Anticorrupción pide 220 años de prisión para el juez y el fiscal responsables del 'caso Cursach'

• Las acusa de delitos de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia
• Ambos fueron los responsables de investigar de la presunta trama corrupta del empresario Bartolomé Cursach

El juez Manuel Penalva durante la instrucción del 'caso Cursach'

La Fiscalía Anticorrupción acusa al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, responsables de la instrucción del 'caso Cursach', de delitos de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia por los que reclama penas de 118 y 121 años de prisión, respectivamente.

Además de Penalva y Subirán, la Fiscalía señala a cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo de Capitales, encargado de la investigación, por delitos similares, además de detención ilegal. La mayor petición de pena de la Fiscalía es la que se plantea para Subirán, que asciende a 121 años y nueve meses de cárcel; para Penalva, solicita 118 años de reclusión, mientras que las de los policías van de los 71,5 años a los 103 años.

Así se recoge en el escrito de acusación planteado por Anticorrupción ante la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que juzgará al juez y el fiscal, apartados en la actualidad de sus funciones.

Penalva y Subirán fueron los responsables principales de la investigación de la presunta trama corrupta en torno a las actividades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y de un grupo de policías que presuntamente le favorecía. Así, se les acusaba de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones, supuestos delitos de los que todos los acusados fueron absueltos por la Audiencia de Palma.

Anticorrupción señala filtraciones a los medios de comunicación

En el escrito, al que ha tenido acceso RTVE, Anticorrupción señala que diversos medios de comunicación divulgaron datos de la instrucción –bajo secreto de sumario entonces– sin que ninguno de "los acusados, cuando no era el que facilitaba la información, impidiera o evitara tal divulgación, ni investigarán quien filtraba tal información". "Mantuvieron su pasividad", pese a ser conocedores de las continuas filtraciones "que afectaban a personas investigadas en una causa en la que estaban interviniendo", añade.

Asimismo, presenta como pruebas las conversaciones en un grupo de WhatsApp, al que llamaron "Operación Sancus", creado para la mejor comunicación y en el que comentaban las noticias con los datos filtrados. El juez Penalva llegó a escribir en el chat que se enviara información a un periodista "porque si no lo tiene mascado no saca nada", mientras que Subirán afirmó "luego le llamo desde una cabina".

Asimismo, Anticorrupción considera ilegales nueve detenciones de funcionarios del Ayuntamiento de Palma, altos cargos municipales y un empresario a quienes el juez instructor consideró presuntamente responsables de una supuesta adjudicación irregular del servicio de control de la zona de aparcamiento regulado de la ciudad, una causa que finalmente acabó sobreseída. Dos de estos detenidos fueron enviados además a prisión provisional.

Igualmente, les acusa de detener ilegalmente a los padres y el hermano del exconcejal de Palma y exdiputado del PP Álvaro Gijón, a quien investigaban después de que un testigo protegido le hubiese atribuido el cobro de una comisión por una adjudicación del consistorio. Este caso también acabó archivado.

Presuntas presiones a testigos e imputados

El pasado mes de noviembre, tras presentar su escrito de conclusiones definitivo del caso, la Fiscalía ya pidió abrir una nueva investigación contra Penalva y Subirán al considerar que "la instrucción estuvo alejada de los principios básicos de lo que debe ser una investigación penal", según recoge Europa Press.

"La labor de un juez de instrucción debe ser garantista y recoger todo lo que se dice, lo bueno y lo malo; debe ser una labor neutral y esta instrucción no se ha producido de esta manera", censuró entonces el fiscal Tomás Herranz.

La Fiscalía enumeró a una serie de testigos que, bajo su juicio, declararon bajo coacción de Penalva y Subirán, y puso de ejemplo algunos testimonios, entre ellos, el de un policía que aseguró en la vista oral que Subirán le amenazó con entrar en prisión si no le gustaba su declaración.

Ahora, en el escrito de acusación se recoge este suceso y otros similares. Por ejemplo, Anticorrupción acusa al juez de presionar a un imputado en el caso si no declaraba contra otro de los acusados.

También asegura que uno de los detenidos habló con un subinspector, sin presencia de un abogado, en el despacho del Grupo de Blanqueo, donde se le mostró un folio con tres círculos en los que ponía 'detenidos, imputados y testigos', y "se le ofreció la posibilidad de pasar de una a otra situación dependiendo del contenido de su declaración".