Podemos denuncia dos contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid al hermano del edil de Movilidad
- Según la formación morada, en ambos contratos parece haber presuntas irregularidades
- El alcalde niega que haya ningún tipo de irregularidades y asegura que ninguna empresa denunció
El candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha presentado este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por dos contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid a la empresa en la que trabaja el hermano del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, el concejal 'popular' Borja Carabante, por un posible delito de prevaricación y tráfico de influencias.
"Ningún gobernante puede conceder contratos públicos a familiares. El Gobierno de Madrid ha beneficiado con dos contratos al hermano de la mano derecha del alcalde", ha lanzado tras presentar la denuncia motivada por las informaciones de elDiario.es.
La denuncia registrada recoge que, el 17 de agosto de 2020, el concejal de Movilidad del Consistorio madrileño, Borja Carabante, aceptó la propuesta de la mesa de adjudicación para la asignación del concurso para soterrar la A-5 en el paseo de Extremadura, según explican fuentes de Podemos Madrid.
Los hechos denunciados
La empresa adjudicataria de dicho contrato, por importe final de 2.543.178 euros, resultó ser la Unión Temporal de Empresas (UTE) Esteyco-Subterra Ingeniería, en la cual trabaja como responsable del Departamento de Delineación un hermano del Borja Carabante.
Un día después de aprobar la adjudicación, Borja Carabante anuló su decisión y pidió por carta al alcalde abstenerse en un proceso que el consistorio, según Podemos, ha mantenido en "secreto". Almeida decretó que aceptaba la solicitud de abstención de Borja Carabante en la adjudicación del contrato y ordenaba a su portavoz, Inmaculada Sanz, que lo sustituyera.
Tras la sustitución, Sanz procedió a la adjudicación final del proyecto para el soterramiento de la A-5 a la misma empresa, publicándose en el Portal de Contratación el 13 de octubre, de nuevo con la firma de la portavoz del Gobierno municipal.
En la denuncia se incluye además un segundo contrato que tuvo lugar en noviembre de 2020 que Almeida adjudicó por 187.000 euros a la misma empresa donde trabaja el hermano de su concejal de Movilidad, y que estaría enfocado en la asistencia técnica para la supervisión de proyectos de Calle 30.
Según la denuncia, la valoración subjetiva de los técnicos del área de Borja Carabante volvió a ser decisiva también en este segundo contrato, y otorgó éste y el anterior contrato a las UTE de Subterra, la compañía en la que trabaja y ostenta un cargo su hermano.
En definitiva, ambas contrataciones parecen recoger presuntas irregularidades que pueden constituir indicios delictivos en la adjudicación de contratos, "de conformidad con lo establecido en los artículos 264 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Piden el cese del concejal de Movilidad
Es por ello que el candidato de Unidas Podemos ha reclamado que el regidor cese al delegado de Movilidad y, de no hacerlo, ha exigido a la oposición que impulse una moción de censura. Esta solo podría salir adelante con los votos de Ciudadanos, miembro del propio Gobierno de la capital.
Entiende, además, que la figura de Carabante sale "muy desgastada" de esta situación y ha exigido de nuevo que se aplique "transparencia" a una situación donde "existen irregularidades".
Es la segunda denuncia que un partido de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid presenta ante la Fiscalía Anticorrupción. Marta Higueras, concejala del Grupo Mixto, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada por el contrato que el Ayuntamiento de Madrid firmó para proyectar el soterramiento de la A-5 con las empresas Esteyco y Subterra.
El alcalde niega que haya habido irregularidades
En una entrevista en Las Mañanas de RNE, el alcalde ha negado que haya irregularidad alguna en la adjudicación del contrato, y ha advertido de que llevará a los tribunales las acusaciones "sin pruebas".
"Que quede claro, a quien acusa sin pruebas nos vemos los tribunales", afirmó ayer Almeida, quien añadió que acusaciones "tan graves deben ir acompañadas de un mínimo probatorio" porque ponen en duda el honor y la carrera política o profesional de las personas.
Almeida ha sostenido que no conoce "ni un solo indicio de que se pudieran haber cometido irregularidades", y que tampoco lo encontraron las empresas que concurrieron a la adjudicación del contrato.
Con respecto a las acusaciones, el alcalde ha afirmado que "es la única forma que tiene la izquierda de ganar elecciones", "embarrando y manchando el nombre de las personas", no solo de los políticos, sino de otros "cuyo único pecado es tener una relación familiar con alguien que está en política".