Un acusado del caso Imelsa asegura que no trabajó en la empresa pública: "Hacía mantenimiento en el PSOE"

• El acusado ha pedido cambiar de abogado en el primer día de juicio
• También se sienta en el banquillo de los acusados el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus

Algunos de los acusados en el caso Imelsa, entre los que está el expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus (en la imagen, a la izquierda).

Francisco Javier Cañizares, uno de los acusados de la pieza de los trabajadores 'zombies' del caso Imelsa, ha pedido cambiar de abogado justo el primer día de juicio, antes de comenzar con las cuestiones previas, porque "quería decir la verdad" y aseguraba sentirse obligado a "decir que trabajaba en Imelsa", cuando, según ha dicho, él se dedicaba a tareas de mantenimiento en la sede del PSOE.

La petición de este acusado se ha producido antes incluso de que las partes pudiesen exponer sus cuestiones previas en el juicio que ha arrancado en la Audiencia de Valencia contra 26 personas por las piezas B y F de Imelsa, y ha propiciado un intenso debate en la sala. Este acusado ha afirmado no sentirse defendido por su letrada, y esta, tras conocer su posición, también ha pedido al tribunal renunciar a la defensa.

Tras asegurar que no reside en Valencia y que se le había impuesto a la letrada que le iba a representar en este juicio, Cañizares ha insistido en que él quiere "decir la verdad". "Quieren que diga que he trabajado en Imelsa y yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el Partido Socialista de mantenimiento", ha insistido.

A la vista de estas declaraciones, la letrada Nuria de Antonio, ha asegurado que era la "primera noticia" que tenía sobre la posición de este investigado y ha planteado la renuncia a su defensa, porque "venía con la intención de presentar una prueba documental que, en su derecho de defensa, no sé ya si le conviene".

No se suspende el juicio

Tras estudiar la petición, el presidente de la Sección Segunda, José Manuel Ortega, ha acordado finalmente no admitir la suspensión del juicio ni el cambio de abogado por no haberse formulado esta petición con más antelación y al estimar que las alegaciones planteadas son "muy genéricas y vagas".

A su juicio, esta petición de renuncia podría tener un carácter intencionadamente dilatorio, y en caso de deberse a una causa sobrevenida se debería haber acreditado con mayor precisión. La posición del presidente de la sala ha sido compartida por el fiscal anticorrupción y por el abogado de la Generalitat, que ejerce la acusación particular. Así, tras un receso, ha arrancado el juicio.

Según el escrito de acusación del fiscal, Francisco Javier Cañizares cobró 108.344,60 euros entre diciembre de 2011 y mayo de 2015 contratado por Imelsa como asesor del entonces diputado socialista y actualmente presidente de la Diputación, Toni Gaspar.

El fiscal cree son falsos tres certificados de trabajos realizados por este acusado para Imelsa que llevan la firma del diputado socialista Raúl Pardos. Por ello, Anticorrupción sostiene que "el acusado jamás acudió a la sede de la empresa pública para la que fue contratado realizando los servicios que venía haciendo en el PSOE, partido para el que desarrollaba el trabajo que le pagaba la empresa pública".

También está acusado el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia

En este procedimiento está acusado también, entre otros, el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus, quien ha afirmado a su llegada a la Ciudad de la Justicia que estaba "muy tranquilo" y ha insistido en su inocencia: "Ya tengo ganas de hablar. Llevó siete años esperando", ha dicho.

Rus, interpelado por los periodistas por si se considera inocente de los hechos que se le atribuyen, ha contestado: "Siempre, siempre". "Ya tengo ganas por lo menos de hablar, porque mis abogados no me dejan. Hoy tenía que declarar pero no sé cómo va. Tengo que estar dos meses aquí y me veréis todos los días", ha añadido.

Junto a Rus hay otros acusados como el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.

Segunda macrocausa de Imelsa

Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, puesto que en mayo se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado 'yonki del dinero', como principal acusado. Se está a la espera de la sentencia.

En las piezas que se van a juzgar ahora, la B y la F, se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y Rubio --también investigado en el conocido como caso Azud-- a oros seis, según se desprende de la calificación provisional del ministerio fiscal.

Fiscalía atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Así mismo, a Rubio le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.

Para el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.

A Marcos Benavent, el ministerio público le aplica la circunstancia atenuante de arrepentimiento y solicita para él nueve años y medio de prisión; mientras que la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, se enfrentan a otros seis años de cárcel.