Perú extiende el estado de emergencia en las regiones de Lima, Cuzco y Puno y en otras cuatro provincias

• Se suspenden la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, de reunión y libertad y seguridad personales
• La medida incluye cinco carreteras nacionales, entre ellas la Panamericana Sur, Norte y Central

Una protesta bloquea una carretera en Cuzco, Perú.

El Gobierno de Perú ha prolongado el estado de emergencia desde este domingo y por 30 días en las regiones de Lima, Cuzco y Puno y en otras cuatro provincias y un distrito para controlar las protestas sociales que han dejado hasta el momento 50 muertos.

A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo ha ampliado en las zonas donde en la última semana se han reportado las mayores protestas antigubernamentales el estado de emergencia que el pasado 15 de diciembre entró en vigor en todo el territorio nacional.

La norma establece que, a partir de este domingo, el estado de emergencia regirá en las regiones de Lima, Cuzco y Puno y en la provincia constitucional del Callao. También en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios y en el distrito de Torata, en el departamento de Moquegua.

Asimismo, la medida incluye cinco carreteras nacionales, entre ellas la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Central, el Corredor Vial Sur Apurímac-Cuzco-Arequipa y el Corredor Vial Interoceánico Sur.

"Durante los estados de emergencia (...) quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales", se lee en el decreto.

La policía contará con el apoyo del ejército

La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Detalla que la intervención de las fuerzas del orden se efectúa conforme la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares.

Por otro lado, el artículo cuarto del decreto extiende también a partir del domingo y por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20:00 y las 4:00, que el Gobierno decretó esta semana en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.

En la puneña ciudad de Juliaca, las movilizaciones sociales que piden la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones para 2023 vivieron el pasado lunes su jornada más mortífera, que dejaron un saldo de 17 manifestantes fallecidos.

Desde que arrancaron las protestas en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, 49 personas han perdido la vida, 21 de ellas en la última semana.