Al menos 34 acusados de los Ángeles del Infierno confiesan a cambio de una rebaja de las penas

• Han aceptado condenas de entre tres meses y 12 años de prisión, que pueden ser sustituidas por multas
• La banda habría formado un entramado de negocios como tapadera para blanquear el dinero de sus actividades delictivas

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio contra los Ángeles del Infierno

Un total de 34 de los 49 acusados en el juicio contra la banda motera los Ángeles del Infierno de múltiples delitos cometidos entre 2009 y 2013 tras instalarse en Mallorca han confesado este lunes los hechos a cambio de rebajas de penas y han aceptado condenas de entre tres meses y 12 años de prisión.

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio por esta causa por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, amenazas, coacciones, prostitución, detención ilegal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, extorsión, falsedad en documento oficial, encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho y violación de secretos.

Fruto de los acuerdos de conformidad, 34 acusados han asumido penas de tres meses a los 12 años, que en todos los casos pueden ser sustituidas por diferentes multas, cuando antes oscilaban entre uno y 38 años de cárcel, mientras que los acusados que no se han conformado han pedido su absolución.

Además, el equipo de fiscales ha señalado durante la vista que, en caso de conformidad, no se opone a que los acusados se ausenten de la celebración del juicio, aunque deberán estar a disposición del tribunal por si se les requiriera.

Cuatro encausados siguen en busca y captura

El juicio ha arrancado con casi cuatro horas de retraso debido a las negociaciones de Fiscalía con las defensas de los acusados al objeto de pactar esas conformidades de condena. El tribunal, una vez iniciada la jornada, y tras la lectura de las peticiones de pena, ha recordado que cuatro de los encausados –entre los que están Juan José Valdés, Ímer Cicekdag y Heinz Gansmüller– están en busca y captura por no haberse presentado a la vista.

Uno de los fiscales del caso, José Grinda, ha solicitado asimismo a los magistrados que permitan incluir en la vista a dos acusados más que no fueron incluidos en un primer escrito de acusación, pero sobre los cuales también interesaban apertura de juicio oral por este mismo caso.

Entre los acusados que han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía se encuentra Khalil Youssafi, para el que el fiscal pedía la mayor pena, 38 años y seis meses de cárcel, que finalmente ha aceptado una condena de 12 años y tres meses de prisión.

Sin embargo, su hermano Abdelghani no ha llegado a dicho acuerdo y se enfrenta a una petición del Ministerio Público de 33 años y medio de cárcel. Según la Fiscalía, ambos hermanos eran vicepresidente y tesorero del "capítulo" o grupo de Mallorca de la banda, respectivamente, y están acusados de participar en delitos relativos a la prostitución y al tráfico de drogas.

Tampoco ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Frank Hanebuth, presidente de los Ángeles del Infierno en Hannover y que como destacado líder europeo de la banda decidió formar el "capítulo" de Mallorca, que se enfrenta a una petición de 13 años de prisión.

La rama de Mallorca

De acuerdo con el relato judicial, "los acusados son un conjunto de personas asentadas en la isla de Mallorca que se integraban en una organización delictiva de ámbito internacional y que gira en torno a un club de moteros mundial conocido como 'Hells Angels Motors Club' (HAMC)".

HAMC, fundada en 1948 en Estados Unidos, funcionaría por "capítulos", aparentes "grupos autónomos" que "en realidad se circunscriben dentro de una sólida estructura jerárquica" que ejerce "un control interno de forma coactiva o violenta". El grupo de Mallorca estaba integrado por personas de toda Europa, principalmente alemanes.

Según el Ministerio Público, la banda formó un entramado de negocios, entre ellos inversiones inmobiliarias en España que podía servirle de tapadera para blanquear el dinero de sus actividades delictivas.

Además, la situación geográfica de las islas Baleares, la existencia de negocios de alterne, "la posibilidad de blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, y la presencia de población residente extranjera, que facilitaba las prácticas de extorsión" fueron los motivos por los que, según Anticorrupción, se asentaron en Mallorca.