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El tercer hijo del ministro Garzón no ha nacido en un hospital privado, es falso

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Mensajes de Twitter que reproducen la falsa idea de que el tercer hijo del ministro Alberto Garzón ha nacido en un hospital privado de Madrid , con el sello 'Falso' en rojo
Mensajes de Twitter que reproducen la falsa idea de que el tercer hijo del ministro Alberto Garzón ha nacido en un hospital privado de Madrid

Mensajes de redes sociales aseguran que el tercer hijo del ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha nacido “en un hospital privado” en Torrejón de Ardoz (Madrid). Es falso. El pequeño nació el 14 de enero en el Hospital Universitario de Torrejón, un centro sanitario de titularidad pública y de gestión privada.

“¡Pillado! Alberto Garzón tiene a su tercer hijo en un hospital privado!, leemos en un tuit del 18 de enero. Otro mensaje asegura que el hijo del ministro “ha decidido nacer en un hospital privado para no quitarle una cama a los pobres de la sanidad pública”. “El pobre Garzón ha tenido a su hijo en un hospital privado porque le han obligado, no le han dejado más remedio”, dice otro tuit.

Es falso que el Hospital Universitario de Torrejón sea privado. Es un hospital público con gestión privada. En el Catálogo Nacional de Hospitales de 2022 del Ministerio de Sanidad en 2022 puedes comprobar que no es un centro privado, sino que es uno de los Servicios e Institutos de Salud de las Comunidades Autónomas (pág. 260). Este hospital forma parte de la red de centros del Servicio Madrileño de Salud. Se trata de un centro médico gratuito en el que los pacientes no tienen que pagar por los servicios sanitarios. Tal y como explicaba el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en esta nota de prensa, la Comunidad de Madrid aprobó su construcción en el año 2009 con una inversión 100 millones de euros para su edificación y 40 millones de euros para equipamiento y dotación. En la página web del hospital también explican que son un ente prestador de servicio público sanitario.

El Hospital Universitario de Torrejón se define en su web como un hospital público de gestión privada. La empresa Ribera Salud es la encargada de esta gestión desde diciembre de 2018. La gestión privada de la sanidad está permitida en España desde 1997. La ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, autoriza la utilización de “acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas” en la prestación y gestión de los servicios sanitarios. Es decir, la comunidad autónoma es la titular del hospital pero la gestión del servicio la delega a una empresa privada. En este tipo de casos, la ley 14/1986 General de Sanidad expone que la atención sanitaria a los usuarios del Sistema Sanitario “se imparte en condiciones de gratuidad”.

De acuerdo con los datos de la Comunidad de Madrid, en esta región hay cinco hospitales públicos que cuentan con gestión privada: Hospital General de Villalba, Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario de Torrejón y el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Estos centros tienen todos los servicios (asistenciales y no asistenciales) cedidos a una entidad privada o con convenio con otra Administración.

En redes sociales también hemos observado mensajes que señalan que Garzón incurre en una contradicción al recurrir para el nacimiento de su hijo a los servicios de un hospital público con gestión privada porque consideran que ha criticado este modelo sanitario (1, 2 y 3). Lo hacen tras el tuit en el que el ministro ha felicitado a la sanidad pública madrileña por el trato recibido en el Hospital de Torrejón de Ardoz.

El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida ha criticado en anteriores ocasiones el modelo sanitario basado en la titularidad pública y la gestión privada. Lo puedes comprobar en este mensaje que difundió en Twitter el 4 de marzo de 2019: “el modelo público de sanidad universal es más barato y eficaz”. En mayo de 2006, Garzón plasmó en su blog su posición en el debate general entre gestión privada y pública, definiendo a la primera como “gestión antidemocrática”.