por completo".

Bolaños ha defendido que la actuación del Gobierno con la reforma ha ido dirigida a “europeizar las penas”, que en el caso de la sedición en España “eran absolutamente desproporcionadas” y esto explicaba, ha proseguido, “que ningún tribunal europeo diera la razón a España” respecto a las euro órdenes de detención contra los líderes huidos. En cambio, ahora “no hay ninguna excusa para que el Código Penal no se aplique en España y fuera”.

"Los corruptos están peor porque las penas son más duras"

El ministro ha sido preguntado por otra de las consecuencias de la reforma del Código Penal en lo relativo al delito de malversación, después de que la Audiencia Nacional haya pedido a la Fiscalía revisar su petición de penas para un caso de corrupción (el de Acuamed) en base a la futura ley.

Al respecto de dicho caso, Bolaños ha recalcado que se trata de un caso previo a 2015, antes de la reforma del Código Penal del Gobierno de Mariano Rajoy, y entonces el código era “mucho más liviano” que el que ahora entrará en vigor. De todas formas, ve “lógico” igualmente que las partes estudien si les afecta la reforma pero recuerda que “en este caso ni siquiera hay una condena” ni se han juzgado los hechos, puesto que todavía se encuentra en fase de instrucción. Y lo que ha pedido el juez a la Fiscalía es “un tecnicismo procesal”, puesto que le ha dado tres meses para que decida si mantiene su decisión de transformar la causa al procedimiento de sumario, que está previsto para penas superiores a nueve años.

De cualquier forma, el ministro ha incidido en que ahora “los corruptos están peor porque las penas son más duras para el ladrón”. Esto es así, ha sostenido, porque hay un nuevo delito de enriquecimiento ilícito. Y lo que se ha modificado (y rebajado las penas) es para “el desvío presupuestario de fondos dentro de la Administración”, en línea con la europeización a la que ha aludido.

Preguntado sobre si los barones socialistas pueden estar molestos con esta reforma y la posible revisión de penas, Bolaños ha justificado la acción del Gobierno en que “la situación que había en Cataluña en 2017 era insoportable”, con una tensión “que afectaba incluso a familias y amigos, que tenían que dejar de hablar de temas políticos”.

“Es un objetivo fundamental del Gobierno superar esa etapa y estamos en ese camino”, ha proseguido Bolaños, que ha incidido en que la senda del Ejecutivo va en línea de una “mayor convivencia”, que no haya “problemas territoriales” y que se mire en Cataluña “al futuro y no al pasado”.

ERC ve "incoherente" que los condenados de Junts planteen pedir la revisión

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha considerado "un poco incoherente" que los condenados de Junts por el 1-O se planteen pedir la revisión de la sentencia después de la reforma del Código Penal porque el partido de Carles Puigdemont "había pedido siempre la derogación de la sedición, y cuando se ha conseguido (la reforma) no la ha apoyado".

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, ha recordado por otra parte que la modificación legislativa no facilitará el retorno de la líder republicana Marta Rovira, residente en Suiza.

Vilalta ha señalado la derogación del delito de sedición como uno de los avances alcanzados fruto del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, si bien ha replicado al Ejecutivo central que el 'procés' continúa vigente y ha reiterado su apuesta por la celebración de un referéndum.