Dudas sin resolver, "matices" y guerra entre partidos: las claves del polémico plan antiaborto de Castilla y León

• Mañueco zanja que no habrá protocolo antiaborto sino mejoras en la prestación a embarazadas: "No se obligará a nada"
• Contradice a García-Gallardo (Vox), que insiste en que el protocolo será "obligatorio" para los sanitarios

El vicepresidente y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco.

Ni se cambiará el protocolo de atención a mujeres embarazadas en Castilla y León ni se obligará a éstas ni a los médicos “a nada”. Así de contundente se ha mostrado este lunes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha negado que se vaya a implantar un protocolo antiaborto en la región. Pero surgen algunas dudas como por qué su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), insiste en que el protocolo será de “obligado cumplimiento” o qué medidas exactas se van a implantar tras el anuncio de la semana pasada.

Lo que anunció el vicepresidente tras el Consejo de Gobierno del pasado jueves fue una serie de medidas “provida” con el fin de prevenir abortos, entre las que se encontraba un refuerzo de la atención psicológica para aquellas mujeres que lo soliciten, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Cuestiones que ya fueron altamente criticadas entre los partidos de izquierda y asociaciones feministas al interpretarse como un retroceso de los derechos de las mujeres. Incluso el propio PP nacional advirtió a Vox de que no "compartía" estas medidas ni iba a "tragar con cualquier cosa", en palabras del portavoz del Comité de Campaña de los 'populares', Borja Sémper.

Pero lo cierto es que, desde la semana pasada, no ha habido mayor concreción respecto a qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, un periodista preguntó a García-Gallardo cuándo se ofrecería a las mujeres que quieren abortar la ecografía 4D y éste no especificó, alegando que no sabía “mucho de embarazos”. Actualmente, la ecografía 4D no se ofrece gratuitamente en el Sistema Nacional de Salud y tiende a realizarse bajo pago a partir de la semana 24 del embarazo, cuando el aborto libre en España solo es legal hasta la semana 14 de gestación.

Según el propio vicepresidente, las medidas tenían que entrar este mismo lunes en vigor, pero ni el Boletín Oficial de la Junta ha publicado acuerdo alguno al respecto ni los médicos de Castilla y León han recibido instrucción alguna. Incluso el propio Gobierno central, que ha remitido un requerimiento a la Junta para que frene el plan antiabortista, sabe en qué consiste dicho protocolo, pues la única información de la que dispone es lo que se anunció en la rueda de prensa la semana pasada.

Precisamente este lunes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, exigía a la Junta que le remitiese el protocolo para poder analizarlo y le advertía de que no tenía competencias para un plan antiaborto que puede “vulnerar la ley” actual e ir contra el consenso científico en torno al protocolo para las mujeres embarazadas aprobado en el Sistema Nacional de Salud. La Junta, por su parte, respondió al Gobierno en un comunicado asegurando que tiene “plena autonomía” para llevar a cabo el plan anunciado y ha asegurado este lunes que no ha recibido aún el requerimiento del Ejecutivo central.

Mañueco habla de mejorar las prestaciones y Gallardo de “obligatoriedad”

Este lunes no estaban previstas declaraciones a la prensa por parte de ninguno de los dos, pero primero el vicepresidente y luego el presidente de la Junta han querido comparecer ante los medios para aclarar la cuestión tras días de versiones contradictorias y muchas dudas.

Y es que tras el anuncio del jueves protagonizado por el dirigente de Vox, Mañueco negó que se hubiera aprobado “acuerdo alguno que limite los derechos de las mujeres” y aseguró el sábado que en ningún caso los médicos estarían obligados a ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar el latido fetal o realizar una ecografía 4D. Incluso el PP nacional se desmarcó del plan de Vox al asegurar que “no se va a llevar a cabo”. Pero Vox, por su parte, insistía en que el nuevo protocolo comenzaría “inmediatamente”, y el viernes, el consejero de Sanidad de la región, Alejandro Vázquez (PP), admitió que existían “pequeñas matizaciones” en su departamento sobre las medidas antiaborto con “algunos cambios” en los procedimientos.

Este lunes, el primero en tomar la palabra para tratar de aclararlo todo ha sido García-Gallardo, quien ha insistido en que este nuevo protocolo, como todos los demás, es “de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la Sanidad” porque, “si no es de obligado cumplimiento, no sirve para nada”.

En este sentido, ha querido aclarar el “matiz” de que, si bien no se obligará a las mujeres que acuden a un centro a abortar a escuchar el latido fetal o ver una ecografía 4D, para el médico sí será “imperativo” ofrecerles "la posibilidad" de recibir esa información. Y ha negado sentirse “desautorizado” por Mañueco ni por la Consejería de Sanidad. Más aún, ha mostrado su agradecimiento al presidente de la Junta y al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, "por seguir adelante con esta iniciativa".

Apenas unas horas después, Mañueco convocaba a la prensa a una declaración institucional sin preguntas en la que ha negado ningún protocolo antiabortista en la región y se ha limitado a asegurar que se trata de “mejorar la prestación” a las mujeres embarazadas. “No se modifica la cartera de servicios del Estado”, que es “básica y común” para toda España, ha sentenciado.

“Mañueco: "No se obligará a los médicos ni a las mujeres a nada"“

“No se obligará a los médicos a nada ni a las mujeres a nada", ha zanjado el presidente regional, quien además ha subrayado que tiene "muy claro" que "alterar el orden" existente en materia de atención a los embarazos y variar el criterio clínico de los médicos sobre realizar o no determinadas pruebas "puede derivar en coacciones directas e indirectas" hacia las mujeres que quieren abortar, coacciones que la Junta "ni las va a promover ni amparar".

Precisamente, respecto a esta cuestión, García-Gallardo había manifestado días atrás que no puede verse como una “coacción” hacer que una mujer que quiere abortar escuche el latido fetal, puesto que de lo que se trata es de aportar “más información para que puedan tomar la decisión con todas las herramientas”. Este mismo lunes, ha insistido en que no hay ninguna “coacción” puesto que “nadie le va a tirar esa información a la cara a una mujer embarazada”.

Mañueco ha determinado finalmente que “no se modifica” el protocolo para mujeres embarazadas “en ningún caso”, lo que en la práctica se traduce a que los médicos no pueden ofrecer a las mujeres la posibilidad de escuchar el latido o acceder a una ecografía 4D, y ha zanjado: “La voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico seguirán operando en Castilla y León".

El presidente de la Junta ha estado acompañado por el consejero de Sanidad responsable de trasladar por escrito a los sanitarios en qué se traducen las medidas anunciadas el pasado jueves.

Gobierno y el PP se acusan de “atentar” contra las mujeres y “utilizarlas”

Más allá de las medidas y posibles cambios relativos a la atención sanitaria durante el embarazo, lo ocurrido en los últimos días ha desencadenado una serie de acusaciones cruzadas entre el Gobierno, el PP y Vox.

Este lunes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha acusado en TVE a la Junta de tratar de “atentar contra los derechos de las mujeres a decidir libremente”. Y la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha preguntado “dónde está” el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no se ha pronunciado respecto al plan antiaborto de Castilla y León, y le ha llamado “rehén” de Vox.

Para Mañueco, es el Gobierno el que está “utilizando” a las mujeres con fines políticos y le ha exigido que se centre en modificar la "chapuza" de Ley del Sí es Sí "cuanto antes": "El Gobierno solo quiere sacar rédito político y eso es lamentable".

Y el portavoz de campaña del PP para las elecciones autonómicas y municipales, Borja Sémper, ha acusado a Vox y PSOE por igual de aprovecharse de este asunto. "Asistimos a una guerra entre Vox y el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, una guerra interesada que se retroalimenta, que usa a las mujeres en una guerra de bandos", ha indicado. A su juicio, con esta iniciativa la formación de Santiago Abascal consigue "ruido mediático" y a su vez, Sánchez consigue que "se desvíe la atención de temas que sí afecta a las mujeres", como la llamada ley del 'solo sí es sí'.

Por último, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha advertido este lunes, ante la polémica suscitada, de que "los protocolos" sanitarios los hacen "los clínicos en el marco de un consenso, no los políticos" y ha recordado que no se puede obligar a ningún paciente a hacerse pruebas que no desee.