Interior no inició los trámites de expulsión del presunto autor del ataque de Algeciras por acumulación de casos

• Fuentes del ministerio explican que estos trámites son "lentos" y los expedientes se resuelven por orden de llegada
• El año pasado se incoaron un total de 34.949 expedientes de expulsión de extranjeros y solo se ejecutaron 2.627

Un furgón policial entra en la Audiencia Nacional donde ha comparecido Yassine Kanjaa, el presunto autor de los ataques a dos iglesias de Algeciras (Cádiz).

El Ministerio del Interior no había pedido aún el salvoconducto a Marruecos para expulsar de España por estar en situación irregular a Yassine Kanjaa, el supuesto autor del asesinato del sacristán Diego Valencia en Algeciras (Cádiz), porque no le había llegado el turno dado el gran número de expedientes pendientes de ejecutar.

Así lo han confirmado fuentes del ministerio a RTVE, que han explicado que estos trámites son "lentos" y que los expedientes se van resolviendo "poco a poco" por orden de llegada. Por todo ello, Interior aún no había pedido nada al consulado de Marruecos. Así, han recordado que el pasado año se incoaron un total de 34.949 expedientes de expulsión de extranjeros y solo se ejecutaron 2.627.

Kanjaa, que residía en España desde 2019, tenía pendiente desde el pasado mes de junio su expulsión al estar en situación irregular. Actualmente se encuentra en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, quien consideró que los ataques de este marroquí de 25 años a dos iglesias de Algeciras se llevaron a cabo "en nombre del yihadismo".

Ante esas informaciones, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado en su cuenta de Twitter que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "tiene muchas explicaciones que dar" y ha anunciado que su grupo ha pedido que las ofrezca en la Cámara.

Mientras, el portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, también ha aprovechado esa misma red social para pedir la dimisión de Marlaska.

Los trámites de expulsión

Para llevar a cabo la expulsión, según la doctrina del Tribunal Supremo, deben darse circunstancias agravantes como tener antecedentes penales, no tener documentación, no tener domicilio fijo, no tener familia, desconocer por dónde y cuándo entró en España, entre otras, añaden las fuentes consultadas.

Mientras se tramita ese expediente, se pueden imponer medidas cautelares para garantizar la ejecución de la posible expulsión que se acuerde, como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas ante la policía.

Como última opción puede acordarse que la persona ingrese en un Centro de internamiento de extranjeros (CIE), donde el plazo máximo de estancia es de 60 días, aunque las ONG denuncian que muchas veces el tiempo de estancia es superior al legal.

Fuentes de Interior consultadas por EFE admitieron recientemente que si bien España es uno de los países europeos con mayor capacidad de retorno, los niveles "están muy lejos de los deseados", e inciden en las trabas que hay para ejecutar las órdenes de expulsión.

En este sentido, señalaron que aparte de tener acuerdo de readmisión, el país tiene que reconocerlo como nacional suyo, tiene que permitir la llegada de esa persona, si no tiene pasaporte es necesario que el país de origen emita un salvoconducto para poder viajar. "Es aquí donde se forma un embudo", reconocieron dichas fuentes.

Subrayaron además que los niveles de retorno todavía son inferiores a los de antes de la pandemia ya que debido al cierre de fronteras y las restricciones sanitarias las devoluciones se pararon.