La magistrada del TC que se mostró a favor de no imponer el 25% del castellano en las aulas se abstendrá en los recursos

• Laura Díez, propuesta por el Gobierno, ya se lo ha comunicado formalmente al presidente del Constitucional
• Firmó dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano

Laura Díez durante su toma de posesión como nueva magistrada del Tribunal Constitucional.

La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Laura Díez, propuesta por el Gobierno, se abstendrá de redactar la ponencia que se le había encargado sobre los recursos de inconstitucionalidad del PP y Ciudadanos contra la ley catalana que elimina el 25% del castellano en las aulas, después de que el pasado verano firmara dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma.

La magistrada ha acordado que se abstendrá del asunto, según fuentes del órgano de garantías que precisan que Díez no podrá formalizar esta decisión hasta que se haga efectivo el reparto de las ponencias que, por norma, no sucede hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha tenido lugar este mismo jueves.

Díez ya ha comunicado formalmente al presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, su intención de abstenerse en un recurso relacionado con el 25% que se deliberará en el pleno del próximo martes y los sucesivos vinculados con este asunto, según fuentes jurídicas. Lo ha hecho tras conocer el orden de día del pleno que arranca el próximo martes y que tratará un recurso relacionado con la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación al decreto ley del 25%.

Según las fuentes, Díez va a formular su abstención inmediatamente para formalizarla legalmente y ya después tiene que aprobarse por el Pleno, una situación que dentro del tribunal ven "normal" por entender que es "obligada" dada su participación previa en la cuestión, según fuentes jurídicas a las que cita Efe.

Díez fue vicepresidenta del Consejo de Garantía Estatutarias de Cataluña

Laura Díez fue vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, órgano asesor de la Generalitat, que emitió un dictamen sobre el decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación y la ley que reconoce el "uso curricular" del castellano, en los que avalaba la constitucionalidad de esas normas.

Fue el pasado 7 de junio de 2022 cuando Díez, en calidad de vicepresidenta del Consejo de Garantías Estutarias de la Generalitat firmó el dictamen 3/2022, en el que se concluye por unanimidad que la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria "no vulnera" ni la Constitución ni el Estatut, ni en cuanto a la omisión de declarar el castellano como lengua vehicular ni sobre el uso curricular y educativo del catalán y del castellano sin establecer porcentajes.

El dictamen 3/2022 sostenía que la exigencia de establecer un porcentaje mínimo del 25% del castellano como lengua de uso en la enseñanza no universitaria, fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2020, no era un "parámetro de constitucionalidad ni de estatutariedad" que vinculase al legislador y que, por tanto, le obligase a "respetarla".

En el texto se destacaba que el Tribunal Constitucional, del que ahora forma parte Díez, "de forma explícita" no había considerado inconstitucional una ley que no contenga la declaración expresa del castellano como lengua vehicular. En el dictamen se insistía además en que el órgano de garantías había asegurado que omitir la mención del castellano como lengua vehicular no era inconstitucional porque no implicaba la exclusión del castellano como lengua docente.

Días después, el 20 de junio de 2022, Díez firmó, también en calidad de vicepresidenta, el dictamen 4/2022 del Consejo de Garantías Estatutarias aprobado por unanimidad en el que se concluía que la ley por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos (en cuanto a la omisión de la declaración del castellano como lengua vehicular) "no vulnera" ni la Constitución ni el Estatut.

Se trata de la primera abstención de Laura Díez en el Constitucional, si bien fuentes jurídicas apuntan a Efe que vendrán más, derivadas de su anterior puesto como directora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de Presidencia, lo que la relaciona con normas y decretos aprobados por el Gobierno.