El Gobierno y el PP acuerdan reformar la Constitución pero "ceñida" al artículo de la discapacidad

• Es una reformar para eliminar el término "disminuido" de la Carta Magna, tal como reclaman las entidades sociales
• Sería la tercera reforma constitucional tras las que se hicieron en 1992 y 2011

Reunión del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

El ministro de la Presidencia,  Félix Bolaños, y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, han coincidido en avanzar en la reforma de la Constitución para eliminar solo el término "disminuidos" con relación a las personas con discapacidad.

Tras la reunión que han mantenido este miércoles en el Congreso de los Diputados, Bolaños ha explicado que ese acuerdo con el PP para "ceñir" la reforma del artículo 49 debe alcanzar el "máximo consenso" parlamentario y ha confiado en que su aprobación pueda llegar a ser unánime.

"Vamos a hablar en los próximos días para lograr un texto pactado con el PP y con el resto de las fuerzas políticas", y compartido con el sector de la discapacidad, ha señalado el ministro, que ha recordado que se trata de una reclamación histórica de las entidades sociales. "Queremos un texto pactado, consensuado y ajustado a las recomendaciones del Consejo del Estado" y "abierto a todos los grupos", ha insistido Bolaños, tras rechazar incluir otros aspectos aprovechando esta reforma.

Para Bolaños, la reforma cuenta con un "acuerdo social y político muy amplio" para blindar los derechos de las personas con discapacidad y para eliminar ese "término ofensivo".

El PP aleja la reforma de "otros objetivos"

Por su parte, Gamarra ha explicado que ambos han coincidido en abordar en las próximas semanas la reforma "ceñida únicamente al artículo 49" y alejada de las tentaciones de algunos grupos de aprovecharla "para otros objetivos".

El texto de la reforma debe contar "con garantías constitucionales" y con las recomendaciones del Consejo de Estado para "sustituir ese término, por el de personas con discapacidad para que se convierta en realidad", ha añadido.

Gamarra ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya le ofreció al Gobierno el pasado mes de abril abordar este asunto para alcanzar un pacto entre los dos grandes partidos "y hasta el día de hoy no ha llegado este encuentro". "Le vamos a dar prioridad, es importante", ha dicho la responsable del PP: "Si queremos todos, seremos ágiles".

La reforma cuenta con el visto bueno del Consejo de Estado

El Gobierno presentó un proyecto de reforma de ese artículo tras las últimas elecciones, pero hasta el momento no ha conseguido la mayoría cualificada del Parlamento que se requiere para la modificación, es decir, tres quintas partes de la Cámara, 210 diputados.

En su informe, el Consejo de Estado expresó su conformidad con el objetivo de la reforma planteada por el Ejecutivo, aunque le reclamó la simplificación y el retoque de algunos aspectos, como el de regular "la protección especial" necesaria para el ejercicio en condiciones de igualdad real y efectiva de los derechos y deberes de las personas con discapacidad como el resto de la ciudadanía.

Está previsto que el proyecto retome su tramitación parlamentaria tras haber finalizado el plazo de enmiendas parciales, que han presentado grupos como PNV y Cs para extender la reforma a otros ámbitos, como el derecho a decidir en Euskadi o la recentralización de competencias.

También Compromís ha presentado otra enmienda para recuperar el derecho civil valenciano contemplado en la reforma del Estatut de la Comunidad Valenciana en 2006 y que fue frenado por el Tribunal Constitucional.

El PP, que presentó una enmienda a la totalidad para "centrar la reforma solo en el cambio de término", ha insistido este miércoles en la importancia de pactar con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) los cambios.

Será la tercera reforma de la Constitución de 1978, después de las dos registradas en 1992 y en 2011. La primera fue para adaptar la Carta Magna al Tratado de Maastricht y se introdujeron tan sólo dos palabras ("y pasivo") para permitir que ciudadanos comunitarios residentes en España pudieran presentarse como candidatos a las elecciones municipales.

En la segunda, se cambió el artículo 135 para consagrar el principio de estabilidad presupuestaria y de reducción del déficit que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con el PP de Mariano Rajoy tres meses antes de las elecciones generales de 2011.