El Gobierno admite un error en la redacción de la ley de protección a la infancia que afecta a la prescripción de delitos

• Un párrafo de la norma dice que la prescripción empieza cuando la víctima cumple 18 años, pero en otro habla de los 35
• Derechos Sociales ha confirmado que el error será subsanado, si bien no ha especificado cuándo se hará

El Gobierno admite un error en la redacción de la ley de protección a la infancia que afecta a los plazos de prescripción de delitos

El Ministerio de Derechos Sociales ha admitido este martes que la ley de protección a la infancia, también conocida como ley 'Rhodes', cuenta con una "errata" que genera una contradicción acerca de los plazos de prescripción de delitos contra la libertad del menor. Según ha podido saber TVE, el departamento dirigido por Ione Belarra ha confirmado que el error será subsanado, si bien no ha especificado cuándo se hará.

El fallo, que fue avanzado por Infolibre, se encuentra en uno de los párrafos del artículo 132 del Código Penal, donde se cita dos veces los delitos contra la libertad de los menores con dos plazos temporales de prescripción distintos. Primero se delimita el cómputo cuando la víctima cumple 18 años, mientras que en otro establece que es a partir de los 35, generando una contradicción que puede llevar a que se interprete para que favorezca al condenado.

La confusión radica en que el primero de los párrafos estaría referido a delitos contra la libertad –como secuestros, torturas o lesiones–, donde la intención del Ejecutivo es que ese plazo contara a partir de la mayoría de edad; mientras que el segundo a los delitos referidos a la libertad sexual, en los que se busca ese plazo a partir de 35 años de cara a que la víctima asuma lo ocurrido para denunciar. Sin embargo, el texto repite el primer término erróneamente.

El Ministerio ha señalado que la errata, de la cual se han enterado gracias a la denuncia de una víctima de pederastia de la Iglesia, se subsanará cuanto antes.

El activista Miguel Hurtado ya avisó en noviembre

Dicha denuncia fue interpuesta ante el Defensor del Pueblo por Miguel Hurtado, quien sufrió la pederastia en el Monasterio de Montserrat. El activista, que está ayudando a redactar los informes técnico-jurídicos de la ley de protección a la infancia en Chile, ha indicado a TVE que se percató de una errata en el artículo 132 y de otros errores el pasado noviembre de 2022.

Desde entonces, ha avisado reiteradamente a todos los partidos, incluido Unidas Podemos, que dirige el Ministerio de Derechos Sociales, y asegura que hasta ahora nadie le ha hecho caso. Ante el silencio administrativo, en enero de 2023 optó por escribir una carta al Defensor del Pueblo.

Asimismo, ha propuesto una lista de cambios a los grupos parlamentarios para solucionar la errata, aprovechando la reforma que se está negociando para la ley del 'solo sí es sí'. Para modificar el Código Penal, basta con se reforme una ley orgánica con 176 votos.

En opinión de Hurtado, el Ministerio ha hecho una "chapuza de ley" y no han tenido en cuenta otras normas, como la ley francesa, ni el derecho comparado o la literatura científica.

Además, considera que las penas están mal baremadas, los delitos deberían prescribir a los 45 años y, en los casos donde el agresor sea "multirreincidente", la prescripción comience a computar desde la comisión del último delito o que la tortura, como dice la ONU no prescriba.

La ley fue aprobada en 2021 con el objetivo de mejorar la protección de los menores. Para ello, ampliaba el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores de edad, como son los abusos sexuales. También incluía suspensión de regímenes de visitas en caso de situación de violencia de casa y se establecía formación para los profesionales con contacto directo con niños.