Luceño se niega a declarar por un presunto fraude de 1,3 millones de euros en el caso de las mascarillas

• Guarda silencio tras ampliarse los delitos que se le imputan a presunto fraude a Hacienda y falsedad documental
• Una inspectora de la Agencia Tributaria dice que el comisionista no tenía voluntad de regularizar su situación

El comisionista Alberto Luceño a su llegada a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla.

El empresario Alberto Luceño, investigado por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en el caso de las mascarillas, ha guardado silencio ante el juez acerca del presunto fraude de 1,3 millones de euros a Hacienda que se le imputa.

A su salida, Luceño se ha parado ante la prensa que esperaba a las puertas del juzgado, aunque se ha limitado a agradecerles su labor. Mientras, una inspectora de este organismo ha revelado que el comisionista les comunicó que no regularizaría su situación hasta que finalizase esta causa penal en la que está inmerso.

A diferencia de otras ocasiones, Alberto Luceño ha decidido no contestar a ninguna pregunta durante su comparecencia este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, al que ha acudido tras ver ampliada su imputación por un delito agravado contra la Hacienda Pública y por falsedad en documento oficial a raíz de que los investigadores hallasen en su casa una placa del CNI falsa y por la "manipulación de una serie de documentos" atribuidos al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Ni el juez ni las acusaciones han podido preguntarle, por tanto, por los 78 archivos y documentos que halló la Policía en registros a sus propiedades y que tendrían diferentes versiones de una carta atribuida a Almeida y dirigida a este empresario con destino a "algún responsable" de China para intentar conseguir material sanitario.

Tampoco sobre la placa y la tarjeta del CNI "íntegramente falsas" encontradas en su casa y con las que el juez sospecha que pudo "distorsionar su actividad y profesión para facilitar el presunto engaño" al Ayuntamiento de Madrid en la operación de compraventa de mascarillas por la que él y el aristócrata Luis Medina están siendo investigados en esta causa.

Proceso penal "mediático"

Fue precisamente en el marco de la obligación de tributar los ingresos que le reportó su actividad de intermediación en esta operativa donde Hacienda vio que Luceño habría dejado de ingresar a las arcas públicas 1.351.386 euros en 2020, conducta que le valió la imputación de un nuevo delito.

Al respecto, la jefa del Equipo de Investigación de la Agencia Tributaria ha indicado que nunca vieron en él intención alguna de abonar a Hacienda el dinero que le correspondía y que incluso les llegó a comunicar que estaba inmerso en un proceso penal "mediático" y que hasta que no acabase no regularizaría su situación, según ha explicado a los medios Nuria Zapico, abogada de Más Madrid, que ejerce la acusación popular en la causa.

La inspectora ha explicado además al juez, según informan a EFE fuentes jurídicas, que Luceño debía tributar sus ingresos como persona física y no a través de su sociedad, Takamaka Invest, que además no estaba constituida en el momento de desarrollar su actividad, sino que lo hizo después.

El conocido como caso mascarillas gira en torno a una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de mascarillas, guantes y test al inicio de la pandemia. Una operación por la que Luis Medina y Alberto Luceño -imputados por delitos como estafa, blanqueo o falsedad- se embolsaron más de 6 millones de dólares y que costó al consistorio 11,9 millones.