La Fiscalía propone pedir protección para las víctimas de violencia de género aunque ellas no quieran

• También reclama que se pida la instalación de dispositivos telemáticos si no hay prisión provisional
• Recuerda que en casi de la mitad de los casos de 2022 había denuncias previas

También aboga por la instalación de dispositivos telemáticos en situaciones de riesgo extremo.

La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía ha enviado este miércoles un escrito a los fiscales delegados de Violencia de Género de toda España para coordinar actuaciones destinadas a mejorar la protección de las víctimas, entre las que está pedir medidas cautelares para las mujeres maltratadas aunque ellas no las soliciten o la instalación de dispositivos telemáticos en situaciones de riesgo extremo, alto o medio de especial relevancia.

La fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, propone estas medidas tras un mes de diciembre trágico de feminicidios y un inicio de año igualmente negro, en el que en muchas ocasiones se habían producido denuncias previas por violencia de género.

De hecho, explica que en el año 2022 en el 42,85% de los casos de violencia de género había denuncias previas y solo en seis ocasiones se acordó orden de protección y en otras cuatro se había dictado sentencia condenatoria, y en dos de estos, estaba vigente la prohibición de aproximación.

Según los datos del CGPJ del tercer trimestre de 2022, la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20% (10.302 solicitudes frente a 49.479 denuncias) y las acordadas fueron el 66,7% de las solicitadas (6.873), por lo que en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13,9% de los supuestos denunciados.

"Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género", justifica la fiscal de sala.

Estas medidas llegan después de que esta misma fiscal rechazara que se informara de manera generalizada de los antecedentes de un maltratador.

Intensificar "la actuación proactiva"

Es por eso que Peramato reclama a los fiscales que intervienen en las guardias de violencia de género "intensificar la actuación proactiva" de cara a la protección de las víctimas, solicitando cuando proceda, y aunque ellas no lo interesen, las medidas cautelares que sean necesarias para evitar en la medida de lo posible el riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidio.

Además, apunta que "en aquellas situaciones en las que la Valoración de Riesgo Policial es de riesgo 'Extremo', 'Alto' o 'Medio de especial relevancia', interesarán la instalación del dispositivo telemático de detección de la proximidad, salvo que entiendan que procede acordar la prisión provisional a fin de proteger a las víctimas".

Cuando así proceda, cuidarán de que esta petición "se lleve al escrito de acusación provisional" o al elevar las conclusiones a definitivas a fin de controlar con el dispositivo el cumplimiento de la pena de prohibición de aproximación para el caso de que se dicte sentencia condenatoria, señala el escrito.

La fiscal de Sala pide además a los fiscales que le informen en el plazo de un mes sobre las ventajas de la comarcalización en las provincias y áreas de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a varios partidos judiciales.

VioGén "no es suficiente"

La fiscal de Sala ha apuntado que, aunque los fiscales cuentan en estos casos con la valoración de riesgo policial que se lleva a cabo en el sistema VioGén, esta valoración "no siempre es suficiente" y "en muchos casos" necesitan "para mayor certeza y seguridad, la valoración forense del riesgo y para ello del auxilio de las unidades de valoración integral forense que no existen en todos los partidos judiciales".

Además, ha insistido en la necesidad de cumplir con el Pacto de Estado contra la violencia de género y que se dote de suficiente personal especializado a los juzgados de violencia sobre la mujer para auxiliar a los fiscales en las guardias, así como ampliar la jurisdicción de estos juzgados, adoptando para ello las medidas que fueran precisas para no repercutir en las víctimas los inconvenientes que de ello se puedan derivar.

"Puede ser una medida que garantice que este y otros recursos especializados sean accesibles para todas las víctimas por igual y que fiscales, jueces, abogados contemos en la guardia con el auxilio pericial que garantice una mayor eficacia en nuestras actuaciones en orden a la protección de las víctimas y la exhaustiva investigación de los delitos", ha concluido.