Los letrados de la Administración de Justicia comienzan una huelga indefinida

• Exigen mejoras retributivas acordes a las nuevas funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales
• Los convocantes advierten del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país

Imagen de una concentración de los letrados de la Administración de Justicia ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el pasado mes de noviembre.

Los letrados de la Administración de Justicia de todo el país, los antiguos secretarios judiciales, están convocados desde este martes a una huelga indefinida para reclamar al Gobierno mejoras retributivas y laborales, un paro que puede paralizar miles de juicios y vistas y que desde el Ministerio tachan de "político".

La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ llegan a la convocatoria reclamando el cese del secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, por decir este lunes en una rueda de prensa que la huelga es "política", "sin finalidad profesional alguna" y "contra el pueblo".

Las tres asociaciones que organizan la huelga han decidido mantener su pulso con Justicia tras convocar varios paros el año pasado sin que el Gobierno colmara sus aspiraciones, aunque Justicia sostiene que, de sus once reivindicaciones, solo queda pendiente por cumplir una: la revisión del sistema de productividad y su complemento en la carrera profesional.

Están llamados a la huelga alrededor de 4.300 profesionales en todo el país y ambas partes son conscientes de que el paro, dependiendo de su seguimiento, puede generar muchos problemas en juzgados y tribunales.

Piden mejoras retributivas

Las asociaciones convocantes -Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ)- exigen, entre otras cuestiones, mejoras retributivas acordes a las nuevas funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales.

Para el Ministerio, sin embargo, cualquier reclamación salarial del colectivo está "fuera de lugar". Además, afirma que el salario crecerá de media un 14,76% en tres años.

Según las cifras facilitadas por ese departamento, tras las negociaciones llevadas a cabo, en 2023 el salario de un LAJ que trabaja en el juzgado y está entre los niveles 26 y 28 y oscila entre los 39.011,80 y los 59.537,42 euros, sin tener en cuenta sus retribuciones variables, lo que supone "entre un 79 y un 140% más que cualquier funcionario de la administración del Estado en esos mismos niveles", según el secretario de Estado de Justicia.

Conflicto laboral de meses

La huelga indefinida convocada para este martes es el resultado del conflicto laboral que mantienen los LAJ desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que les ha llevado a protagonizar ya huelgas puntuales -que obligaron a suspender juicios y declaraciones, incluidas algunas del conocido como 'caso Villarejo' en la Audiencia Nacional- y concentraciones.

El conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Las tres asociaciones reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".

En el marco del conflicto, los convocantes llegaron a apelar a la "autoridad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la "gestión insensible e irresponsable" del Ministerio dirigido por Pilar Llop. "Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico", instaron en un comunicado conjunto.

Riesgo de paralización

Las asociaciones convocantes han advertido a Sánchez de la "gravedad" y de la "extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales", que puede generar la huelga indefinida.

Asimismo, subrayaban que también tendrá un "impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia".

En concreto, avisaban de que se paralizarán los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.

Según explicaban, el trabajo de los 4.300 Letrados -funcionarios de grupo A1- dependientes de Justicia es "imprescindible", por lo que su ausencia provocaría "enormes perjuicios" en juzgados y tribunales que se traducirán, probablemente, en nuevas dilaciones de los asuntos en trámite.