Colau declarará como imputada el 13 de marzo por supuestas presiones a un fondo de inversión

• Tendrá que acudir a declarar por los delitos de coacciones, malversación y prevaricación
• También están citados la concejal de Vivienda, el de Derechos de Ciudadanía y una funcionaria municipal

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una imagen de archivo.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, deberá comparecer el 13 de marzo como investigada (lo que antes se conocía como imputada) ante la jueza que investiga si cometió los delitos de coacciones, maversación y prevaricación al sancionar al fondo de inversión Vauras por haber intentado desahuciar a familias vulnerables del edificio Bloc Llavors, sin ofrecerles antes alquiler social, como establece la legislación catalana.

Lo ha anunciado la propia Colau en rueda de prensa este martes, en la que ha informado que la Audiencia de Barcelona le ha citado a declarar tras reabrir la causa en abril de 2022, cuando ordenó investigar a la alcaldesa después de que la causa fuera desestimada por el juez por falta de indicios.

La titular del Juzgado de instrucción número 18 de Barcelona también ha citado a declarar como investigados por los mismos delitos al concejal del distrito de Sants-Montjuïc y de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, a la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, y a la jefa de la Unidad de Antiacoso y Disciplina de Vivienda del Ayuntamiento.

La jueza investiga la querella de Vauras Investiments, en que se acusa a Colau y a los otros tres denunciados de presionarles para forzarlos a destinar inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la "amenaza" de no concederle licencias de obras.

En noviembre de 2020, la jueza no admitió a tramite esta misma querella ni practicó diligencias porque no vio ningún indicio de delito, como tampoco lo vio la Fiscalía cuando Vauras apeló pero, en abril del año pasado, la Audiencia Provincial de Barcelona le ordenó reabrir la investigación y citar a declarar a los denunciados.

Convencida de que será "archivada de nuevo"

En declaraciones a los medios, la alcaldesa se ha manifestado este martes "muy tranquila" y convencida de que la querella será "archivada de nuevo" y "quedará en nada", pero ha manifestado su sorpresa porque la citen a declarar "cerca de las elecciones" y sin que ella sea "relacionable" con ninguno de los hechos.

La primera edil ha explicado que lo que hizo el Ayuntamiento es pedir al fondo Vauras "el estricto cumplimiento" de la ley catalana 24/2015 para que ofrecieran alquiler social a las familias que vivían en el inmueble, ya que habían diversos casos de vulnerabilidad debidamente acreditada, ha señalado.

"Un requerimiento que Vauras no respetó y procedimos a poner sanciones por incumplimiento de la ley", unas sanciones que el Ayuntamiento retiró en mayo tras recibir una orden del juez.

A raíz de las sanciones, el fondo de inversión puso una querella contra el Ayuntamiento, que fue inadmitida a trámite en noviembre de 2020, ha recordado Colau: "Ni tan solo se ordenaron diligencias, tanto Fiscalía como la juez tuvieron muy claro y fueron muy rotundas diciendo que los hechos no constituían ningún tipo de delito", ha subrayado.

"Mismo patrón"

Para Colau, llama la atención que la Audiencia de Barcelona haya decidido reabrir la causa, que "ya estaba archivada". A su juicio, responde al "mismo patrón" de mal uso de la justicia que usan los "sectores económicos especulativos" para "intimidar" a quienes pretenden proteger a la ciudadanía de sus abusos de poder. "Lo que buscan es conseguir titulares y la imagen de una alcaldesa que tiene que ir a declarar", ha señalado.

Por su parte, Serra ha considerado que lo que hay tras esta querella es un "interés político de desgaste de un gobierno valiente" y ha señalado que "cuesta de entender" que la juez cite a declarar a la alcaldesa como investigada "cuando no ha intervenido en ningún momento" por lo que está en una situación de "imposible autoría".

La concejala de Vivienda ha señalado que el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto unos 40 expedientes por incumplimiento de la ley catalana de emergencia habitacional desde 2019 como el del Bloc Llavors y solo en este se ha encontrado con una querella penal. También ha explicado que Vauras "acumula otros episodios de irregularidades" en la ciudad y "un histórico de prácticas especulativas muy agresivas".