La mayoría de españoles se muestra en contra de que el Constitucional pueda "prohibir" al Parlamento debatir leyes

• El CIS pregunta por la decisión inédita del TC de paralizar en el Senado la reforma que le afectaba a petición del PP
• El 73,6% ve "mal o muy mal" que Arnaldo y Narváez participaran en la votación y el 39% culpa al PP del bloqueo del CGPJ

Imagen del exterior del Tribunal Constitucional

El barómetro del CIS de enero ha preguntado a los españoles por la crisis desatada en el mes de diciembre tras la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar en el Senado la reforma legal con la que el Gobierno pretendía desbloquear la renovación del tribunal de garantías. Como resultado, la mayoría de españoles consultados (un 57,2%) se ha mostrado en contra de que los magistrados del TC puedan “prohibir” al Parlamento debatir las leyes. Además, el 73,6% ve “mal” o “muy mal” que dos de estos jueces, cuyo mandato estaba caducado, hayan tomado parte en una votación en la que se decidía “si continuaban o no” formando parte de dicho tribunal. Y la mayoría (un 39%) culpa al PP del bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El barómetro de enero es el primero que se realiza tras la inédita decisión del Constitucional en diciembre, una decisión que desembocó en una crisis institucional y llevó a los partidos a izquierda y derecha a acusarse de “golpismo” y “ataque a la democracia”. Sin embargo, el Centro de Investigaciones Sociológicas no ha preguntado a los españoles por la reforma de la sedición y malversación, que fueron aprobadas poco después en el Senado.

“Hablando de otras cosas” son las palabras con las que el CIS introduce el tema del Constitucional tras preguntar a los ciudadanos por su ideología política. A continuación, pregunta a los españoles si han tenido conocimiento de la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno (ver cuestionario del barómetro).

Un 70,7% de encuestados dice tener algo de conocimiento de la reforma que afectaba al propio Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque muy pocos de los encuestados (un 27,7%) admiten tener “mucho” o “bastante” conocimiento al respecto.

El Ejecutivo impulsó dicha reforma vía enmienda del Código Penal con el fin de rebajar las mayorías en el CGPJ para renovar el TC, ante el bloqueo que se estaba dando en este órgano. La reforma acabó paralizada por el propio Constitucional a petición del PP, que denunciaba que la fórmula empleada conculcaba el derecho de los parlamentarios.

Antes de aprobar las medidas que pedía el PP en su recurso, el TC rechazó las peticiones de recusación solicitadas por el PSOE y Unidas Podemos contra dos magistrados, los conservadores Enrique Arnaldo y Antonio Narváez, que tenían el mandato caducado y estaban afectados directamente por la reforma. Tras la polémica, el tribunal acabó renovándose por los cauces habituales y dio un vuelco hacia el lado progresista.

La mayoría, en contra de que los magistrados Arnaldo y Narváez votaran

Ante lo ocurrido, el CIS pregunta: "¿Qué opinión le merece que dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato estaba caducado por haber concluido el plazo para el que fueron elegidos, tomen parte en votaciones en las que se decide si continuaban o no formando parte de dicho Tribunal Constitucional?". Como respuesta, el 73,6% cree que está “muy mal” (41,7%) o mal (31,9%), frente al 1,8% que dice que no le parece “ni mal ni bien”, el 12,2% que dice que está “bien” y el 3,3% que “muy bien”. Un 6,8% no ha sabido responder o no ha querido contestar a esta pregunta.

A continuación, se pregunta a los encuestados si están “a favor o en contra” de que los jueces del Constitucional “puedan prohibir al Parlamento debatir leyes”. A este respecto, un 57,2% dice estar claramente “en contra”, frente a un 29,4% que dice estar “a favor”. Un 13,4% de los encuestados no sabe o no contesta la pregunta.

Por último, el CIS pregunta a los ciudadanos entrevistados, “por lo que sabe o ha oído”, qué partido es “el principal responsable” de que no se haya alcanzado un acuerdo para renovar el CGPJ y también del Tribunal Constitucional (aunque este último finalmente se renovó hace unas semanas).

Como respuesta, el 39% responsabiliza al PP, frente a un 17,7% que señala al PSOE y un 15,1% que apunta a “los dos por igual”. El 0,3% responde que no tiene culpa ninguno de los dos “por igual”, mientras que un 3,2% señala que son “todos los partidos” quienes tienen la culpa y un 3,8% dice que son otros partidos no mencionados los responsables. Por último, un 21% dice no saber o no querer contestar la pregunta.