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Francia

La reforma de las pensiones pasa al Senado francés sin un voto global sobre la medida en la Asamblea Nacional

  • No se ha podido debatir ni votar el polémico artículo 7, que establece subir la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años
  • Está previsto que el 7 de marzo se registre una gran huelga y manifestación, tras cinco manifestaciones en menos de un mes

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Una imagen de la sesión del viernes 17 de febrero de 2023 en la Asamblea Nacional de Francia.
Una imagen de la sesión del viernes 17 de febrero de 2023 en la Asamblea Nacional de Francia.

El discutido proyecto de reforma de las pensiones en Francia ha terminado el debate en primera lectura a última hora del viernes en la Asamblea Nacional sin un voto global sobre la medida y ha pasado al Senado.

El plazo legislativo para debatir y votar en primera lectura el texto ha concluído a medianoche (23.00 GMT) sin que los diputados pudieran debatir y votar sobre una gran parte de su contenido debido a las miles de enmiendas que presentó la formación izquierdista La Francia Insumisa (LFI).

No se ha podido debatir ni votar el polémico artículo 7

Especialmente, los diputados no han podido discutir ni votar el polémico artículo 7, que establece subir la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

Un afónico ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, que ha perdido la voz tras dos intensas semanas de debate, ha lamentado que buena parte de la propuesta no haya podido ser discutida, a la vez que ha criticado que los diputados de LFI "me han insultado durante quince días, se van, pero no me han hecho caer".

El ministro de Trabajo de Francia, Olivier Dussopt.

El intento de LFI de forzar la continuación de los debates, más allá de lo que establece el reglamento de la cámara, ha sido rechazado.

"Ustedes han despreciado a los franceses y hasta a sus propios socios" de coalición al impedir el debate, ha afirmado la jefa del grupo parlamentario oficialista, Aurore Bergé, para criticar lo que consideran táctica obstruccionista de LFI.

El Senado tiene un plazo de dos meses para debatir el texto

"Tenemos derecho a tener respuestas a nuestras preguntas", ha respondido por LFI el diputado François Piquemal.

Una imagen del diputado de La Francia Insumisa (LFI) François Piquemal.

Varios diputados ecologistas y socialistas, socios de LFI en la coalición progresista Nupes (que agrupa también a los comunistas), han lamentado también la estrategia de los "insumisos", que según la ecologista Sandrine Rousseau fue "un fallo estratégico".

Tras el final sin voto de los debates en la Asamblea, el proyecto legislativo ha pasado en su versión original al Senado, que tiene un plazo de dos meses para debatir el texto.

La última jornada del debate en la Cámara Baja ha ofrecido una discusión intensa, llena de invectivas, gritos y abucheos, como es tradicional en la belicosa Asamblea Nacional francesa, lo que ha obligado a un nuevo ejercicio de paciencia por parte de la presidenta, Yaël Braun-Pivet.

La presidenta de la Asamblea Nacional de Francia, Yaël Braun-Pivet.

Está previsto que el 7 de marzo se registre una gran huelga y manifestación

Mientras tanto, los sindicatos continúan preparando una gran huelga y manifestación para el 7 de marzo, para la que buscan que haya paros más intensos y amplios que los de las cinco jornadas de protestas realizadas ya desde el 19 de enero.

El sindicato CGT ha anunciado un paro para ese día de la industria química, que incluye al sector clave de las refinerías.

Además de aumentar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, la reforma busca adelantar a 2027 la subida de un año (de 42 a 43) del período de cotización necesario para disfrutar de una pensión completa, que ahora está previsto para 2035.

El Gobierno argumenta que sin esos cambios el sistema de pensiones generará un déficit creciente que alcanzará 12.500 millones de euros para 2030, mientras que la izquierda duda de esas cifras y propone que se tasen las grandes fortunas y los beneficios de las principales empresas para financiar ese agujero.

La reforma tiene la oposición frontal de la izquierda (LFI, socialistas, comunistas y ecologistas) y de la ultraderecha.

Por ello, el Gobierno, que no tiene la mayoría en el Parlamento, necesita el apoyo del único partido que le queda como posible respaldo: el conservador Los Republicanos.