Ortega asegura que la deportación de 222 presos políticos no es fruto de una "negociación o trueque" con EE.UU.

• "No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones", ha afirmado el mandatario
• La lista inicialmente era de 228 presos, pero 4 han sido vetados por EE.UU. y dos no han querido irse

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, muestra la lista de los 222 presos políticos excarcelados y expulsados a EE.UU.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha señalado este jueves que no le está pidiendo a Estados Unidos que levante las sanciones a funcionarios de su Gobierno, tras la excarcelación y expulsión hacia el país norteamericano de 222 presos políticos nicaragüenses.

"No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones", ha segurado el mandatario desde el centro de convenciones Olof Palme, en Managua.

"No estamos pidiendo nada a cambio", ha sostenido Ortega en el acto transmitido por cadena nacional, y en la que ha celebrado que ahora en Nicaragua no quedan "golpistas", "terroristas", ni "mercenarios".

Para Ortega, la excarcelación y expatriación hacia Estados Unidos de los 222 prisioneros ha sido un hecho "sorprendente". Ha recordado que en diferentes ocasiones había planteado ese escenario, como el 8 de noviembre de 2021 cuando llamó "hijos de perra de los imperialistas yanquis" a los opositores presos y ha sugerido que "se los deberían de llevar para los Estados Unidos", porque, a su juicio, "dejaron de ser nicaragüenses, no tienen patria".

Por tanto, según Ortega, su Gobierno ha decidido unilateralmente excarcelar a los prisioneros para enviar "un mensaje para la paz, para la estabilidad, para que el pueblo nicaragüense esté convencido de que todo lo que hacemos es para asegurar la paz", y que a EE.UU. no le han "pedido absolutamente nada".

"Esto no es un truque; te doy esto y me das aquello", ha sostenido el mandatario, para quien los prisioneros "están regresando a un país donde los han utilizado sus gobernantes".

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha exigido este jueves al Gobierno de Ortega que restituya los derechos de los 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos.

Hubo una solicitud a Washington de acoger a presos

Hace unos días, su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, llamó por teléfono al embajador estadounidense en Managua, Kevin Sullivan, quien tenía previsto un viaje a su país, y le planteó que Washington acogiera a los prisioneros.

"No se trata de negociar nada", ha aclarado Ortega, quien ahora ha calificado a los presos políticos de "víctimas de las políticas imperialistas, que los utilizan, los financian, los arman, y luego los mandan a buscar como destruir la paz de un país, como la que venía gozando Nicaragua hasta abril de 2018".

El líder sandinista ha dicho que no esperaba una respuesta positiva de EE.UU. a la solicitud, la cual, ha remarcado, que se hizo sin pedir nada a cambio.

El embajador Sullivan primero les dijo que iba a consultar con la Casa Blanca y luego les preguntó qué a cuántos iban a excarcelar, y su Gobierno respondió que a todos, incluyendo al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, que al final no aceptó.

Finalmente Washington pidió una lista de prisioneros y dijo que se llevarían a todos en un solo vuelo este jueves. El líder sandinista ha indicado que enviaron a Washington una lista de 228 presos y la Casa Blanca vetó a cuatro de ellos, incluido uno, Eliseo de Jesús Castro Baltodano, quien había guardado prisión en Estados Unidos y luego deportado en febrero de 2006 por violencia contra las mujeres.

Los otros tres vetados fueron Walter Antonio Ruiz Rivera, Jaime Enrique Navarrete Blandón y el abogado José Manuel Urbina Lara. "Nos dijeron que ellos no podían. No nos dieron razones", ha explicado Ortega.

La lista quedó en 224 prisioneros, de ellos han viajado 222, porque dos de ellos no quisieron subir al avión: el obispo Rolando Álvarez y Fanor Alejandro Ramos, este último condenado también por tráfico de drogas.

El obispo Álvarez Lagos se niega a irse

El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, ha sido trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto pasado, al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua.

Así lo ha informado el presidente Ortega durante una cadena nacional de radio y televisión, en la que ha afirmado que el obispo Álvarez estaba incluido en la lista, pero que él se negó.

Según Ortega, el jerarca fue trasladado por agentes policiales de su casa de habitación, en Managua, hacia la Fuerza Aérea, en donde aterrizó un avión privado de EE.UU. El mandatario sandinista ha indicado que el obispo estaba haciendo fila, pero antes de subir las gradas del avión, comenzó a decir que no se subiría, porque "primero tendría que hablar con los obispos".

"Exige hablar con los obispos, una reunión con los obispos", ha criticado Ortega, quien remarcó que la decisión de expulsar a los prisioneros "es una decisión del Estado nicaragüense", que no se puede "cuestionar".

"No se qué piensa este señor (Álvarez), que frente a una decisión del Estado nicaragüense, él dice que no acata, una resolución de un poder del Estado que lo está mandando a irse de país", ha reprochado. En cambio, sí subieron al avión un grupo de 11 religiosos, entre ellos sacerdotes que también guardaban prisión.

El mandatario ha explicado que no podían subir a la fuerza al obispo Álvarez, debido a que parte del acuerdo con las autoridades de los EE.UU. era que los prisioneros nicaragüenses tenían que subir por su voluntad.

Ha precisado que en vez de llevarlo a su casa de habitación, donde "se le ha tratado de una manera increíble, como a ninguno en este país", lo han traslado a la cárcel modelo, una prisión de máxima seguridad ubicada en las afueras de Managua, porque "él es un hombre común y corriente. El hábito no hace al monje".

Álvarez, de 56 años, fue acusado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad, y enfrentará el juicio el 15 de febrero próximo.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.