La Audiencia Nacional suspende una semana el juicio a Camps por problemas con el acceso a la documentación

• El expresidente valenciano se enfrenta a dos años y medio de cárcel por haber beneficiado presuntamente a la trama

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, durante unas declaraciones a la prensa.

La Audiencia Nacional ha suspendido por una semana el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009. Lo ha hecho ante los problemas en el acceso a la documentacón que han sufrido algunas partes. Estaba previsto que el juicio comenzara este lunes sobre unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel y diez de inhabilitación por prevaricación y fraude.

"Debemos parar y dar un lapsus de una semana", ha anunciado el presidente del tribunal José Antonio Mora, que ha explicado que si se causa "indefensión a alguna parte lamentablemente" podría dar lugar a una "nulidad" y a que el juicio tuviese que "volver a empezar tres meses o dos años después".

"Lamentablemente no quedaba mas remedio.  Es algo que ocurre en este tipo de procesos", ha explicado el magistrado ante las quejas de algunos de los letrados, insistiendo en los problemas en el acceso a la 'nube' por parte de algunas partes. "No es una cuestión de esta semana. A lo largo de estos meses se nos ha dicho con reiteración, y no se ha solucionado del todo", ha incidido.

Casi catorce años después del estallido del caso, la Audiencia Nacional todavía tiene piezas de esta macrocausa por juzgar, como la que empieza esta semana. El inicio de la vista oral viene precedido de una cascada de confesiones y conformidades de algunos de los principales nombres ligados a 'Gürtel'. Alrededor de una decena de acusados, incluidos los cabecillas de la red, han pactado con la Fiscalía.

Junto a Camps serán juzgadas más de una veintena de personas, incluidos varios ex altos cargos del gobierno valenciano y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.

Los tres se encuentran desde hace años cumpliendo diversas condenas por Gürtel y en esta pieza, como en alguna otra más, han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El primero ha aceptado una condena de dos años y medio de prisión.

Segundo juicio para Camps por Gürtel

Será su segundo juicio por Gürtel -el primero, conocido como el de "los trajes" y en el que acabó absuelto, le llevó a dimitir en 2011- y lo afronta con "absoluta tranquilidad", según manifestó públicamente esta semana. Además de recordar que "ya son nueve las causas que se han archivado" contra él, el expresident confesó que le "encantaría volver otra vez a la primera línea de batalla", a la política.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía Anticorrupción, Correa, 'El Bigotes' y Herrero, se concertaron con Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market.

El propio Camps remitió el pasado mes de julio un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que pedía que no tuviese en cuenta el aluvión de confesiones recordando que los acuerdos de conformidad solo pueden valorarse como "autoincriminatorios", es decir, para quienes confiesan, sin que puedan condicionar al resto de acusados.

La investigación contra Camps surgió de otro juicio de Gürtel, cuando algunos acusados como Álvaro Pérez, el Bigotes, o el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, le apuntaron como responsable de adjudicaciones a esa empresa.

Las confesiones de Correa y de su número 2

Correa, que ya acumula condenas por más de 90 años de cárcel, ha planteado una condena de 2 años y 3 meses de cárcel y una multa de 134.500 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

"El máximo responsable de los delitos que se imputan en este procedimiento soy yo", escribió de su puño letra en un documento redactado desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) el pasado 6 de julio de 2022.

En su escrito, el líder de la 'Gürtel' se atribuye la idea de crear Orange Market para "obtener contratos de la Generalitat Valenciana y organizar las campañas electorales del PP" allí, "dadas las buenas relaciones que ┴lvaro (Pérez, alias 'El Bigotes') inició con Paco Camps".

Crespo, por su parte, plantea la misma condena que Correa -2 años y 3 meses de cárcel--y reconoce en su escrito que estaba a cargo de la "supervisión contable y financiera del grupo de empresas" de 'Gürtel', teniendo "información puntual y periódica de las actividades de Orange Market".

Jordán, que propone 1 año, 10 meses y 15 días de prisión, deja claro que desde que empezó a participar en la trama la persona que le "exigía y daba las instrucciones" era Crespo, en ningún caso Correa. La acusada también da extensos detalles sobre Camps y 'El Bigotes', a quien el ex presidente valenciano debía "sus mejores momentos de mandato con una imagen íntegra, impecable".

Por último, Herrero reconoce en su escrito que "asistía a reuniones con diferentes funcionarios" para "concretar" los trabajos de cada uno de los eventos y "confeccionar los presupuestos" al tiempo que señala directamente a 'El Bigotes' como quien "conseguía los trabajos". El gerente de 'Orange Market' propone que se le imponga una pena de 7 años y 11 meses de prisión.

La tramitación de los contratos

En los últimos meses, además, también se han adherido a las conclusiones de la Fiscalía otros acusados como la que fuera gerente de la fundación 'La luz de las imágenes', María del Carmen Díaz Quintero, la exdirectora del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa (IVECE) María Auxiliadora Hernández, o el que fuera jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA) Enrique Bort.

A esa adhesión al escrito de la Fiscalía también se han sumado el exjefe de gabinete de la Consellería de Bienestar Social Enrique Navarro, el exgerente de la sociedad Proyecto Cultural Castellón Vicente Farnós de los Santos y la que fuera responsable de la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica Silvia Caballer.

En su escrito, Caballer reconoce que acordó con 'El Bigotes' contratar a Orange Market para el 'II Congreso Software Libre', celebrado en Castellón en mayo de 2005, admitiendo que supo de cuatro facturas emitidas a la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica, cada una por un importe de 12.020,24 euros, fraccionadas para que "pudieran ser tramitados como contratos menores".