Anticorrupción abre diligencias por los contratos que Almeida adjudicó a la empresa del hermano del concejal de Movilidad

• La apertura no supone la imputación de ninguno de los afectados
• Se investiga un proyecto para el soterramiento de la A-5 y otro para la supervisión de proyectos en la M-30

Imagen del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

La fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para realizar una investigación por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por la adjudicación de dos contratos municipales a la empresa en la que trabaja el hermano del concejal de Movilidad, Borja Carabante.

Así lo ha comunicado la concejal Marta Higueras, que fue vicealcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019, quien ha mostrado la documentación relativa a la interposición de su denuncia, el pasado 30 de enero, y la respuesta de la Fiscalía del pasado 17 de febrero, en la que comunica la apertura de diligencia.

En 2020, el área de Medio Ambiente y Movilidad sacó a licitación la redacción del proyecto de ejecución del "Paseo Verde del Suroeste" por un valor estimado de 4.135.250 euros, un contrato que se modificó debido al relanzamiento de la Operación Campamento.

El adjudicatario fue Esteyco-Subterra "por ser el empresario que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio según la ponderación de los criterios de adjudicación", pero 'Eldiario.es' publicó que en la empresa trabaja uno de los hermanos de Carabante quien, según el periódico digital, anuló la adjudicación al día siguiente de aceptarla, en agosto de 2020.

Higueras denunció a Almeida, Carabante y la empresa adjudicataria

Unos días después, el alcalde aceptó una solicitud de abstención de Carabante en la adjudicación del contrato y ordenó a la portavoz del Ayuntamiento y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, que lo sustituyera en el proceso que terminó semanas más tarde con la decisión de que la misma empresa se hiciera cargo del proyecto.

Higueras denunció, además de a Almeida y Carabante, a la empresa Subterra Energía, adjudicataria del contrato; Rafael Carabante, el hermano del concejal de Movilidad y Medio Ambiente; la portavoz del Ejecutivo municipal, Inmaculada Sanz; y María Dolores Ortiz Sánchez, directora general de Movilidad del Consistorio madrileño.

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Javier Flores, el abogado de Marta Higueras, ha aclarado que la apertura de diligencias “no supone la imputación de ninguno de los afectados”, en tanto que “habrá que esperar a que las diligencias finalicen”, si bien ha afirmado que, con la documentación remitida por el equipo de Higueras, la Fiscalía “entendió que hay indicios” para comenzar la investigación.

Por su parte, la ahora concejal del Grupo Mixto en el Ayuntamiento ha dado cuenta de que, en la actualidad, está proporcionando información a la Fiscalía y ha señalado que, además de esta causa, su equipo trabaja en la investigación de otros contratos del área de Carabante, especialmente en ámbitos como la limpieza, en los que afirma haber detectado “irregularidades”, si bien no ha aportado pruebas ni ha dado más detalles