La patronal de las eléctricas recurre el impuesto extraordinario ante la Audiencia Nacional

• Aelec interpone un recurso contencioso-administrativo contra el gravamen del 1,2% de sus ingresos no regulados en España
• La asociación que reúne a Iberdrola, Endesa y EDF, considera "injustificado y discriminatorio" el impuesto

Tendido eléctrico de alta tensión.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha anunciado su decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el impuesto extraordinario y temporal a las grandes energéticas, impulsado por el Gobierno.

En un comunicado, la asociación que reúne a las principales eléctricas de España, Iberdrola, Endesa y EDP, tilda de "discriminatorio e injustificado" este tributo, que grava los ingresos no regulados en territorio nacional, con un tipo del 1,2%.

Así, Aelec recurre directamente la orden ministerial HFP/94/2023, de 2 de febrero, en la que se recoge el gravamen extraordinario al sector. En concreto, los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a las compañías energéticas.

Cuatro motivos para el recurso

Aelec esgrime cuatro motivos para recurrir el gravamen en los tribunales: Considera que es "único en Europa". La Unión Europa "ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, en el que nada se dice del sector eléctrico. Por tanto, el gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español", según las eléctricas.

Añaden que "es imprescindible que España acelere su reconversión energética para tener fuentes de energía propias que reduzcan la dependencia energética del exterior".

Puntualizan que este impuesto "en Europa es sobre beneficios y no sobre ingresos, como se ha implementado en España. Somos el único país de Europa que grava los ingresos, en concreto, el 1,2%".

Discriminatorio e incoherente

Aprecian "discriminación" porque "solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas".

A su juicio, existe una "incoherencia fiscal", argumentan que "grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67€/MWh y grava incluso los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico que no aportan beneficio alguno a las compañías eléctricas".