La justicia belga mantiene en prisión preventiva a Eva Kaili, la exvicepresidenta de la Eurocámara destituida por el 'Catargate'
- Fue detenida el pasado 9 de diciembre por su presunta vinculación al 'Catargate'
- En el marco de esta trama se investiga si Catar, Marruecos y Mauritania intentaron influir en decisiones del Parlamento Europeo
Un tribunal de Bruselas ha rechazado este jueves conceder un régimen de libertad vigilada a Eva Kaili, por lo que la eurodiputada griega acusada de pertenencia a una organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero en el escándalo 'Catargate' que sacude en el Parlamento Europeo seguirá en prisión preventiva.
"La Cámara del Consejo ha confirmado la prisión preventiva" de Kaili, ha informado la Fiscalía en un comunicado sobre la tercera negativa judicial de liberar a la política socialdemócrata tras su detención el pasado 9 de diciembre y un primer intento en apelación el 22.
En la vista, celebrada a puerta cerrada en el Palacio de Justicia de Bruselas, la Fiscalía se había opuesto "firmemente" a su liberación al considerar que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de confabulación con otros implicados, según informaron a la prensa los abogados de Kailí.
Denuncias por el trato recibido en prisión
Los abogados de la eurodiputada han insistido en que su cliente se declara inocente, argumentando que colabora con la Justicia. Al mismo tiempo, han lamentado que solo haya podido ver dos veces a su hija de 23 meses desde que fue detenida y han denunciado que ha sufrido "tortura" y trato "de la Edad Media" con actos que "violan la Convención Europea de Derechos Humanos".
"Durante 16 horas estuvo en una celda de policía, y no en la prisión, con frío. Se le negó una segunda manta y se le quitó el abrigo. Esto es tortura. La luz estaba encendida constantemente y no podía dormir. Eso es tortura. Estuvo indispuesta, con mucha sangre (por la menstruación) sin poder lavarse. Eso es tortura", dijo a la prensa el letrado Michalis Dimitrakopoulos. Estos hechos ocurrieron "entre el miércoles 11 y el viernes 13 de enero", período en el que Kaili estuvo "incomunicada", agregó el letrado.
Dimitrakopoulos aseguró que la cesada vicepresidenta del Parlamento Europeo "no tenía ninguna colaboración" con Pier Antonio Panzeri, exeurodiputado socialista italiano, al que se le supone el cerebro de la red de políticos, sindicalistas, lobbistas y asistentes corrompidos para defender en Bruselas los intereses de Catar, Marruecos y Mauritania.
Arrestada en la gran redada de Bruselas
Kaili, de 44 años y eurodiputada desde 2014, fue arrestada al igual que Panzeri en el marco de una gran redada en varios inmuebles en Bruselas en la que la policía decomisó teléfonos, equipos informáticos y más de 1,5 millones de euros en metálico.
Parte del dinero estaba en manos de su pareja, el italiano Francesco Giorgi, parte se le incautó al padre de la eurodiputada, Alexandros Kaili, y parte apareció en casa de Panzeri.
En esa operación también fueron detenidos y se encuentran en prisión preventiva Niccolo Figa-Talamanca, un lobbista italiano y secretario general de la ONG No Peace Without Justice (No hay paz sin justicia), y Giorgi, compañero sentimental de Kaili, padre de su hija y antiguo asistente parlamentario de Panzeri.
Giorgi habría confesado su implicación en la red corrupta, pero habría exculpado a su pareja, según medios locales. "Es su marido y le ama. Es el padre de su hijo", se limitó a decir hoy el otro letrado de Kaili, André Risopoulos, preguntado sobre la confesión de la pareja de esta.
El cabecilla de la trama colabora con la justicia
Panzeri, por su parte, ha pactado esta semana con la Fiscalía una condena mínima a cambio de una confesión, en un procedimiento que solo se había utilizado una vez antes en Bélgica y permitido desde 2018 por la "ley pentiti", en referencia a los arrepentidos de la mafia italiana.
Los abogados de Kaili sospechan que la política estuvo incomunicada, precisamente, mientras el Ministerio Público negociaba con Panzeri su confesión y condena.
El exeurodiputado y director de la ONG Fight Impunity (Lucha contra la Impunidad) solo cumplirá un año de prisión efectiva -parte con brazalete electrónico- y pagará una multa de menos de 20.000 euros, además de entregar todo lo obtenido ilícitamente, según los detalles del acuerdo que han facilitado su abogado y la Fiscalía. A cambio, Panzeri señalará a otros corruptos y revelará el funcionamiento de la red y los "acuerdos financieros con terceros Estados".
La Eurocámara reforzará el control
En paralelo, las autoridades italianas han aceptado la entrega a Bélgica de su esposa, Maria Dolores Colleoni, y de su hija, Silvia Panzeri, aunque ambas han apelado. También han detenido esta semana en Milán a su contable, Monica Rossana Bellini.
El escándalo de los sobornos ha sacudido a las instituciones comunitarias y, en particular, al Parlamento Europeo, cuya presidenta, la conservadora maltesa Roberta Metsola, ha prometido reforzar el control para evitar que un caso así vuelva a ocurrir, al igual que el grupo socialdemócrata.
La Eurocámara también ha iniciado el procedimiento para retirar la inmunidad parlamentaria al socialista italiano Andra Cozzolino, para quien trabajaba Giorgi como asistente, y a su compañero belga Marc Tarabella, a quien Panzeri dice haber entregado unos 130.000 euros. Ambos niegan su implicación en la trama corrupta.