La banca recurre ante la Audiencia Nacional el impuesto temporal que grava sus beneficios extraordinarios
- La Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorro han presentado sendos recursos
- No han solicitado medidas cautelares contra el impuesto
La Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han presentado este miércoles sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional impugnando la orden publicada este mes de febrero por el Ministerio de Hacienda por la que se han aprobado los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen temporal a la banca, según han informado fuentes financieras.
Aunque ambas asociaciones no han solicitado medidas cautelares contra el impuesto, que podría haber supuesto la suspensión temporal del pago del gravamen por parte de las entidades.
Para presentar el recurso, las patronales se basan, principalmente, en el dictamen que el Banco Central Europeo (BCE) publicó a principios de noviembre de 2022, en el que se cuestionaban distintos aspectos del gravamen al considerar que podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria, añadiendo que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades y expresando la importancia de que pueda repercutirse a los clientes.
2022, un año con beneficios extraordinarios de la banca
Este tributo, frente al temporal impuesto para las energéticas, entró en vigor a finales de 2022 con el objetivo de gravar los principales ingresos que la banca ha obtenido en el ejercicio pasado; un año marcado por la inflación que provocó la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos en contraposición con las entidades bancarias, que dispararon sus beneficios, según sus resultados.
El objetivo del Gobierno ahora es recaudar 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024, es decir, 1.500 millones de euros cada año.
El nuevo impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturen más de 800 millones en 2019 y se circunscribe a la actividad que las entidades desarrollen en España.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha justificado esta medida ante los beneficios "extraordinarios" que la banca ha conseguido y obtendrá por las subidas de tipos que el BCE está aplicando para frenar la elevada inflación.