El Gobierno aprueba el recorte progresivo del trasvase Tajo-Segura y garantiza que habrá agua para el Levante

• Aumentará el caudal ecológico del Tajo, lo que reducirá el agua que reciben los regantes de la cuenca del Segura
• Ribera defiende la medida para evitar escenarios de escasez por el cambio climático y promete inversiones millonarias

El trasvase del Tajo, en el punto de mira

El Gobierno ha aprobado definitivamente el plan hidrológico del Tajo que recortará progresivamente el agua del trasvase al Segura. El Real Decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros introduce por primavera vez un caudal ecológico para el Tajo, que irá aumentando del caudal mínimo actual de 6 hectómetros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez hasta los 8,65 en 2027, lo que ha provocado protestas de las comunidades afectadas y de los regantes de la cuenca del Segura.

El Ministerio de Transición Ecológica no ha modificado el proyecto original, a pesar de estas protestas y de las alegaciones presentadas por la Comunidad Valenciana, del mismo color político, y de Murcia y Andalucía. La titular de esta cartera, Teresa Ribera, ha defendido que el agua que deje de llegar a través del trasvase se verá compensada con creces gracias a una mayor inversión en desalación y reutilización de agua en la zona afectada, el sureste español.

"Alicante tendrá agua, Murcia tendrá agua, Almería tendrá agua", ha insistido Ribera en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha reivindicado el "compromiso total del Gobierno con el levante". Mientras que en el peor de los escenarios la reducción máxima de agua trasvasada será de entre 70 y 110 hm³, las aportaciones adicionales de agua desalada, reutilizada y ahorrada mediante mejoras en eficiencia en el regadío será, como mínimo, de 140 hm³, ha señalado.

El plan incorpora por primera vez los escenarios climáticos de escasez

La vicepresidenta tercera ha señalado que "lo más importante es anticiparnos a un escenario problemático" de falta de agua, por lo que estos planes hidrológicos "incorporan por primera vez de manera plenamente coherente esos escenarios climáticos". Desde 1980 se ha registrado una reducción del agua disponible próxima al 12%, y las proyecciones alertan de una posible disminución de entre el 14% y el 40% de aquí a 2050.

El plan del Tajo introduce este caudal ecológico para cumplir con la legalidad española y europea, ha reivindicado, ya que este río era el único de gran tamaño que no disponía de una medida similar. Así, cumplirá con el convenio bilateral de Albufeira, firmado con Portugal, y que obliga a España a garantizar un caudal mínimo y una correcta calidad del agua, y con la directiva europea que obliga a garantizar el adecuado estado ambiental de las masas de agua.

"Si uno no anticipa se enfrenta a problemas mayores, así ocurrió cuando durante 11 meses, cuando no fue posible trasvasar un solo hectómetro del Tajo al Segura porque no llovía", ha recordado, en referencia a la situación de 2018. "No podemos garantizar el abastecimiento para agua de boca o usos económicos dependiendo exclusivamente de la lluvia", especialmente cuando los escenarios de escasez serán "cada vez más duros" por el cambio climático.

Además del plan del Tajo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a otros 11 planes hidrológicos de competencia estatal y a los de Galicia costa y Baleares, lo que en conjunto afecta al 86% del territorio y a un 65% de la población. Solo quedan pendientes de aprobación los de Cataluña, Andalucía y Canarias.

De aquí a 2027 se invertirán 22.844 millones de euros en saneamiento y depuración, mejoras de los regadíos o de las infraestructuras de desalinización y reutilización, de los cuales 10.675 millones son de inversión estatal ya planificada. "Nunca jamás ha habido tantos recursos destinado a invertir en agua", ha defendido la ministra. Habrá 1.100 millones de euros para Murcia, 540 millones para Alicante y 44 para Almería.

También se ha aprobado un plan especial para zonas inundables que afecta a tres millones de personas y otro de saneamiento y depuración de aguas -España paga periódicamente multas por incumplir los mínimos europeos de depuración-, además de un plan de lucha contra la contaminación difusa, en la que se incluye por ejemplo la contaminación por nitratos de aguas subterráneas, microplásticos y antibióticos. Según ha apuntado Ribera, cerca de un 40% de las aguas subterráneas no se encuentran en buen estado de conservación, casi un 44% de las superficiales.

Revive la guerra del agua

Frente al Palacio de la Moncloa, donde ha tenido lugar la reunión del Consejo de Ministros, se han concentrado este martes decenas de manifestantes en contra del recorte del trasvase. Denuncian que se perderán miles de hectáreas de cultivo en Murcia, Alicante y Almería, y se destruirán también miles de empleos -15.000 según estima el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura-.

La Generalitat de Ximo Puig había alegado contra el plan del trasvase al considerar que tenía "defectos acaecidos en la tramitación del proyecto" en referencia al hecho de cambiar, posteriormente y sin aviso previo, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua.

La Comunidad Valenciana denunciaba que el Ministerio había eliminado unilateralmente la disposición adicional novena, una salvaguarda para el futuro del trasvase que condicionaba el aumento ecológico al buen estado de las aguas del Tajo. Ribera, por su parte, negó que hubiera consenso sobre este punto y por tanto no se incorporó al plan. "En el último minuto hubo una propuesta de modificación de ese consenso y esa propuesta fue rechazada mayoritariamente por el Consejo Nacional del Agua", afirmó.

Tras la aprobación del decreto, la consellera valenciana de Agricultura, Isaura Navarro, ha calificado esta decisión de "un error que no responde a criterios científicos". "Es una lástima que no se hayan atendido nuestras reivindicaciones", ha denunciado.

Por su parte, el Gobierno de Murcia recurrirá al Tribunal Supremo la decisión ya que, en opinión del presidente autonómico Fernando López Miras, la alternativa al recorte de entre 70 y 110 hm3 que el Ejecutivo español propone suplir con un mínimo de 140 de agua desalinizada no es una alternativa por su peor calidad y su alto precio.