El fiscal general de Líbano ordena liberar a todos los detenidos por la explosión en el puerto de Beirut de 2020

• Paralelamente, el investigador judicial ha llamado a declarar a principios del próximo mes a una serie de sospechosos
• La explosión causó más de 200 muertos y 6.500 heridos, además de 300.000 desplazados, según la ONU

Imagen de archivo de los destrozos que provocó la explosión del puerto de Beirut

El fiscal general del Líbano, Ghassan Oueidat, ha ordenado este miércoles la puesta en libertad de todas las personas detenidas en relación con la explosión del puerto de Beirut, que en 2020 causó más de 200 muertos y 6.500 heridos, en un nuevo golpe a una investigación objeto de repetidas obstrucciones.

"Hemos decidido liberar, sin excepción, a todos los detenidos en el caso de la explosión del puerto de Beirut y prohibirles que viajen, poniéndoles a disposición del Consejo Judicial en caso de que este se reúna e informando a quien sea necesario", reza una notificación firmada por Oueidat.

El pasado lunes, el juez a cargo de la pesquisa de la deflagración, Tarek Bitar, ha decidido motu propio reanudar el proceso tras más de un año suspendido debido a una serie de denuncias presentadas por ex altos cargos sospechosos de negligencia en el caso.

Algunos detenidos, citados para declarar

El investigador judicial ha ordenado la liberación de cinco de los 17 detenidos en relación con la tragedia y ha llamado a declarar a principios del próximo mes a una serie de sospechosos, entre ellos el propio Oueidat, el ex primer ministro Hassan Diab y dos altos mandos libaneses.

Sin embargo, la Fiscalía considera que Bitar todavía "tiene las manos atadas" en el caso de la explosión, por lo que el proceso no cuenta con un magistrado que pueda decidir sobre los recursos presentados por las personas detenidas "desde hace más de un año" en su marco, según la notificación emitida.

En estas circunstancias, Oueidat ha decidido ordenar la liberación de los 17 sospechosos, amparándose en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que defiende el derecho de los detenidos a la libertad.

"Cualquiera que sea detenido por un cargo criminal debe ser llevado inmediatamente ante un juez u otro oficial autorizado por la ley para ejercer el poder judicial, y debe tener derecho a un juicio en un plazo razonable de tiempo o ser liberado", reza el pacto adoptado por la ONU en 1966.

Diversas organizaciones por los derechos humanos han acusado a ex altos cargos sospechosos de obstruir la investigación de la explosión, y han llamado a abrir una pesquisa internacional ante la falta de avances en el proceso doméstico transcurridos dos años y medio de la tragedia.

La explosión dejó 300.000 desplazados

El incendio se originó en un almacén de explosivos cerca de los silos de trigo del puerto, en un depósito en el que, desde 2014, se encontraban 2.750 toneladas de nitrato de amonio sin custodiar. La enorme onda expansiva pudo sentirse en un radio de decenas de kilómetros y la gran columna de humo rojizo se extendió por el cielo de la capital.

Según estimaciones de la ONU, la catástrofe, que supone uno de los mayores desastres de los últimos años en el Líbano, dejó 300.000 desplazados y unos 9.700 edificios quedaron dañados o destruidos.

Los testigos del suceso describieron Beirut como una ciudad cubierta de cristales, sangre, ambulancias y escombros. Daniel Giménez, un español que se encontraba a ocho kilómetros del puerto en el momento de la explosión, relató a TVE la situación vivida en la ciudad: "He visto a gente sangrando, parte de edificios y ventanas en el suelo... Un caos total".