Desconocimiento, burocracia o brecha digital: causas de la poca acogida de la TUR vecinal y del nuevo bono social

• Tres meses después de su puesta en marcha, el número de beneficiarios está muy lejos de las previsiones del Gobierno
• Solo 2.000 comunidades se han acogido a la tarifa regulada de gas y apenas 2.300 familias al descuento del 40%

Una persona apoya su mano en un radiador

Más de un millón de familias tienen derecho a la tarifa regulada de gas para calderas comunitarias (conocida como TUR4) o al nuevo bono social de ‘justicia energética’, pero no se benefician. Ambas medidas, aprobadas por el Gobierno en el mes de octubre, tienen como objetivo contrarrestar los efectos del aumento de precios en la energía en las comunidades de vecinos con calefacción central y en hogares trabajadores con bajos ingresos. Sin embargo, tres meses después de su puesta en marcha, las cifras reales están lejos de las esperadas.

En el caso de la TUR4, el Gobierno calculaba que podría beneficiar a 1,7 millones de hogares, a los que les podría suponer un ahorro del 50 % en su factura del gas. Por contra, y según los datos facilitados por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en enero solo había llegado a unas 2.000 comunidades.

Un escenario similar se da con la nueva categoría de bono social, que eleva el umbral de renta para llegar hasta 1,5 millones de hogares que antes quedaban excluidos de estas ayudas. De ellos, hasta enero solamente lo habían hecho 2.300.

Pero, ¿qué hay detrás de estas cifras? Los expertos consultados por RTVE.es coinciden en que, en la mayoría de casos, no se piden por falta de información: sus destinatarios no conocen la existencia de estas ayudas o no cuentan con los conocimientos informáticos para tramitarla.

TUR4: “Le costará echar a andar, pero va a funcionar”

“Al sistema le costará echar a andar, pero seguro que va a funcionar”, apunta el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, Pablo Abascal. En su opinión, la “lentitud” de su acogida está relacionada con los requisitos que la acompañan: “Pedimos al Gobierno que pusiese en marcha una tarifa específica para las comunidades con caldera central de gas y así lo hicieron. Pero claro, tampoco puede ser que eso salga gratis a los que no son eficientemente energéticos… no podemos darle una tarifa barata al que no se esfuerza”, añade.

Entre ellos, las comunidades beneficiarias deberán instalar en cada vivienda contadores individuales de calefacción o repartidores de costes antes del 30 de septiembre de 2023. Además, el consumo de gas deberá situarse en la media de los cinco años anteriores; de no hacerlo, se les aplicará un recargo del 25 %. Por último, tendrán que haber pasado la inspección de eficiencia energética y estar al día la revisión de la caldera.

“Respecto a los repartidores de costes, está demostrado que permiten un ahorro de al menos un 20% del consumo y existe una moratoria hasta la campaña del año que viene para instalarlos”, explica. Sin embargo, “el principal problema” que encuentra Abascal reside en la evaluación energética de la sala de caldera: “Hay un cuello de botella por la falta de entidades certificadoras, por lo que nos hemos vuelto a dirigir al Gobierno para que permita también una moratoria en la elaboración de estos informes, pero aún no hemos recibido respuesta”, asegura.

Con todo, reclama “paciencia” y se muestra “convencido” de que los objetivos se van a cumplir, pues así lo demandan también desde la Comisión Europea. Cabe recordar que el 80% del parque inmobiliario español es ineficiente y es el responsable de la emisión del 40% de gases de efecto invernadero y del 30% del consumo de energía. “Ahora hay una oportunidad única gracias a los fondos europeos”, apunta Abascal, algo que no solo tiene beneficios en el bolsillo de las familias, sino también “en su salud y su confort”.

400.000 viviendas han instalado repartidores de costes

En la misma línea, desde la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (AERCCA) creen que el balance “en términos generales" es "positivo”: “El precio de la energía y las oportunidades de ahorro que suponen la TUR4 y la instalación de repartidores de costes han hecho que muchas comunidades hayan querido dar el paso e instalarlos”, recalca su presidente, Ignacio Abati. De hecho, explica que en su compañía, ISTA, han recibido “una enorme cantidad de peticiones”, lo que les ha llevado a un incremento de la plantilla en los últimos meses.

No obstante, Abati confirma que no todas las viviendas que podían acogerse a la TUR4 instalando repartidores de costes de calefacción lo han hecho. Algo que, bajo su punto de vista, responde a dos factores: por un lado, porque los vecinos suelen posponer la decisión; y, por el otro, porque muchas comunidades ya tenían encendida la calefacción y prefieren esperar a los meses de verano para hacer la transición.

“Sin embargo, estamos seguros de que, tras la llegada de las primeras facturas de calefacción, serán muchos los propietarios que soliciten la instalación para poder acogerse a la TUR4 y empezar a controlar su consumo de energía”, recalca.

La poca acogida de la TUR de Ahorro Vecinal contrasta con el aluvión de solicitudes que recibieron las comercializadoras a final de año para pasarse al mercado regulado de gas: solo en diciembre fueron 100.000 los clientes que pasaron del mercado libre a la TUR, cifra a la que hay que sumar otros 230.000 que lo hicieron en los meses anteriores. En total, ya hay más de dos millones de hogares acogidos a esta tarifa.

Por contra, según sus datos, son aproximadamente 400.000 viviendas (un 25% del total de 1,6 millones de viviendas en toda España) las que han realizado ya la instalación de los repartidores de costes, adaptándose a la normativa vigente, y posteriormente harán el cambio a la TUR para comunidades.

Bono social: desconocimiento y brecha digital

En el caso del nuevo bono social de ‘justicia energética’, las expertas consultadas creen que la poca acogida va asociada al desconocimiento por parte de los consumidores: “Fundamentalmente, lo achacamos a la falta de información, ya que del millón y medio de beneficiarios previstos aún no lo han hecho ni 3.000 personas”, apunta Charo Romero, técnica del programa ‘Ni Un Hogar Sin Energía’ de la Fundación ECODES.

En su opinión, “no hay otra explicación lógica posible” teniendo en cuenta los alarmantes datos relacionados con la pobreza energética. Y es que, según Save the Children, solo el 16% de los hogares españoles que no pueden pagar las facturas de la luz y el gas cuenta con el apoyo del bono social, en un contexto en el que 4,5 millones de personas abonan sus facturas con retraso por dificultades económicas. “Creo que es desconocimiento, fundamentalmente, porque si no, ¿quién no va a querer acogerse a un descuento del 40%?”, se pregunta.

En este sentido, Romero recuerda que estas ayudas se dirigen a un sector de población que “normalmente no se cataloga como vulnerable”, por lo que “no son conscientes de que pueden ser beneficiarias de las mismas”. Cabe recordar que esta medida de refuerzo está destinada a familias con varios miembros cuya renta conjunta esté por debajo de los 27.720 euros; a personas que vivan solas y ganen 16.800 euros; o familias monoparentales con ingresos de máximo 25.200 euros.

A esto hay que añadir, destacan desde la Fundación Luz Solidaria, el problema de la brecha digital: “Hemos detectado que un 60 % de personas que atendemos no saben que tienen derecho a esta ayuda, pero el 40 % restante no cuenta con los recursos o conocimientos tecnológicos suficientes para realizar los trámites”, denuncia su presidenta, Isabel Jiménez. “Este bono está destinado a personas que no pueden pagar la luz, pero se da la paradoja de que solo se puede pedir por internet. ¿Cómo van a gestionarlo si no tienen internet en casa ni ordenadores?”, lamenta.

Por si fuera poco, rellenar estos formularios se antoja una tarea muy complicada para estas personas. “En general, la información no está adaptada a las personas a las que va dirigida... no saben lo que tiene que presentar y muchas veces las ayudas son denegadas por errores en la burocracia”, añade Jiménez.

Ampliar las comercializadoras, un reclamo en ambos casos

Ante este contexto, las fundaciones piden oficinas presenciales de atención al público y campañas de difusión más activas, por ejemplo en los colegios, para llegar al mayor número de familias. Además, reclaman que se automatice la concesión de las ayudas: “Si sabes que hay un millón de familias que están en esa horquilla de ingresos, ¿por qué no hay una aplicación directa?”, se pregunta Romero.

Por último, los expertos consultados solicitan que se amplíe el número de comercializadoras que pueden ofrecer estos servicios. Y es que actualmente la tarifa TUR de Ahorro Vecinal o al bono social solo se puede adquirir a través de cuatro comercializadoras: Gas&Power, del Grupo Naturgy; Energía XXI Comercializadora de Referencia, del Grupo Endesa; Curenergía, del Grupo Iberdrola; y Baser, de TotalEnergies. Lo que limita enormemente las opciones de llegar a todos los potenciales beneficiarios.

“Queremos ser optimistas, pero también lanzamos un mensaje: tenemos que facilitar los trámites para todas estas familias. Si no lo hacemos, si no ponemos puntos de atención presencial, los colectivos más vulnerables se van a quedar fuera del sistema”, añade Jiménez, para después sentenciar: “Porque quién tiene problemas para pagar la factura de la luz, también lo tiene para pagar la cesta de la compra y tendrá dificultades para acceder a la educación o a las oportunidades laborales. Y eso una sociedad no se lo puede permitir”.