La comisión de control de los fondos europeos recomienda a España más transparencia y 'tolerancia cero' a la corrupción

• Son las principales conclusiones de la comitiva tras pasar tres días en España evaluando la gestión de las ayudas
• Aboga por esperar a que “el mecanismo esté ya en fase de aplicación plena” para ofrecer resultados más precisos

Banderas de la Unión Europea frente al Parlamento Europeo

La visita a España de la comisión de control del Parlamento Europeo que evalúa la gestión de los fondos europeos ha finalizado este miércoles con una serie de recomendaciones al Gobierno, que incluyen una mejora en el acceso de los datos de los proyectos y adjudicaciones, la necesidad de minimizar la burocracia en los trámites y una política de “tolerancia cero” en la lucha contra la corrupción, con el fin de que “no existan excepciones” tras la reforma del Código Penal.

“Hemos venido a España porque ha sido el primer país en recibir los fondos”, ha dicho la presidenta de la comitiva, la alemana Monika Hohlmeier, quien ha pasado tres días en España junto a un equipo de diez eurodiputados con el fin de conocer cómo se están implementando las ayudas. Según ha recalcado, son conscientes de que “hay trámites complejos y cuestiones que exigen un cierto grado de burocracia”, si bien quieren que “haya una suficiente estructura administrativa para afrontar esas dificultades lógicas”.

La misión llegó el lunes a España y se ha reunido con diferentes miembros del Gobierno, así como sindicatos, patronales y comunidades autónomas. Lo cierto es que la visita estuvo precedida de polémica, ya que la propia Hohlmeier acusó a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de filtrar a la prensa el contenido de una carta que la española envió a la europarlamentaria sin dar tiempo a su equipo a analizar el contenido.

Pese a ello, el tono de la presidenta de la comisión de control ha sido mucho menos duro del esperado: “No hemos encontrado infracciones”, ha dicho, tras las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa. Y ha abogado por esperar a que “el mecanismo esté ya en fase de aplicación plena” para ofrecer conclusiones más precisas.

Reclama más transparencia y menos burocracia

Entre las recomendaciones planteadas, la misión ha aconsejado a España la puesta en marcha de mecanismos que mejoren el acceso a los datos por parte del Tribunal de Cuentas, con el fin de detectar posibles casos de fraude. “El Gobierno español nos dijo que casi toda la información se publica, pero es difícil de encontrar”, ha criticado, por lo que ha instado a las autoridades a garantizar “que la información sobre pagos y reformas se publique de manera más accesible y estructurada, incluyendo información de los destinatarios”.

Los eurodiputados también han detectado que, aunque los sistemas de control de fondos -CoFFEE y Minerva- están operativos y funcionan, han sufrido "una serie de retrasos". Algo que, sin embargo, ha reconocido que es “normal” en un instrumento que está en fase de implementación. Con todo, ha concluido que “el tema de la transparencia es todavía susceptible de mejora”, si bien se ha mostrado satisfecha porque “el Gobierno tiene la voluntad de hacerlo”.

Hohlmeier también ha señalado que, durante la visita, ha recibido quejas por la elevada carga administrativa de las gestiones. “La aplicación de los fondos tiene que ser más flexible (…) los procedimientos son muy burocráticos y farragosos, hay que brindar apoyo técnico para una rápida implementación”, ha añadido. Así, ha abogado por eliminar “trabas”, fomentar la colaboración público-privada o dar más apoyo a los autónomos y a las pymes, “que desempeñan un papel fundamental en la economía española”.

Además, ha pedido que mejore la colaboración entre el gobierno y las comunidades autónomas: “Queremos aprovechar para hacer un llamamiento al gobierno estatal y a las comunidades para que profundicen el diálogo y consigan que este instrumento sea un éxito”. El objetivo último, ha dicho, es “garantizar el acceso a los fondos sin poner en tela de juicio el interés financiero de la Unión Europea”.

Preocupación por la corrupción

En este sentido, la presidenta de la comisión ha mostrado su preocupación por la reforma del delito de malversación en España, aprobado el pasado mes de diciembre. “No debe de haber excepción alguna para ningún supuesto frente a ninguna persona que realiza corrupción”, ha recalcado.

Así, ha pedido al Gobierno que mantenga una política de “tolerancia cero” contra la corrupción. Un compromiso que, según la propia eurodiputada, ha recibido por parte del Ejecutivo.

“No hemos querido inmiscuirnos en cuestiones del Código Penal español, pero el hecho es que exigimos tolerancia cero y el Gobierno se compromete a ello. Ahora vamos a ver qué nos transmite la UE en ese sentido, ya que no somos el órgano competente para determinar eso”, ha añadido.

Confía en que se cierre la reforma de las pensiones

Por último, Hohlmeier se ha pronunciado sobre la reforma de las pensiones, que debería haberse aprobado antes del 31 de diciembre de 2022, y de la que depende el cuarto pago de los fondos europeos. Según ha resaltado, se reunieron este martes con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien se mostró confiado en que se resolverá el problema en los próximos meses. No obstante, ha advertido: "Este hito aún no está cumplido y eso significa que el Gobierno debe esforzarse a cumplirlo porque si no, se arriesga a las consecuencias".

Aun así, ha dicho que no tiene la "sensación de que el Gobierno español se quiera quedar de brazos cruzados" y, al mismo tiempo, que “no hay perspectiva de cortarle ahora el grifo a España".

Diez eurodiputados de varios grupos políticos

La misión a España ha estado formada por 10 eurodiputados miembros de varios grupos políticos. Junto a la presidenta de la comisión europarlamentaria, Monika Hohlmeier, ha analizado estos días el Plan de Recuperación en Madrid un grupo de eurodiputados, en su mayoría españoles: Isabel Benjumea (PP), Isabel García Muñoz y Eider Gardiazabal (PSOE), Eva María Poptcheva y Susana Solís (Cs), Ernest Urtasun (En Comú Podem) y Jorge Buxadé (Vox).

De ellos, seis están adscritos a la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que tras su regreso a Bruselas elaborará un informe al respecto. Sus conclusiones, no obstante, no serán vinculantes de cara a futuros desembolsos, ya que la aprobación de cada uno de ellos corresponde a la Comisión Europea.