Caso Alves: cuando los protocolos contra las agresiones sexuales funcionan
- El personal de la discoteca donde tuvo lugar la presunta agresión actuó siguiendo el protocolo del Ayuntamiento de Barcelona
- DJ o vigilantes de seguridad reciben formación para actuar rápidamente y protegiendo a la víctima
El caso de Dani Alves, en prisión provisional por una presunta agresión sexual en una discoteca de Barcelona, ha puesto el foco sobre el papel de los locales de ocio nocturno para prevenir y actuar en contra de este tipo de violencias. El sector defiende que lo ocurrido con la detención del futbolista muestra que los protocolos de actuación implantados en los últimos años funcionan.
La discoteca Sutton, donde tuvo lugar la presunta agresión el pasado 30 de diciembre, seguía el protocolo No callem (No callamos) del Ayuntamiento de Barcelona, creado coincidiendo con oleada feminista de 2018. Su personal recibió formación por parte del consistorio sobre cómo reaccionar cuando se produce una agresión, y aplicó en este caso lo que marca dicha guía.
Los vigilantes de seguridad de Sutton se dirigieron a la víctima, una joven de 23 años, cuando advirtieron que estaba llorando y se disponía a salir del local junto a sus amigas. Tras hablar con ella, se la llevaron a una oficina desde la que alertaron a los Mossos d'Esquadra y lograron que el protocolo de agresión sexual se activara en instantes: la joven presentó su denuncia, se la condujo al Hospital Clínic para ser examinada y los agentes abrieron la investigación, que ha culminado con la entrada en la cárcel de Alves.
Antes de 2018, que en un caso así la víctima denunciara y el agresor terminara en prisión "hubiera sido improbable, más tratándose de quién es el acusado", señala a RTVE.es Joaquim Boadas, secretario general de la patronal española de ocio nocturno Spain Nightlife y de la catalana FECASARM, asociaciones que han solicitado personarse como acusación particular en la causa contra el exjugador del Barça.
"Pregunta por Ángela": el protocolo internacional contra las agresiones
Esta asociación maneja en sus locales otro protocolo internacional, similar al barcelonés, y al que Sutton estaba en trámite de adherirse. Está bautizado como Ask for Angela, "Pregunta por Ángela", en inglés, y se basa en una guía que se empezó a aplicar en Reino Unido en 2016. Mediante distintivos en el local, y especialmente con carteles en el baño, se informa a las posibles víctimas de un abuso o una agresión sexual que tienen la opción de dirigirse a la barra de la discoteca preguntando por Ángela, una manera de pedir ayuda sin llamar la atención.
A partir de ahí, los camareros o cualquier trabajador del local activarán el protocolo: llamarán a los vigilantes de seguridad, que en un caso de acoso que no haya ido a más separarán, con discreción, a la víctima del agresor y le pedirán a este que abandone el local. Si se trata de una agresión grave y que pueda representar un delito, se avisará a la Policía. En todo caso, protegerán a la víctima y la llevarán a una zona reservada para el personal, tal y como ocurrió en el caso de Alves.
"El protocolo internacional lo que conlleva es la obligación de la discoteca de actuar desde el primer momento y de forma inmediata ponerse a disposición de la víctima para darle apoyo", resume Boadas.
“El protocolo internacional lo que conlleva es la obligación de la discoteca de actuar desde el primer momento“
Si finalmente se produce la agresión, también está establecido "que se proteja al máximo la obtención de las pruebas para que no desaparezcan y que puedan ser, como en este caso, determinantes a la hora de poder incriminar a al acusado". En la denuncia a Alves han sido cruciales para enviar al deportista en prisión la grabación de las cámaras de la discoteca, pero también los testimonios del personal del local y el análisis forense que se llevó a cabo de la víctima en el hospital, adonde acudió con rapidez.
Por ello, Boadas insiste en que "es muy importante formar al personal". "Se forma al DJ, que tiene una visión privilegiada de la pista, al personal de guardarropía, el de seguridad", explica.
Reclaman unificar los protocolos
En Barcelona, 40 espacios están adheridas al protocolo No callem, incluidos festivales como el Primavera Sound o el Sónar, lugares de conciertos como el Palau Sant Jordi y la mayoría de salas de fiesta la ciudad. También hay un protocolo similar, impulsado por la Generalitat, en toda Cataluña y en ciudades como Madrid y en Pamplona. A raíz de la alarma social que generaron los pinchazos el verano pasado, también la Comunidad Valenciana o Baleares impulsaron protocolos específicos, aunque se trataba sobre todo de directrices para el personal sanitario.
El Ministerio de Igualdad pactó el pasado verano con otra patronal del ocio nocturno, España de Noche, un convenio para que las discotecas y bares impulsaran puntos violeta donde prevenir y detectar violencias sexuales. Aquel anuncio coincidió con la crisis de los pinchazos, pero una vez el problema empezó a decaer se desactivaron las actuaciones previstas, explica Vicente Pizcueta, portavoz de esta asociación empresarial del ocio nocturno.
Esta organización ha compartido unas pautas comunes de actuación en sus locales adscritos, pero reclaman que "se conviertan en una guía con algún tipo de reconocimiento oficial", señala Pizcueta. "Se ha visto que cuando las cosas funcionan bien afortunadamente se consiguen resultados", asegura, en referencia al caso del internacional brasileño.
Entre sus recomendaciones a los locales, que resume en "prevención, detección y atención", destaca la importancia de que haya "un alto nivel de coordinación entre el personal de la sala y que se tenga definida la cadena de mando", como ocurrió en Sutton. También incluyen un punto violeta, que piden que sea universal para que todas las afectadas puedan reconocerlo independientemente de en qué ciudad o comunidad estén.
En el ámbito de las pruebas, España de Noche tiene un grupo de trabajo con la Policía Nacional para compartir grabaciones e información en tiempo real, lo que ya ha permitido detener a presuntos agresores. Todos los protocolos existentes son voluntarios, pero "cada vez hay más concienciación para aplicarlos", reivindica Boadas.