El Gobierno brasileño afirma que hubo graves fallos de seguridad en el asalto a las instituciones en Brasilia

• El secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia subraya que del lado de los radicales hubo una "acción organizada, profesional"
• Cerca de 1.800 personas han sido detenidas por su supuesta implicación en los ataques

Imagen del asalto al Congreso brasileño, perpetrado el domingo por bolsonaristas radicales

El Gobierno de brasileño ha presentado este viernes un informe en el que señala que los ataques golpistas del 8 de enero contra las instituciones del Estado en Brasil fueron resultado de una "cadena de coincidencias" que incluyen graves fallos de seguridad.

Al presentar el informe, el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, ha señalado que cree en la existencia de una "conspiración", pero ha admitido que "no es fácil probar" esta hipótesis.

Cerca de 1.800 personas han sido detenidas por su supuesta implicación en los ataques, aunque cerca de la mitad responderán a la Justicia en libertad.

El Tribunal Supremo ha incluido al expresidente Jair Bolsonaro en la lista de investigados, para aclarar si instigó a sus seguidores a perpetrar los ataques, que pretendían derrocar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el poder el 1 de enero.

"Faltó dirección y responsabilidad"

Cappelli, quien está a cargo de la seguridad de Brasilia desde después de los ataques, ha afirmado en una rueda de prensa que "en la mejor de las hipótesis, faltó dirección y responsabilidad". "Pero el conjunto de coincidencias puede configurar algo mucho más grave", ha añadido.

El informe trata de aclarar el papel de los órganos de seguridad en relación a los ataques, perpetrados por miles de bolsonaristas radicales contra las sedes del Gobierno, del Legislativo y del Tribunal Supremo.

En especial, el documento apunta la responsabilidad del exsecretario de Seguridad de Brasilia Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia durante el Gobierno de Bolsonaro y está detenido desde el pasado 14 de enero. Cappelli ha afirmado que Torres "generó inestabilidad" en órganos de Seguridad de Brasilia porque, nada más asumir el cargo el 1 de enero, cesó a varios comandantes y permitió que otros salieran de vacaciones.

Dos días antes de los ataques, Torres recibió un informe de inteligencia que exponía la existencia de "una amenaza concreta" y anticipaba los planes de los bolsonaristas de invadir la sede de los tres poderes, pero no se puso en marcha un plan de seguridad especial.

Estaba previsto desplegar 555 policías en el centro de Brasilia, un dispositivo rutinario, pero los vídeos del día de los ataques sugieren que había menos de 150 agentes, según ha puntualizado el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia. Además, para proteger a los edificios públicos se instaló una fila de vallas simples, aunque el protocolo de seguridad aconseja poner vallas dobles en días de manifestaciones, y su vigilancia estaba a cargo de cadetes de la Academia de Policía.

Una acción "organizada y profesional" de los radicales

Asimismo, Cappelli ha subrayado que del lado de los radicales hubo una "acción organizada, profesional", puesto que varios de ellos usaban radiocomunicadores y se coordinaron para derribar las vallas, antes de la invasión de las sedes de los tres poderes.

Según el interventor de Seguridad en Brasilia, se investigará la conducta de los policías desplegados el día de los ataques, ya que fueron omisos e incluso algunos confraternizaron con los agresores.

Las conclusiones del informe señalan que los ataques fueron "planificados" en el campamento montado por los utraderechistas frente al cuartel general del Ejército, en donde vísperas del ataque se congregaron alrededor de 4.000 personas.