Médicos sin Fronteras arremete contra el Gobierno italiano por multar a uno de sus barcos de rescate en el Mediterráneo

• Ocurre poco después de que el Senado de Italia aprobara el polémico decreto migratorio de Giorgia Meloni
• La ley dificulta las labores de salvación, ya que las embarcaciones tienen que acudir a puerto inmediatamente tras un rescate

Imagen del buque Geo Barents, de la ONG Médicos sin Fronteras.

La organización humanitaria internacional Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado que las autoridades italianas han subido a bordo de su barco de salvamento, el Geo Barents, y les han impuesto una multa, todo ello horas después de que el Parlamento italiano haya aprobado una ley que dificulta las operaciones de rescate en el Mediterráneo.

"Las autoridades italianas han subido a bordo del Geo Barents y han notificado a nuestro equipo que el barco está detenido y que se aplicaría una multa", ha comunicado la ONG en un mensaje en la red social Twitter.

Asimismo, MSF ha anunciado que está evaluando qué acciones legales emprender para impugnar la actuación de las autoridades de Italia, mientras ha calificado los hechos de "inaceptables".

Multas de hasta 50.000 euros

Horas antes, el Senado de Italia ha aprobado la propuesta legislativa sobre salvamento marítimo, que contempla multas de hasta 50.000 euros para quienes prestan asistencia humanitaria y que Naciones Unidas ha calificado de "preocupante".

La controvertida medida propuesta por el Gobierno de la ultraderechista primera ministra, Giorgia Meloni, ha contado con el visto bueno de 84 senadores, mientras que otros 61 han votado en contra.

El texto, que ya tiene carácter de ley, fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes. La nueva ley dificulta, entre otros, a las organizaciones humanitarias que operan en el Mediterráneo, pues estipula que las embarcaciones tienen que acudir a puerto inmediatamente después de llevar a cabo un rescate, obligando a obviar las emergencias que puedan surgir de manera adicional.

Las organizaciones de ayuda han criticado la medida afirmando que les asigna puertos muy alejados de sus zonas de operaciones.

Los capitanes de los buques se enfrentan a multas de entre 10.000 euros y 50.000 euros si infringen la nueva normativa. En caso de reincidencia, los buques podrían ser confiscados.